Nueva STS que define las “cláusulas lesivas” inválidas en un contrato de seguro

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 22 de abril de 2016 (sentencia número 273/2016, ponente señor Vela Torres), en la que define el concepto de “cláusula lesiva” para los intereses del asegurado, contenida en el artículo 3 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro.

Según la Sala, se considera como tal cláusula lesiva aquella que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. En definitiva, aquellas cláusulas que impiden la eficacia de la póliza.

Cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas en el contrato de seguro

En su sentencia, la Sala comienza recordando la diferencia teórica entre las cláusulas de delimitación de cobertura y las cláusulas limitativas: las cláusulas de delimitación concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro; las cláusulas limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido.

Sin embargo, en la práctica las fronteras entre ambas no son claras, e incluso hay supuestos en que las cláusulas que delimitan el riesgo se asimilan a las limitativas de los derechos del asegurado.

Por ello, la jurisprudencia ha establecido que son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan: (i) qué riesgos constituyen dicho objeto; (ii) en qué cuantía; (iii) durante qué plazo; y (iv) en que ámbito temporal (SSTS 853/2006, de 11 de septiembre, 1051/2007, de 17 de octubre  y 598/2011, de 20 de julio).  Su objetivo es individualizar el riesgo y establecer su base objetiva, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no delimiten el riesgo en forma contradictoria con las condiciones particulares del contrato o de manera infrecuente o inusual (cláusulas sorprendentes).

Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Deben cumplir los requisitos formales previstos en el art. 3 LCS , de manera que deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto (SSTS 268/2011, de 20 de abril y 516/2009, de 15 de julio).

En cuanto a su eficacia, la jurisprudencia ha resaltado la diferenciación que hace el art. 3 LCS entre cláusulas lesivas y limitativas, en tanto que éstas últimas son válidas, aun cuando no sean favorables para el asegurado, cuando éste presta su consentimiento, y de modo especial, al hacer una declaración de su conocimiento; mientras que, las cláusulas lesivas son inválidas siempre.

Es decir, el concepto de condición lesiva es más estricto que el de cláusula limitativa, ya que hay cláusulas limitativas válidas, pero las lesivas son siempre inválidas (STS 303/2003, de 20 de marzo ).

Contenido natural del contrato y expectativas razonables del asegurado

La jurisprudencia ha determinado, de forma práctica, el concepto de cláusula limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, derivado, entre otros elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter definidor, de las cláusulas particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora.

En consecuencia, estas cláusulas pueden ser válidas, pero para ello se requiere que el asegurado haya conocido las restricciones que introducen -es decir, que no le sorprendan- y que sean razonables, que no vacíen el contrato de contenido y que no frustren su fin económico y, por tanto, que no le priven de su causa.

Como dicen las sentencias 516/2009, de 15 de julio, y 601/2010, de 1 de octubre, el carácter limitativo de una cláusula puede resultar del hecho de que se establezca una reglamentación del contrato que se oponga, con carácter negativo para el asegurado, a la que puede considerarse usual o derivada de las cláusulas introductorias o particulares. El principio de transparencia, que constituye el fundamento del régimen especial de las cláusulas limitativas, opera, en efecto, con especial intensidad respecto de las cláusulas que afectan a la reglamentación del contrato.

Las cláusulas limitativas en el seguro de transporte

En el caso concreto del seguro de transporte, es precisamente cuando hay contradicción entre las cláusulas que definen el riesgo y las que lo acotan, cuando puede producirse una exclusión sorprendente, en cuanto que ajena al aseguramiento de una mercancía con ocasión de su transporte, entendido como un todo, es decir, no solo como un traslado, sino como una operación compleja que incluye la carga de la mercancía en el medio de transporte (en este caso, el camión), el traslado de un lugar a otro y la descarga para la entrega al destinatario.

Por ello el TS estima correcto el punto de vista adoptado por la Audiencia en este caso, que considera que la exclusión de cobertura relativa a los daños producidos en las labores de carga y descarga, en tanto que operaciones imprescindibles para la ejecución del contrato de transporte, resulta sorprendente para el asegurado, que había contratado un seguro de transporte sobre las mercancías transportadas.

La Sala recuerda que el art. 58 LCS dispone:

«Salvo pacto expreso en contrario, se entenderá que la cobertura del seguro comienza desde que se entregan las mercancías al porteador para su transporte en el punto de partida del viaje asegurado, y terminará cuando se entreguen al destinatario en el punto de destino, siempre que la entrega se realice dentro del plazo previsto en la póliza».

A la luz de dicho precepto, resulta claro que la previsión natural del precepto respecto al momento en que comienza y termina la cobertura puede recortarse convencionalmente (“salvo pacto expreso en contrario), pero dicho recorte se configura como una cláusula limitativa de los derechos del asegurado; sometida, por tanto, a su peculiar régimen de validez, previsto en el art. 3 LCS .

En consecuencia, el TS considera que la Audiencia Provincial interpretara que la exclusión de la cobertura del seguro de transporte de los daños producidos a la mercancía transportada en la descarga no era algo que pudiera esperarse o considerarse usual o normalmente derivado de aquellas cláusulas particulares o especiales, verdaderamente conocidas por la asegurada, no contraviene ninguno de los preceptos invocados en el motivo casacional. Y menos, cuando en ellas quedaba suficientemente claro el objeto del seguro, las garantías, y el compromiso asumido por la compañía en el plano indemnizatorio para caso de ocurrir el evento cuyo riesgo era objeto de cobertura.

Es más, señala el TS, la cláusula litigiosa, no se refiere propiamente a la caída de la mercancía, sino a parte de ella (bultos) e introduce una previsión «de cierre», al decir que se excluyen «cualesquiera otros [riesgos] análogos o similares», de tal indeterminación, que en la práctica vacía de contenido el aseguramiento. Por lo que casi nos encontraríamos más ante una cláusula lesiva que ante una meramente limitativa, si entendemos por lesiva aquella que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. En definitiva, impide la eficacia de la póliza.


FUENTE: TS: se considera “cláusula lesiva” para el asegurado aquella que reduce considerable y desproporcionadamente su derecho, vaciándolo de contenido

Según el TS no puede aplicarse de forma retroactiva la responsabilidad de los administradores de la Ley 19/2005 por no disolución

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El Tribunal Supremo, en sentencia dictada el pasado 4 de septiembre de 2015, estima el recurso de casación interpuesto y absuelve a los administradores al considerar que no es aplicable la Ley 19/2015 de forma retroactiva.

El recurso se formula bajo la modalidad de interés casacional ( art. 477.2.3 LEC) por oposición de la sentencia que se recurre a la doctrina recogida en las sentencias del Tribunal Supremo número 923/2011 de 26 de noviembre (RC 1769/2008) y número 818/2012 de 11 de enero (RC 2236/2010), en las que se establece que la norma aplicable en los supuestos de responsabilidad personal de los administradores por deudas sociales es la que se encuentre vigente en el momento de producirse los hechos determinantes de la misma.

El criterio que fijan las sentencias citadas para determinar la existencia o no de la responsabilidad objetiva y personal de los administradores por deudas sociales es el de aplicar la norma vigente en el momento de producirse los hechos determinantes de la responsabilidad.

Así, el recurso interpuesto señala que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta la modificación del art. 105.5 LSRL operada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre Sociedades Anónimas Europeas domiciliadas en España.

Es esta infracción de la aplicación del art. 105.5 LSRL la que condiciona el sentido del fallo y lleva a la estimación del motivo.

