Repercusión al comprador la cuota del IBI

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La Sala Civil del Tribunal Supremo ha fijado este martes como doctrina jurisdiprudencial que, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en caso de ausencia de pacto en contrario, y en proporción al tiempo que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad del domicilio.

El TS ha establecido como doctrina jurisprudencial que “el art. 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea”.

Así lo ha establecido la Sala de lo Civil del TS en su sentencia 409/2016, de 15 de junio (ponente señor Arroyo Fiestas) resolviendo un litigio en el que se plantea por el recurrente  la posibilidad de repercutir la carga tributaria por el IBI, sin necesidad de acuerdo expreso entre las partes, de forma que el impuesto lo soporte quien sea dueño del bien en cada momento y por el tiempo que lo sea, salvo pacto en contrario.

Diferencias de criterio entre las Audiencias Provinciales

La sentencia da la razón a dos sociedades que en marzo de 2009 vendieron a otra compañía 155 plazas de garaje en Madrid, y posteriormente, tras haber pagado el IBI correspondiente a esa anualidad, reclamaron a la compradora que les reintegrase la parte de la cuota tributaria comprendida entre el día de la venta y el 31 de diciembre de ese año.

Los vendedores, a quien en primera instancia un Juzgado de Madrid les había dado la razón, acudieron al Supremo después de que la Audiencia de Madrid se pronunciara a favor de los compradores y rechazara que debieran pagar cantidad alguna a los vendedores por el IBI del año 2009.

Los recurrentes destacaron en su recurso ante el Supremo la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la materia, presentando sentencias que daban la razón al vendedor y otras, al comprador: así, en el mismo sentido que la recurrida, las sentencias de las AAPP Asturias (sección 5.ª) de 12 de septiembre de 2001 y Valladolid (sección 1.ª) de 10 de y noviembre de 2006 y, en sentido contrario, las sentencias de las AAPP Jaén (sección 1.ª) de 22 de septiembre de 2000 y 9 de junio de 2000, Las Palmas de 23 de diciembre de 2003 y Madrid (sección 14.ª), de 6 de noviembre de 2007.

Reparto del importe del impuesto conforme las normas del Derecho común

La Sala comienza recordando que de los arts. 61, 63 y 75 del TR LHL, se deduce que el hecho imponible del IBI, en este caso, es la propiedad (art. 61 LHL), el sujeto pasivo es el propietario que lo sea al momento del devengo (art. 63) y el devengo coincide con el primer día del año natural (art. 75).

Y continúa señalando que “El tenor del art. 63.2 LHL advierte de la posibilidad de repercusión, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del C. Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del C. Civil).”

Sin perjuicio de ello, “las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión.”

Por ello, concluye la Sala, la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea.


FUENTES:

El vendedor de un inmueble puede repercutir al comprador la cuota del IBI, proporcionalmente a la parte del año en que este sea propietario del mismo

El TS fija como doctrina que parte del IBI repercuta sobre el comprador de la vivienda

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA: Roj: STS 2886/2016

El TS sentencia que el régimen de gananciales no se rompe automáticamente sólo por que exista una separación de hecho

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL_ EXTINCIÓN_MÁLAGA20

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 6 de mayo de 2015 (sentencia número 226/2015, ponente señor Orduña Moreno), por la que matiza su anterior jurisprudencia, que establecía que la situación de separación de hecho excluía la pervivencia de la sociedad de gananciales. Con esta sentencia, el TS establece que el régimen de gananciales de un matrimonio no se disuelve mientras exista convivencia de facto, aunque la relación se haya roto tiempo atrás, ya que entiende que para considerar separada de hecho a una pareja tiene que existir “voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal”.

En definitiva, el TS no considera de aplicación la anterior doctrina jurisprudencial de la ruptura del régimen económico matrimonial en casos de separación de hecho “en aquellos supuestos en que pese a existir una separación de hecho, no obstante, no hay o no se constata, una voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal a estos efectos, bien por razones de índole económica, o bien por razones afectivas.”

Los hechos

El presente caso plantea, como cuestión fondo, la interpretación del artículo 1393.3 del Código Civil, respecto del alcance de la separación de hecho de los cónyuges como causa de disolución del régimen de la sociedad de gananciales.

Los cónyuges en el caso llevaban separados de hecho desde 1969, pese a lo cual no fue hasta el año 1981 en que existió una voluntad de vivir separados, dejando de ser un cese temporal o provisional de la convivencia. Esa separación de hecho entre los cónyuges tenía un carácter eminentemente físico o personal, manteniéndose el vínculo económico, lo que apoya, entre otros, en el hecho de otorgar testamento conjuntamente con posterioridad a la separación o la indicación en las adquisiciones realizadas con posterioridad a la separación de hecho de su condición de casado.