Señala el Alto Tribunal que “la seguridad jurídica, principio inspirador del ordenamiento y uno de los valores reconocidos por la Constitución Española (art. 9.3 CE), exige el conocimiento previo de la norma que va a aplicarse a las situaciones y relaciones jurídicas, de acuerdo con el viejo axioma tempus regit actum. La Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre Sociedades Anónimas Europeas domiciliadas en España, al no disponer la retroactividad de las modificaciones de la normativa reguladora de la responsabilidad de los administradores societarios, no puede aplicarse con carácter retroactivo y, en consecuencia, hay que estar al texto vigente en el momento en el que se desarrollaron los hechos generadores de la misma (entre las más recientes, sentencias 826/2011, de 23 de noviembre, 923/2011, de 26 de noviembre; y 225/2012, de 13 de abril)”.

Continúa la sentencia indicando que “la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales nace: (i) cuando concurre una causa de disolución y no cuando nace la deuda, aunque tal deuda origine posteriormente la causa de disolución por pérdidas; (ii) no se haya convocado la Junta en el plazo de dos meses para adoptar el acuerdo de disolución o cualquier otro para restablecer el equilibro patrimonial; y (iii) ni se haya solicitado la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde aquella fecha”.

Como la causa de disolución acaece con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre , resulta de aplicación el art. 105.2 LSRL en la redacción dada por esta Ley. El modificado art. 105.5 LSRL , establece que los administradores responden solidariamente de las obligaciones sociales “posteriores” al acaecimiento de la causa legal de disolución. Por tanto, dado que la deuda era de fecha anterior a la aparición de la causa legal de disolución, el administrador no responde de la deuda que se reclama.

Así, estima el Tribunal el recurso de casación al ser la deuda reclamada anterior a la causa de disolución y la norma aplicable, el art. 105.5 LSRL , modificado por la Ley 19/2005, hace responsable a los administradores únicamente de las obligaciones sociales “posteriores” a la causa legal de disolución.


Sentencia completa: STS 456/2015 de 4 de septiembre de 2015.

Un juez anula por “desproporcionada” la cláusula de ejecución hipotecaria por tres impagos

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Apela a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo) que establece que el incumplimiento debe de ser suficientemente grave teniendo en cuenta la duración y la cuantía.

El titular del juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barcelona, Guilem Soler Solé ha rechazado la ejecución hipotecaria por el impago de 4 cuotas. En su opinión, no se cumple el requisito de que el incumplimiento sea suficientemente grave en relación a la duración y cuantía del préstamo hipotecario establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo) en sentencia de 14 de marzo de 2013.

La sentencia del juez Soler señala que el incumplimiento fue de 2.542,32€, un 0,95% de los 265.000€ del préstamo, un 1,15% si tenemos en cuenta los 524,04€ adicionales de intereses impagados.

Tampoco se cumple -en opinión del juez- el otro requisito establecido por Luxemburgo para determinar la nulidad: que el derecho nacional establezca medidas adecuadas y eficaces para solventar la situación. La Ley 1/2013 establece la posibilidad de que el afectado pueda revertir antes de la subasta abonando los intereses de demora si el bien hipotecado es su vivienda habitual. Pero el plazo es tan corto que la sentencia considera que “es objetivamente improbable; de hecho prácticamente nunca se puede ejecutar esta facultad”.

Por todo ello, la sentencia rechaza la ejecución hipotecaria por “desproporcionada” y anula la cláusula de ejecución anticipada del contrato de préstamo de 23 de noviembre de 2006 firmado entre un matrimonio barcelonés y Bankinter.

“La sentencia es extraordinariamente importante y novedosa porque el juez pone de manifiesto la primacía del derecho comunitario y la aplicabilidad de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en España”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho financiero y comunitario.

Navas & Cusí considera además que el juez nacional “pone en solfa la legislación nacional” que permite la ejecución con tan sólo 3 cuotas impagadas”. En opinión del socio-director de navascusi.com “la Ley 1/2013 de 15 de mayo contradice en este punto la sentencia de Luxemburgo”.

La sentencia de Barcelona también recuerda la sentencia del Supremo de 27 de marzo de 1999 en la que califica de “poderosamente revolucionaria en el juego normal de los préstamos hipotecarios” la posibilidad de rescindir el contrato de hipoteca con tres cuotas incumplidas. El Supremo añadía que “entronizar dicha cláusula puede abortar anticipadamente la biología del préstamo”.

Por todo ello, Navas & Cusí reclama una reforma legislativa que adecue la normativa española a las sentencias del Supremo y de Luxemburgo aplicando criterios de “proporcionalidad”.


FUENTE: Un juez anula por “desproporcionada” la cláusula de ejecución hipotecaria por tres impagos

Comunicado del Banco de España: Los bancos que hayan titulizado pierden derecho de reclamación

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El Banco de España señala en un comunicado que las entidades que hayan titulizado sus préstamos hipotecarios dejan de ser la acreedora del préstamo.

Así lo señala la autoridad bancaria española: “De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria, la titulación de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por Ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración”

Con esta ‘doctrina’ muchos de los desahucios practicados por las entidades financieras serían nulos al haber dejado de ser acreedores del título tras la titulización del crédito. “La Ley de Enjuiciamiento Civil es clara: han perdido la legitimidad activa procesal”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario y financiero. “Puede que no tengan obligación de informar al hipotecado, pero al juez claro que deben de informar”, señala.

Bajo esta premisa, Navas aconseja a los consumidores hipotecarios que se encuentren inmersos en un procedimiento de deshaucio que “presenten un escrito para que el juez requiera la legitimidad”. ¿Y para los que ya han sido ejecutados y subastado su inmueble? “Lo mismo: que requieran la legitimidad porque de no existir, su subasta sería nula porque quien instó el lanzamiento o la subasta no era realmente el titular del crédito”, señala Navas.

Además, en caso de haber sido titulizado a un ‘fondo buitre’ puede ocurrir que el crédito ha sido cedido con una quita aunque se reclame por el 100% de su importe. “Una actuación que podría calificarse de enriquecimiento injusto y abuso de derecho”, señala el socio-director de Navas & Cusí.

“El problema legal de fondo es que las cesiones de crédito mediante titulización no son transparentes”, explica el experto. Las entidades no tienen obligación legal de comunicar la cesión a un tercero y los fondo de titulización –además de carecer de personalidad jurídica- no están obligados a informar a Registro Mercantil de sus activos.

Por su parte, ni Banco de España ni CNMV informan de los préstamos hipotecados que han sido titulizados ni de las carteras de los fondos de titulización. No sólo eso, sino que Banco de España considera que la subrogación en un tercero “no supone merma en las garantías” del hipotecado:

“De la normativa aplicable a la titulización de préstamos no se desprende que los deudores tengan que ser informados en ningún momento, ni de la incorporación, ni de la baja de sus préstamos a un fondo de titulización”

Para evitar esta situación, Navas & Cusí propone que el Banco de España obligue a transparentar las cesiones de crédito. “De esta manera evitaríamos situaciones en las que las entidades puedan personarse sin la debida legitimidad activa procesal”. En opinión del socio-director de navascusi.com “tratándose de un bien de tanta trascendencia económica y social como la vivienda, lo lógico es que dicha transmisión del crédito quedara -de manera obligatoria- públicamente reflejada para una defensa efectiva del derecho de los consumidores hipotecarios”.


FUENTE: Los bancos que hayan titulizado pierden derecho de reclamación

El comprador de una vivienda puede resolver el contrato por serle denegada la subrogación en el préstamo hipotecario si no se le excluyó de esa posiblidad

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La Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 16 de septiembre de 2015 (Rec. n.º 895/2013, ponente Sr. Arroyo Fiestas), por la que reconoce como condición resolutoria expresa de un contrato de compraventa de inmueble aquella que establece que “será motivo de resolución … El hecho de que por cualquier otro motivo la entidad [bancaria] acreedora no admitiese la subrogación de la compradora en la responsabilidad personal de préstamo.”

La Sala considera que esta cláusula cuenta “con cobertura legal el art. 1114 del Código Civil” y que, en virtud de la misma “las partes introducen un acontecimiento cuyo nacimiento genera la resolución del contrato.”

Los hechos

Los actores en el caso, compradores de la vivienda litigiosa, firmaron con la entidad vendedora y promotora de la misma, contrato privado de compraventa, en el que consta la siguiente cláusula: “TERCERA.- CONDICIÓN RESOLUTORIA. (…) También será motivo de resolución, y objeto de la misma penalización: … c) El hecho de que por cualquier otro motivo la entidad acreedora no admitiese la subrogación de la compradora en la responsabilidad personal del préstamo (excepción hecha de la cancelación total del préstamo hipotecario por la compradora) … “.

La promoción se terminó en el tiempo pactado, pero cuando los compradores pretendieron subrogarse en el préstamo hipotecario, les fue denegada tal posibilidad por la entidad bancaria, por lo que solicitaron la resolución del contrato, con devolución de las cantidades entregadas, menos la deducción del 15% como cláusula penal.

El Juzgado desestimó la demanda al entender que los compradores no podían instar la resolución al no haber pagado la totalidad del precio, unido a que no dependía de la vendedora que el banco aceptase o no la subrogación en el préstamo hipotecario.

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación al entender que la cláusula en cuestión no contenía a favor de los compradores una facultad de resolución, con penalización, unido a que los compradores no habían invocado la imposibilidad sobrevenida, que analiza la sentencia de segunda instancia, sin que se le plantee expresamente.

Interpuesto de recurso de casación contra la sentencia anterior, el TS lo estima.

La sentencia del TS

Los principales argumentos de la Sala para resolver el recurso se encuentran en el fundamento de derecho tercero de la sentencia, que establece (los subrayados son nuestros):

“Tercero. …

Consta en la cláusula estudiada “También será motivo de resolución, y objeto de la misma penalización: … c) El hecho de que por cualquier otro motivo la entidad acreedora no admitiese la subrogación de la compradora en la responsabilidad personal de préstamo (excepción hecha de la cancelación total del préstamo hipotecario por la compradora)”.

Dicho pacto debe calificarse como condición resolutoria expresa con cobertura legal el art. 1114 del C. Civil , en virtud de la cual las partes introducen un acontecimiento cuyo nacimiento genera la resolución del contrato, al constituirlo en una condición de la que depende la extinción de los pactos celebrados.

Mientras que parte de las sentencias invocadas y la recurrida entiende que ella solo es una facultad a disposición del vendedor, las demás resoluciones y la parte recurrente entienden que la posibilidad de resolver el contrato quedaba pactada para su utilización por cualquiera de las partes.

Es preciso concretar que la condición resolutoria no iba enfocada a una declaración de incumplimiento del contrato, pues ni la parte vendedora ni la compradora eran responsables de la denegación de la subrogación, que, en este caso, solo dependía de la entidad bancaria.

La condición resolutoria se sujetaba al nacimiento de un hecho concreto cual era la denegación de la subrogación y tal evento concurrió.

En la cláusula tercera, mencionada, algunos de los supuestos hacen referencia a casos de incumplimiento de los compradores (retraso, incomparecencia, cesión inconsentida) y por lo tanto solo invocables por la vendedora.

Sin embargo, en el relativo a la ausencia de subrogación por oposición de la entidad acreedora, no se distingue en la redacción contractual que queden excluidos los compradores de la posibilidad de invocar la resolución (Sentencia de esta Sala de 12 de abril de 2013, rec. 2063/2010 , sobre denegación de subrogación en los préstamos hipotecarios).

Otro dato que apunta a la posibilidad de que los compradores puedan invocar la condición resolutoria, es que la misma lejos de restituirles en su patrimonio, les penaliza, situación que ellos asumen, equilibrándose entre las partes las consecuencias de la resolución.

No deja de sorprender que la demandada (vendedora) se limitase a contestar a la demanda sin reconvenir, dejando al contrato en situación de pendencia, de forma que ni devuelve las cantidades entregadas ni reclama la penalización, ni pide el cumplimiento, con lo que sume a los compradores en una situación de desequilibrio manifiesto contrario a la buena fe.

En conclusión, los compradores ejercitaron legítimamente y con buena fe la facultad de resolución pactada en beneficio de ambas partes, debiendo respetarse lo acordado (art. 1258 del C. Civil).

Estimados los motivos, procede declarar la resolución del contrato de compraventa de 29 de enero de 2007, en aplicación de la cláusula tercera, letra c), de forma que la vendedora deberá devolver a los compradores la cantidad de 89.643,22.- euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda, suma que resulta de deducir el 15% de penalización de la cantidad entregada a cuenta (105.462,62.- euros).”


FUENTE: El comprador de una vivienda puede resolver el contrato por serle denegada la subrogación en el préstamo hipotecario si no se le excluyó de esa posiblidad

Modificación del Código Civil en materia de prescripción

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Entre los cambios más significativos introducidos por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, deEnjuiciamiento Civil, hay que destacar el que afecta al régimen de prescripción por el que se reduce de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales.

 La Disposición Final Primera afecta al art. 1.964 CC, que queda redactado de la siguiente manera:

“1.- La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

2.- Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.”

Esta reforma, que entra en vigor hoy 7 de Octubre, día siguiente al de su publicación en el BOE, supone la primera actualización del régimen de prescripción contenida en nuestro Código Civil, que ha permanecido inalterable desde su publicación.

A partir de los trabajos de la Comisión General de Codificación, se acorta el plazo general de las acciones personales del artículo 1964, estableciendo un plazo general de cinco años, cuestión de una gran importancia en la vida jurídica y económica de los ciudadanos.

La finalidad de esta reforma, según se indica en el propio preámbulo, es obtener equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo.

Son numerosas las relaciones jurídicas que se verán afectadas por este cambio, citamos a título de ejemplo alguna de ellas:

  • Cualquier obligación legal cuya efectividad no tenga un plazo especial de prescripción extintiva, en estos casos la acción, como personal, queda sujeta al plazo general de cinco años del art. 1964 CC.
  • Obligaciones que puedan surgir de la celebración de un contrato de compraventa.
  • Acciones derivadas del defectuoso cumplimiento, al haberse entregado cosa distinta o con defectos impropios ( “aliud pro alio”).
  • Acción de resolución del contrato por incumplimiento.
  • Acción de un comunero contra la comunidad de propietarios para el resarcimiento de daños causados por los elementos comunes.
  • Acción de responsabilidad contractual ejercitada por la Comunidad de Propietarios, por entregarse las viviendas con vicios.
  • Acción ejercitada por un Colegio Profesional para exigir responsabilidad por daños causados en el deficiente funcionamiento de una relación orgánica.
  • Acción del arrendador de un inmueble para la revisión de rentas.

En cuanto al régimen transitorio se permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta Ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años.

La Disposición transitoria quinta establece expresamente que el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil. Este precepto, a su vez, dispone que “la prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.

Pese a la ambigüedad del art. 1939 CC nuestra interpretación, con mucha cautela, en cuanto al régimen transitorio es la siguiente:

Relaciones jurídicas nacidas antes del 7-10-2000.- Prescritas en la actualidad.