El juzgado de primera instancia estimó que si bien efectivamente desde el año 1969 existió una separación de hecho entre los cónyuges, considera que no hubo voluntad de disolver la sociedad de gananciales.

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó los recursos interpuestos contra dicha resolución.

Interpuesto recurso de casación, el TS lo desestima igualmente,por los argumentos que se recogen a continuación.

La sentencia del TS

Los argumentos de la Sala se contienen en su fundamento tercero, que establece (los destacados son nuestros):

“Derecho de familia. Disolución de la sociedad de gananciales. Interpretación y alcance de la separación de hecho, artículo 1393. 3º del Código Civil.  Doctrina jurisprudencial aplicable.

TERCERO.- 1. La parte demandada interpone recurso de casación que también articula en un único motivo.

En el mismo, con cita del artículo 1393.3 del Código Civil, como precepto infringido, se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Más en concreto se citan como opuestas a la recurrida las Sentencias de esta Sala de fechas 24 de abril de 1999, 23 de febrero de 2007 y 21 de febrero de 2008, las cuales establecen que la separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales que es la convivencia mantenida entre cónyuges, teniendo desde ese momento la condición de bienes privativos aquellos adquiridos a costa del trabajo exclusivo de uno de los cónyuges separados. Argumenta la parte recurrente que tal doctrina ha sido vulnerada por la resolución recurrida por cuanto pese a considerar
probada la existencia de una separación de hecho entre los cónyuges no aplica la mentada doctrina, sin que el otorgamiento conjunto de testamento por ambos cónyuges impida la pérdida de fundamento de la existencia de la sociedad de gananciales, lo que expresamente es afirmado por la Sentencia de esta Sala de fecha 21 de febrero de 2008, ni el hecho de que las adquisiciones realizadas con posterioridad a la separación de hecho hagan referencia a su condición de casado, pues realmente lo estaba al no mediar separación o divorcio legal. En consecuencia, considera la parte recurrente que los bienes adquiridos con posterioridad a la separación de hecho entre los cónyuges, ya se considere que es desde 1969, o desde 1981, no tienen la condición de gananciales sino de bienes privativos, teniendo plena aplicabilidad al presente caso la doctrina de esta Sala en la materia y que constituye fundamento del interés casacionaI.

En el presente caso, por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo planteado debe ser desestimado.

2. En el presente caso, contrariamente a lo alegado por la parte recurrente, no puede afirmarse que la Audiencia desconozca la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre la cuestión debatida, que interpreta correctamente con abundante cita de la misma (fundamento de derecho cuarto de la sentencia).

En este sentido, no se desconoce que tras la Ley 14/1975, de 2 de mayo, que posibilitó pactar la disolución del régimen de gananciales, y particularmente a partir de la Reforma de 1981, que desarrolló el régimen de las causas de disolución en función de las diversas vicisitudes que pueden darse en la relación conyugal, esta Sala procedió a una paulatina interpretación flexible del artículo 1393.3 del Código Civil que mitigara el rigor de su interpretación literal en aquellos supuestos en donde se había producido una definitiva y prolongada ruptura de la convivencia conyugal. De forma, que con la libre separación de hecho se quiebra el fundamento consorcial que anida en el lucro común de los gananciales y que sólo se justifica en función de una lógica comunidad de vida. Del mismo modo que entender la libre separación de otro modo, esto es, contrariamente al reconocimiento del propio hecho de la separación puede constituir un acto contrario a la buena fe, con manifiesto abuso de derecho, al ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos. Por lo que, en suma, acreditada una ruptura seria y prolongada de la relación conyugal no se exige, por innecesario, el requisito previo de la declaración judicial para declarar extinguida la sociedad de gananciales.

No obstante, y esto es lo relevante en el presente caso, la doctrina jurisprudencial expuesta tampoco puede aplicarse, tal y como pretende el recurrente, de un modo dogmático o absoluto, desprovista del necesario análisis de las circunstancias del caso y del respecto al fundamento último que informa a la norma. Entenderlo de esta forma sería, a su vez, incurrir en el defecto que se ha pretendido corregir, por lo que la interpretación rigorista o literal seguiría existiendo sólo que cambiando la norma por una doctrina jurisprudencial rígida al respecto. Cuestión que comportaría, entre otros extremos, una injustificada aplicación de esta doctrina en aquellos supuestos en que pese a existir una separación de hecho, no obstante, no hay o no se constata, una voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal a estos efectos, bien por razones de índole económica, o bien por razones afectivas.

En el presente caso esto es lo que ocurre dado que la sentencia recurrida, tras la valoración conjunta de la prueba, concluye que los cónyuges, pese a estar separados de hecho, quisieron mantener sus vínculos económicos conforme al régimen de ganancialidad.”


FUENTES:

La separación de hecho solo excluye la sociedad de gananciales cuando existe una voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal a estos efectos;

El Supremo sentencia que el régimen de gananciales del matrimonio no se rompe mientras convivan