Relaciones jurídicas nacidas entre 7-10-2000 y 7-10-2005.- Aplicación del plazo anterior de 15 años previsto en el art. 1964 CC

Relaciones jurídicas nacidas entre 7-10-2005 y 7-10-2015.- Aplicación de la regla transitoria de la Ley 42/2015, de 5 de octubre que a su vez se remite al art. 1939 CC, la prescripción será el 7-10-2020, en cualquier caso.

Relaciones jurídicas nacidas a partir del 7-10-2015 (entrada en vigor de la Ley 42/2015) – Aplicación del plazo actual de 5 años previsto en el art. 1964 CC.


FUENTE: ¡Modificación del Código Civil en materia de prescripción!

Entra en vigor el Reglamento sobre las sucesiones internacionales

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El pasado 17 de agosto de 2015 entró en vigor el Reglamento (UE) 650/2012 sobre las sucesiones internacionales y los notarios de Europa acogen con entusiasmo la puesta en práctica de este nuevo instrumento, que simplificará considerablemente las sucesiones dentro de la Unión Europea.

Más de dos millones de españoles viven en el extranjero, el 36% en la UE y de ellos un 22% son mayores de 65 años

“El nuevo reglamento europeo en materia de sucesiones busca garantizar la seguridad jurídica de las 450.000 herencias transfronterizas por valor patrimonial de 125.000 millones de euros que se producen al año”, según manifestó Francisco Fonseca, jefe de la representación en España de la Comisión Europea, en la inauguración del seminario sobre sucesiones internacionales que se celebra hoy en Madrid.

En lo sucesivo, la ley de la residencia habitual del difunto se aplicará atoda la sucesión. No obstante, se dejará al ciudadano la opción de elegir la ley de su nacionalidad para la liquidación de su sucesión. Los notarios de Europa se muestran asimismo satisfechos por la creación de un certificado sucesorio europeo (CSE), que constituirá la prueba de la calidad de heredero en todos los Estados miembros y facilitará considerablemente los trámites que deben realizar los derechohabientes (por ejemplo hijos menores de edad y mayores incapacitados).

En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, los notarios son los principales interlocutores en las cuestiones relacionadas con el Derecho de sucesiones. Por este motivo, a partir de este momento, se movilizan en aras de una aplicación rápida y eficaz del nuevo Reglamento europeo:

  • En la web http://www.successions-europe.eu, ponen a disposición de los ciudadanos las fichas informativas sobre el derecho de sucesiones de los 22 Estados miembros que cuentan con notarios, en 3 lenguas: francés, inglés y la lengua del país en cuestión.
  • Además, los notarios de Europa respaldan activamente la interconexión de los registros nacionales de testamentos emprendida por la ARERT (Asociación de la Red Europea de Registros de Testamentos), que permite que un notario consulte un registro extranjero a través de su registro nacional. Actualmente, están interconectados 15 registros nacionales, facilitando de este modo la búsqueda de las últimas voluntades de los difuntos en Europa.
  • En colaboración con la ARERT, los notarios de Europa trabajan asimismo en la creación de registros nacionales de Certificados Sucesorios Europeos y en su interconexión. Así, los registros belga, francés y luxemburgués estarán interconectados de aquí a finales de año.

Jean Tarrade, presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) ha declarado:

«La entrada en vigor del Reglamento europeo sobre las sucesiones internacionales es una fecha que constituye un hito. El texto va a facilitar la vida de los ciudadanos y de los profesionales encargados de las sucesiones, como los notarios. Hacemos un llamamiento para que las instituciones europeas sigan trabajando en esta vía y lideren la unificación de las reglas de conflictos de leyes a escala europea en otros ámbitos, como los regímenes matrimoniales, las consecuencias patrimoniales de las parejas registradas o la capacidad jurídica de las personas vulnerables».


FUENTE:

Entra en vigor el Reglamento sobre las sucesiones internacionales

Los Notarios de Europa movilizados para aplicar el reglamento sobre sucesiones internacionales

TEXTO DEL REGLAMENTO: REGLAMENTO (UE) No 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo

Propiedad temporal y Propiedad compartida en el Código Civil Catalán

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El Consejo Ejecutivo aprobó el pasado 29 de julio la modificación del Código Civil para crear las figuras de propiedad temporal y propiedad compartida como una fórmula intermedia “más adecuada a las necesidades actuales de acceso a la vivienda”, ha explicado el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

Estas nuevas figuras jurídicas –pensadas para inmuebles pero que también se pueden aplicar a bienes muebles cuya adquisición se pueda registrar– quieren dar respuesta al problema del excesivo endeudamiento en la adquisición de viviendas surgido en los últimos 20 años, según un comunicado del Gobierno.

El objetivo primordial de la nueva regulación es solucionar el problema de acceso a la vivienda, si bien contemplando también que ambas modalidades, de creación negocial inter vivos o mortis causa,  puedan recaer tanto sobre bienes inmuebles en general como sobre bienes muebles duraderos, no fungibles e inscribibles en un registro público.

Son dos fórmulas intermedias y alternativas a los mercados de vivienda en propiedad y vivienda en alquiler que, basadas en los principios de accesibilidad y flexibilidad, pretenden diseñar una situación de tenencia que combine la estabilidad del derecho real de propiedad y la asequibilidad del derecho personal de arrendamiento.  Así, los ciudadanos pueden adquirir una vivienda con menor necesidad de ingresos, ya que los importes con estas nuevas fórmulas son “sensiblemente más asumibles”.

Además, para dotar todavía de mayor flexibilidad a estas figuras, cabe señalar que estas formas de propiedad pueden entrelazarse. Así, existe la posibilidad de constituir una propiedad compartida sobre un bien en régimen de propiedad temporal con el fin de facilitar su adquisición y sin que ello conlleve la pérdida de prácticamente facultades dominicales.

Del análisis de esta regulación se desprende que el legislador catalán está trabajando en nuevas medidas para dar solución a la problemática del acceso a la vivienda que podría suponer un motor para la reactivación del tráfico inmobiliario.  Ahora corresponderá a los operadores de este sector, con especial relevancia del agente bancario, decidir si se atreven a ponerlas en práctica y ofertarlas a sus clientes.

Influencia del derecho británico

La idea del desmembramiento de la propiedad en una propiedad temporal y una propiedad sucesiva o formal tiene su origen en el derecho británico.

En la Edad Media, existía la figura del “landlord“, o señor de las tierras. Él permitía que los campesinos se instalaran en sus tierras firmando un contrato de alquiler (lease). Todo aquello que el arrendatario construyera o cultivara sería suyo, y estaría sujeto a un “leasehold”. La propiedad de la tierra (freehold) seguiría siendo del “landlord”, quien recibiría el pago del alquiler (ground rent).

Ese sistema funciona todavía hoy.

Algunos de los apartamentos se venden con una parte del “freehold”, lo que significa que se compra una participación de la tierra. En cualquier caso la mayoría de los apartamentos son propiedades “leasehold”. En estos casos al comprar un apartamento se compra el derecho a vivir en el edificio para un número determinado de años – el número que el contrato de arrendamiento de suelo indique – y una vez transcurrido ese tiempo la titularidad de la propiedad pasa de nuevo al propietario de la tierra (freeholder). Para vivir allí se paga al propietario una renta por la tierra, así como un cargo por servicio para gestionar las zonas comunes dentro y fuera del edificio. Estos detalles se establecen en el contrato de arrendamiento del suelo.

Conviene remarcar que tras la ley aprobada en 1992,  el “freeholder” (propietario del terreno) está obligado por ley a extender el periodo de arrendamiento del “leaseholder” si este se lo solicita (por ejemplo 60 años más), cobrando por ello un importe poco significativo.

Para más información acerca del freehold y el leasehold británico hacer click en los siguientes enlaces:

Ahora bien, respecto del derecho catalán, estas son las líneas de nuestra nueva regulación:

Propiedad temporal

La propiedad temporal otorga a su titular el dominio de un bien por un plazo cierto y determinado. Pasado dicho período de tiempo, con un mínimo de 1 año para los bienes muebles y 10 para los inmuebles y con un máximo de noventa y nueve años para ambos, el bien objeto de contrato vuelve a su titular o herederos, llamados titulares sucesivos.

Durante ese plazo, el adquirente, llamado propietario temporal, tendrá todas las facultades dominicales sobre el bien, sometidas evidentemente a las limitaciones derivadas de su duración, gozando el titular sucesivo de un derecho de reversión, también plenamente disponible, que le permite recuperar la propiedad transcurrido el plazo estipulado y ser compensado en caso de deterioro negligente del objeto.

Se añade un capítulo, el VII, al título IV del libro quinto del Código civil de Cataluña intitulado “Propiedad temporal”, con el siguiente texto:

Artículo 547-1 Concepto

El derecho de propiedad temporal confiere a su titular el dominio de un bien durante un plazo cierto y determinado, vencido el cual el dominio hace tránsito al titular sucesivo.

Artículo 547-2 Objeto

Pueden ser objeto de propiedad temporal los bienes inmuebles. También lo pueden ser los bienes muebles duraderos no fungibles que puedan constar en un registro público.

Artículo 547-3 Régimen jurídico

1. La propiedad temporal, en todo lo no establecido por el título de adquisición ni por las disposiciones del presente capítulo, se rige por las normas del presente código relativas al derecho de propiedad.

2. Los regímenes del fideicomiso, de la donación con cláusula de reversión, del derecho de superficie o cualesquiera otras situaciones temporales de la propiedad se rigen por sus disposiciones específicas.

Artículo 547-4 Adquisición y duración

1. El titular del derecho de propiedad puede retener la propiedad temporal y transmitir la titularidad sucesiva a un tercero o a la inversa o transmitir ambas. En la transmisión de la propiedad temporal de un bien sometido a propiedad horizontal se aplican, con carácter general, las reglas establecidas por el capítulo III del título V.

2. La propiedad temporal se adquiere por negocio jurídico entre vivos, a título oneroso o gratuito, o por causa de muerte.

3. En el negocio jurídico de adquisición debe constar el plazo cierto y determinado de duración de la propiedad temporal, que no puede ser inferior a diez años para los inmuebles y a un año para los muebles, ni superior, en ningún caso, a noventa y nueve años.

4. La transmisión de la propiedad temporal debe acompañarse con un inventario de los bienes que, en su caso, la integran.

Artículo 547-5 Régimen voluntario

En el título de adquisición de la propiedad temporal puede establecerse:

  • a) El pago a plazos del precio de adquisición.
  • b) La facultad del propietario temporal de prorrogar su derecho por un plazo que, sumado al inicial, no exceda del máximo legal, sin perjuicio de terceros.
  • c) El derecho de adquisición preferente del propietario temporal para el caso de transmisión onerosa del derecho del titular sucesivo, y el derecho de adquisición preferente de este último para el caso de transmisión onerosa de la propiedad temporal.
  • d) Un derecho de opción de compra de la titularidad sucesiva a favor del propietario temporal.
  • e) El derecho del propietario temporal a que el titular sucesivo le pague los gastos por obras o reparaciones necesarias y exigibles, atendiendo, principalmente, al tiempo que queda de la duración de la propiedad temporal y al importe de dichos gastos.

Artículo 547-6 Facultades del propietario temporal

1. El propietario temporal tiene todas las facultades del derecho de propiedad, sin más limitaciones que las derivadas de su duración y de la existencia del titular sucesivo.

2. La propiedad temporal se puede enajenar, hipotecar y someter a cualquier otro gravamen con el límite del plazo fijado, sin necesidad de la intervención del titular sucesivo y sin perjuicio de que le sea notificado el acto una vez celebrado. La propiedad temporal también puede transmitirse por causa de muerte.

3. Si el bien objeto de propiedad temporal es un inmueble en régimen de propiedad horizontal, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivados de este régimen corresponden en exclusiva al propietario temporal.

4. El propietario temporal puede transmitir otra propiedad temporal de menor duración a favor de una o más personas, a la vez o una después de la otra.

Artículo 547-7 Facultades del titular sucesivo

1. El titular sucesivo puede enajenar, hipotecar y someter a cualquier otro gravamen su derecho, y también puede disponer de él por causa de muerte.

2. Los actos y contratos no consentidos por el titular sucesivo que excedan de la duración de la propiedad temporal no le perjudican.

3. El titular sucesivo puede exigir al propietario temporal que se haga cargo de las obras de reparación o reconstrucción si el bien se deteriora en un 50% o más de su valor por culpa o dolo del propietario temporal. A tales efectos, debe tomarse como referencia el valor del bien en el momento en que se produce el hecho culpable o doloso.

Artículo 547-8 Inscripción

1. El título de adquisición de la propiedad temporal se inscribe en el registro correspondiente de conformidad con lo establecido por la ley y con los efectos correspondientes.

2. En la inscripción del título de adquisición debe hacerse constar la duración de la propiedad temporal y, si procede, el régimen voluntario que se haya pactado de acuerdo con lo establecido por el artículo 547-5.

Artículo 547-9 Extinción

1. La propiedad temporal se extingue por las causas generales de extinción de la propiedad y, además, por las siguientes causas:

  • a) Por el vencimiento del plazo.
  • b) Por deterioro del bien en un 50% o más de su valor por culpa o dolo del propietario temporal, si este, una vez requerido por el titular sucesivo, no se ha hecho cargo de las obras de reparación o reconstrucción.

2. Los derechos reales que gravan la propiedad temporal, en caso de renuncia al derecho y de abandono de la posesión del bien o de cualquier otra causa de extinción voluntaria de la propiedad temporal, subsisten hasta que venza el plazo o se produzca el hecho o causa que comporte su extinción.

Artículo 547-10 Efectos de la extinción

1. La extinción de la propiedad temporal supone que el titular sucesivo adquiere el dominio del bien, toma posesión de él por sí mismo y puede ejercer las acciones de protección de la propiedad y de la posesión que le correspondan.

2. El propietario temporal responde ante el titular sucesivo de los daños ocasionados al bien por culpa o dolo.

3. Las mejoras y accesiones introducidas en el bien que subsisten y los frutos pendientes en el momento de la extinción, en defecto de pacto, pertenecen al titular sucesivo. En todo caso, en el momento de la finalización de la propiedad temporal debe elaborarse un inventario que tiene que entregarse con el bien.»

Propiedad compartida

En lo que se refiere a la propiedad compartida, consiste en la adquisición por parte del propietario material de una cuota inicial de dominio, libremente acordada, que supone la adquisición de la posesión, del uso y disfrute exclusivo de un bien y del derecho a adquirir, de manera gradual, la cuota restante al otro titular, llamado propietario formal.

La duración de la propiedad compartida es de treinta años salvo pacto en contrario, pacto que no podrá exceder de noventa y nueve años, y la cuota de cada uno de los titulares es también plenamente disponible por los mismos (aunque las cuotas sucesivas que se vayan adquiriendo, en defecto de pacto, no pueden ser inferiores al 10% del total de la propiedad).

Se añade un capítulo, el VI, al título V del libro quinto del Código civil de Cataluña intitulado “Propiedad compartida”, con el siguiente texto:

Artículo 556-1 Concepto

1. La propiedad compartida confiere a uno de los dos titulares, llamado propietario material, una cuota del dominio, la posesión, el uso y el disfrute exclusivo del bien y el derecho a adquirir, de modo gradual, la cuota restante del otro titular, llamado propietario formal.

2. La propiedad compartida supone la exclusión de la acción de división.

Artículo 556-2 Objeto

1. Pueden ser objeto de propiedad compartida los bienes inmuebles. También lo pueden ser los bienes muebles duraderos y no fungibles que puedan constar en un registro público.

2. Puede constituirse una propiedad compartida sobre un bien en régimen de propiedad temporal.

Artículo 556-3 Régimen jurídico

La propiedad compartida, en todo lo no establecido por el título de constitución y las disposiciones del presente capítulo, se rige por las normas del presente código relativas a la comunidad ordinaria indivisa y a los derechos de adquisición, en lo que sean compatibles.

Artículo 556-4 Constitución

1. La propiedad compartida se constituye por negocio jurídico entre vivos, a título oneroso o gratuito, o por causa de muerte.

2. El título de constitución de la propiedad compartida debe contener las siguientes circunstancias:

  • a) La cuota inicialmente adquirida.
  • b) El derecho de adquisición gradual y los requisitos y condiciones de su ejercicio. En defecto de pacto, las cuotas sucesivamente adquiridas no pueden ser inferiores al 10% del total de la propiedad.
  • c) La contraprestación dineraria, si existe, para el ejercicio en exclusiva de las facultades dominicales atribuidas sobre el bien, su actualización y los criterios para su determinación a medida que se ejerza el derecho de adquisición gradual.

3. La duración de la propiedad compartida es de treinta años, salvo que las partes fijen un plazo diferente que, en ningún caso, puede superar los noventa y nueve años.

Artículo 556-5 Inscripción

1. El título de constitución de la propiedad compartida se inscribe en el registro correspondiente de conformidad con lo establecido por la ley y con los efectos correspondientes.

2. En la inscripción del título de constitución de la propiedad compartida deben hacerse constar las circunstancias establecidas por el artículo 556-4.2 y, si procede, los derechos de tanteo y retracto.

3. La propiedad compartida, si recae sobre un bien inmueble, debe inscribirse, de acuerdo con la legislación hipotecaria, en el folio abierto para la finca matriz. La inscripción del derecho del propietario material debe practicarse en un folio independiente, el cual debe remitir al régimen de propiedad compartida.

Artículo 556-6 Facultades del propietario material

1. El propietario material tiene las siguientes facultades:

  • a) Poseer y usar el bien y gozar de él de forma plena y exclusiva, con el límite, salvo que se haya pactado otra cosa, de no comprometer su subsistencia.
  • b) Enajenar, hipotecar y someter a cualquier otro gravamen su cuota, supuestos en los que debe comunicarlo al propietario formal, así como disponer de ella por causa de muerte.
  • c) Adquirir más cuota de modo gradual, de acuerdo con lo establecido por el título de constitución.

2. El propietario material puede ejercer todos los actos de riguroso dominio, pero necesita el consentimiento del propietario formal para dividir el bien. El acuerdo de división debe contener la distribución entre los bienes resultantes, tanto del precio de adquisición como de la contraprestación dineraria establecida por el artículo 556-4.2.c.

3. Si el bien objeto de propiedad compartida es un inmueble en régimen de propiedad horizontal, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivados de este régimen corresponden en exclusiva al propietario material.

4. Los gastos ordinarios son a cargo del propietario material. En cuanto a los gastos extraordinarios y de ejecución de obras de instalaciones, deben repartirse entre ambos propietarios de acuerdo con su respectiva cuota de propiedad.

Artículo 556-7 Obligaciones del propietario material

El propietario material tiene las siguientes obligaciones:

  • a) Pagar el precio de adquisición de las cuotas, si procede.
  • b) Satisfacer la contraprestación dineraria establecida por el artículo 556-4.2.c, cuyo importe, en defecto de pacto, disminuye proporcionalmente con la adquisición de más cuota.
  • c) Satisfacer los gastos e impuestos vinculados a la propiedad del bien.

Artículo 556-8 Facultades del propietario formal

El propietario formal tiene, entre otras, las siguientes facultades:

  • a) Enajenar, hipotecar y someter a cualquier otro gravamen su cuota, así como disponer de ella por causa de muerte, sin perjuicio de los derechos de tanteo y retracto del propietario material.
  • b) Exigir al propietario material, salvo que se pacte otra cosa, que se haga cargo de las obras de reparación o reconstrucción si el bien se deteriora un 20% o más o se compromete su subsistencia. El propietario formal tiene derecho a acceder al inmueble para comprobar su estado. Si se le niega el acceso o si, después de haber accedido a él, se comprueba que la subsistencia del bien está afectada, el propietario formal puede solicitar judicialmente cualquier medida cautelar.

Artículo 556-9 Contraprestación dineraria

1. La cuota del propietario material está afecta, con carácter real, al pago de la contraprestación correspondiente al año en curso y a los dos años inmediatamente anteriores. El crédito que se deriva de ella tiene preferencia de cobro sobre la cuota, con la prelación determinada por la ley.

2. El propietario material que efectúa una transmisión onerosa de su cuota debe aportar un documento que acredite que está al corriente de pago de la contraprestación dineraria hasta la fecha de la transmisión. Sin esta manifestación y esta aportación no puede otorgarse la escritura, salvo que los adquirentes renuncien expresamente a ellas.

3. El propietario material que enajena su cuota debe comunicar el cambio de titularidad al propietario formal. Mientras no lo haga, responde solidariamente del pago de la contraprestación dineraria.

4. El propietario formal que enajena su cuota debe comunicar el cambio de titularidad al propietario material. Mientras no lo haga, son eficaces los pagos y notificaciones efectuados al antiguo propietario formal.

Artículo 556-10 Derechos de tanteo y de retracto

La enajenación a título oneroso de la cuota de cualquiera de los propietarios otorga al otro, salvo que en el título de constitución se haya pactado otra cosa, los derechos de tanteo y de retracto, que se rigen por lo establecido por el artículo 552-4.

Artículo 556-11 Extinción

1. La propiedad compartida se extingue por las siguientes causas:

  • a) La reunión en una sola titularidad de todas las cuotas de propiedad.
  • b) La destrucción o pérdida del bien.
  • c) El vencimiento del plazo de duración de la propiedad compartida.
  • d) La falta de ejercicio de cualesquiera de los derechos de adquisición gradual acordados, salvo pacto en contrario.
  • e) La conversión en un régimen de comunidad ordinaria o especial.
  • f) El acuerdo de ambos titulares.
  • g) La renuncia de cualquiera de los titulares, que comporta el acrecimiento a favor del otro.

2. La renuncia a la propiedad compartida no exime al renunciante del cumplimiento de las obligaciones vencidas y aún pendientes, ni perjudica los derechos que se hayan constituido a favor de terceros.

3. Una vez extinguida la propiedad compartida por las causas a que se refieren las letras c y d del apartado 1, el bien afectado pasa a la situación de comunidad ordinaria indivisa. En este caso, quien ha sido propietario formal puede exigir la adjudicación de la totalidad del bien objeto de la comunidad pagando en metálico el 80% del valor pericial, en el momento de exigir la adjudicación, de la participación de quien ha sido propietario material.

Artículo 556-12 Ejecución forzosa

La ejecución forzosa de cualesquiera de las cuotas no extingue la propiedad compartida, por lo que el rematante se subroga en los derechos y obligaciones correspondientes.


FUENTES: Cataluña incorpora la propiedad temporal y la propiedad compartida de viviendaLa propiedad temporal y la propiedad compartida: nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda

TEXTO  DE LA LEY: Ley 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña.

Nueva Ley de Armonización del Código Civil de Cataluña

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Publicada en el Diari Oficial de Catalunya con fecha 20 de mayo la Ley 6/2015, de 13 de Mayo de Armonización del Código Civil de Cataluña, que modifica varios artículos de los Libros Primero, Segundo, Cuarto y Quinto.

Dice el preámbulo de esta ley, que su finalidad es iniciar la armonización del conjunto del Código civil de Cataluña, para evitar la producción de efectos indeseados por causa de la ambigüedad de algunos de sus preceptos; sin perjuicio de que si proceden se realicen cambios fondo.

La reforma entró en vigor el 9 de junio, a los 20 días de su publicación, como recoge la disposición final de la Ley.

A continuación se destacan algunos puntos de la reforma que se consideran de especial interés.

Cambios introducidos en el Libro primero:

1.- Se añade el art. 111-10, estableciendo como regla general la entrada en vigor de las leyes catalanas a los 20 días de su publicación en el DOGC.

2.- En cuanto a la interrupción de la prescripción, establece requisitos específicos para cuando se produzca por reconocimiento del derecho al que se vincula la pretensión o por renuncia a la prescripción en curso, bastando en estos casos con que se proceda contra el sujeto pasivo de la pretensión. Respecto a los efectos de la interrupción, cuando tiene lugar por esta causa, el plazo se computará de nuevo cuando el reconocimiento o la renuncia pasen a ser eficaces; y en el caso de que se interrumpa por arbitraje, será desde que se dicte el laudo o desde el desistimiento o finalización del procedimiento arbitral por las causas establecidas en la ley.

3.-  En cuanto a la suspensión de la prescripción, prevista para casos de fuerza mayor, razones personales o familiares, o en herencias yacentes, se introduce un nuevo supuesto (art. 121-18) por razón de solicitud de inicio de mediación, que producirá dichos efectos suspensivos desde que conste la recepción de la misma por el mediador o el depósito ante la institución de mediación, si bien el plazo de prescripción se reanudará si en los 15 días naturales siguientes no se firma el acta de la sesión constitutiva del procedimiento. Asimismo, se especifica que en todos los casos el tiempo durante el cual la prescripción quede suspendida no se computará en el plazo de prescripción.

Respecto a los cambios introducidos en el Libro segundo:

1.-Se enmienda la anterior redacción de la norma de conmoriencia (art. 211-3), suprimiendo la necesidad de que se sobreviva al menos 72 horas al causante, y bastando con que se pruebe la mera supervivencia (en caso contrario, se entenderá que murieron a la vez, sin haber sucesión o transmisión de derechos entre estas personas). Sin perjuicio de lo anterior, se presumirá la conmoriencia cuando haya unidad de causa o de circunstancia que motive las defunciones y entre ambas muertes hayan transcurrido menos de 72 horas.

2.-Se añade el depósito de cuentas anuales rendidas por el tutor en el juzgado en que se constituyó la tutela (art. 222-31).

3.- Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial otorgados antes del matrimonio caducan si los otorgantes no contraen matrimonio en el plazo de un año (art. 231-20).

4.-En cuanto a la extinción de la pareja estable, se clarifica la remisión a las normas matrimoniales, de manera que, si no hubiera acuerdo entre los convivientes, se aplicaría el art. 233-4 relativo a las medidas adoptadas por la autorización judicial, siendo por lo demás aplicables las disposiciones sobre los pactos incluidos en la propuesta de convenio o los alcanzados fuera del mismo.

Respecto a los cambios introducidos en el Libro cuarto:

1.-Extiende la ineficacia sobrevenida de las disposiciones mortis causa por nulidad, separación o divorcio del matrimonio o separación de hecho de la pareja estable también a losparientes que sólo lo sean del cónyuge o conviviente, en línea directa o colateral dentro del cuarto grado, tanto por consanguinidad como por afinidad. Asimismo, declara aplicables las disposiciones de este artículo a los heredamientos o las atribuciones particulares (mantiene la vigencia del apartado 1 del art. 431-17, que señala por el contrario que la nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja estable no altera como regla general y salvo pacto en contrario la eficacia de los pactos sucesorios).

2.-En las reglas para el cómputo de la legítima, modifica la letra d del art. 451-5, prescribiendo que los bienes enajenados por el donatario o perdidos por culpa de éste se computarán añadiendo al valor líquido que tuvieran los bienes en el momento de la muerte del causante (deducidas las deudas y los gastos de entierro y última enfermedad), el valor que tenían los bienes en el momento de su enajenación o destrucción.

3.-Suprime el plazo de treinta años para ejercitar el derecho de aceptar o repudiar la herencia, especificando que no está sujeto a plazo alguno (art. 461-12).

4.-Sustituye la obligación del heredero que haya aceptado a beneficio de inventario de solicitar la declaración de concurso de la herencia, por una remisión genérica a la legislación concursalen materia de responsabilidad del heredero por las deudas del causante (art. 461-22).

5.-Con relación a la DT4ª del Libro cuarto y la cancelación de fideicomisos en el Registro, se suprime la exigencia del certificado de defunción para acreditar el transcurso de 30 años desde la muerte del fiduciario. También se permite la cancelación si han transcurrido más de 90 años desde la transmisión de la finca por el fiduciario y sin que conste en el Registro ninguna anotación o inscripción tendente a hacer efectivo el derecho de los fideicomisarios.

Por último, con relación al Libro quinto, se producen las siguientes aclaraciones:

1.-Los usufructuarios de fincas que ya estaban hipotecadas al constituirse su derecho no están obligados a pagar la deuda garantizada con hipoteca.

2.-La duración del derecho de superficie no puede exceder de 99 años.

3.- Añade como causa de extinción del censo la falta de ejercicio de las pretensiones del censualista durante un plazo de 10 años. Además, en el enfitéutico, y si así se hubiera pactado en el título aunque sin fijar la cuantía, el laudemio que percibirá el censalista por la transmisión de la finca será del 1%.

4.- En los derechos de adquisición preferente y a falta de pacto se suprime el plazo de ejercicio del derecho (antes, 1 mes), manteniéndose el plazo de cuatro años para la duración del derecho. El plazo anterior resultaba contradictorio con el de dos meses previsto para los derechos voluntarios de tanteo y retracto (arts. 568-14 y 19)


FUENTE: LEY DE ARMONIZACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA.

TEXTO DE LA LEY: Ley 6/2015, de 13 de mayo, de armonización del Código civil de Cataluña.

Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil

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Se ha publicado la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Estos son sus aspectos más relevantes.

1. Objetivo de la norma

La Ley 29/2015 regula la cooperación jurídica internacional entre las autoridades españolas y extranjeras, en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.

Hasta ahora no existía una la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, y nuestro ordenamiento jurídico interno, al margen de Tratados y Convenios internacionales, exigía que se acreditara o se ofreciera reciprocidad mutua, con lo que las malas o deficientes relaciones entre determinados Estados podían perjudicar al ciudadano en sus asuntos particulares y totalmente ajenos a cuestiones de reciprocidad. En lo sucesivo, se permitirá la aplicación excepcional del Derecho español cuando no haya podido probarse el Derecho extranjero.

De esta manera se da cumplimiento a un mandato ya contenido en la disposición final vigésima de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y, de hecho, pendiente desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1985, tal y como indica su Exposición de Motivos.

La aprobación del Proyecto de Ley contó con un amplio consenso en el Congreso, habida cuenta de la necesidad de promulgar una ley de estas características que, al margen de sucarácter subsidiario, establece las condiciones para una mejor coordinación y comunicación en materia jurídica en el ámbito civil y mercantil.

2. Entrada en vigor

La Ley entrará en vigor el 20 de agosto de 2015, a los veinte días de su publicación en el «BOE» (D.F. 6ª).

3. Estructura

La Ley contiene sesenta y un artículos estructurados en cinco Títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

Título Preliminar. Disposiciones generales (arts. 1 a 4)

Título I.  Régimen general de la cooperación jurídica internacional, dividido en cuatro capítulos: 1. Disposiciones generales (arts. 5 a 19), 2. De los actos de notificación y traslado de documentos judiciales (arts. 20 a 27), 3. De los actos de notificación y traslado de documentos extrajudiciales (art. 28) y 4. De la práctica y obtención de pruebas (arts. 29 a 32).

Títiulo II. De la prueba del Derecho extranjero (arts. 33)

Título III.  De la información del Derecho extranjero (arts. 34 a 36)

Título IV.  De la litispendencia y de la conexidad internacionales, dividido en tres capítulos: 1. Disposiciones generales (arts. 37 y 38), 2. De la litispendencia internacional (art. 39) y 3.  De las demandas conexas (art. 40).

Título V.  Del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en Registros públicos, dividido en seis capítulos: 1. Disposiciones generales (arts. 41 a 43), 2. Del reconocimiento (arts. 44 a 49), 3. De la ejecución (arts. 50 y 51), 4. Del procedimiento judicial de exequátur (arts. 52 a 55), 5. De los documentos públicos extranjeros (arts. 56 y 57) y 6. De la inscripción en Registros públicos (arts. 58 a 61).

4. Carácter subsidiario de la Ley

La Ley 29/2015 tiene carácter de marco general y subsidiario. Dicho carácter se pone de manifiesto en el artículo 2.a) que, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, da prioridad a la aplicación en esta materia de las normas de la Unión Europea y de los tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte.

El principio de especialidad viene reflejado en el artículo 2.b) que permite la prioridad de normas sectoriales específicas como las contenidas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, tras su modificación por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.

Así se establece:

«La cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil, se rige por:

a) Las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte.

b) Las normas especiales del Derecho interno.

c) Subsidiariamente, por la presente ley.»

5. Contenido

a. Principio general de cooperación incluso en ausencia de reciprocidad.

La ley parte de un principio general favorable al desarrollo amplio de la cooperación jurídica internacional, incluso en ausencia de reciprocidad, pero con la posibilidad de denegación de la cooperación jurídica internacional cuando exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla.

b. Comunicaciones judiciales directas.

La ley opta por habilitar a todos los órganos jurisdiccionales españoles para comunicarse sin intermediación con órganos jurisdiccionales de otros Estados dentro de los límites marcados por el respeto a los ordenamientos jurídicos de ambos Estados y a la independencia judicial.

c. Autoridad central española.

Se designa al Ministerio de Justicia como autoridad central española (art. 8), y a la Oficina Central del Registro como la autoridad encargada en materias sometidas a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

d. Régimen legal común aplicable a la Cooperación jurídica internacional en materia civil.

La ley llena un vacío derivado de la ausencia en España de un régimen legal común en este sector.

El vigente régimen común interno de la cooperación jurídica internacional viene dado por las previsiones del artículo 177 de la LEC, por los artículos 276 a 278 de la LOPJ y por las previsiones del capítulo II del título IV del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (artículos 74 al 80). La ley integra y detalla, con las adaptaciones precisas, esta normativa

e. Exequátur

Pieza clave del texto y una de las áreas más necesitadas de reforma en nuestra legislación interna, pues el diseño actual de los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no se coordina con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que se han tenido en cuenta las nuevas corrientes doctrinales y legislación reciente.

Se clarifican la terminología y los conceptos, se detalla el tipo de resoluciones susceptibles de reconocimiento y ejecución y sus efectos, y se abordan las cuestiones del reconocimiento y ejecución parcial, incidental y la de las modificaciones de resoluciones extranjeras, modernizándose las causas de denegación.

Respecto al reconocimiento de una resolución extranjera de forma incidental se ha evitadouna referencia en el art. 44.2 a la apertura de un incidente conforme a lo establecido en los artículos 388 y siguientes de la LEC, permitiéndose así que el reconocimiento incidental se pueda llevar a cabo de forma ágil y más sencilla en el seno de cada procedimiento; será la sentencia la que determine la aptitud del documento para probar lo que se pretende.

Se regula por primera vez la necesidad de adaptar las medidas contenidas en la sentencia extranjera que fueren desconocidas en el ordenamiento español (art. 44.4). Se adoptará en dicho caso una medida propia del Derecho español que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad o intereses similares, si bien tal adaptación no tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen.

En relación con las resoluciones extranjeras firmes o definitivas que se refieran a materias que por su propia naturaleza son susceptibles de ser modificadas, como por ejemplo lasprestaciones de alimentos, las decisiones sobre la guarda y custodia de menores o las medidas de protección de menores e incapaces, se establece de manera expresa en el art. 45 que tales resoluciones podrán ser modificadas previo su reconocimiento a título principal o incidental. Las partes pueden optar bien por la modificación de la sentencia extranjera bien por la apertura de un nuevo procedimiento.

El art. 46 recoge las casusas de denegación, haciendo referencia expresa a hace referencia a la infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes, como por ejemplo una decisión dictada en rebeldía si la interposición de la demanda no se notificó de forma regular y con tiempo suficiente.

Se ha incluido una norma especial en materia de reconocimiento de resoluciones extranjeras dictadas en procedimientos derivados de acciones colectivas. El principio es de reconocimiento y ejecución pero con unas cautelas especiales, sometiéndolo a un control de la competencia del juez de origen más estricto, pues se exige que los foros de competencia en virtud de los cuales conoció la autoridad jurisdiccional extranjera equivalgan a los previstos en la legislación española, no bastando la mera semejanza.

En lo referente a la ejecución, se establece claramente que solo cabe tras la previa obtención del exequátur (art. 50), siendo de aplicación la LEC, también en tema de caducidad. El capítulo IV regula el procedimiento de exequátur, estableciendo normas de competencia y asistencia jurídica gratuita y detallando el proceso y los recursos admisibles.

f. Notificaciones y la obtención de pruebas.

Regula las vías de transmisión, que dependerá de lo establecido en el Estado extranjero requerido o requirente, el contenido mínimo de las solicitudes, idioma y la tramitación, y losmotivos de denegación, a través de resolución motivada.

Las solicitudes dirigidas a autoridades españolas se ejecutarán conforme a las normas procesales españolas y que solo excepcionalmente y a petición de la autoridad extranjera se aceptarán procedimientos especiales.

También se regula la ejecución en el extranjero de diligencias procesales por funcionarios consulares y diplomáticos españoles.

Como cuestiones accesorias se establece que los gastos serán a cargo de la autoridad requirente quien podrá, en su caso, repercutirlos en la parte a cuya instancia se realice la solicitud de cooperación jurídica internacional.

Se especifica que las autoridades españolas pueden remitir las comunicaciones directamente a sus destinatarios por correo certificado con acuse de recibo o medio análogo que deje constancia de su recepción, y en una lengua que el destinatario entienda, aunque no sea una lengua oficial del Estado requerido.

g. Protección de datos personales

Se establece una norma general de protección de datos personales (art. 19), por la que  las solicitudes de cooperación jurídica internacional contendrán únicamente los datos personales necesarios para su ejecución, que no pueden usarse ni tratarse para fines no directamente relacionados con la solicitud sin la expresa autorización de la autoridad requirente.

h. Prueba del Derecho extranjero

Se incluye la previsión de que cuando no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero, podrá aplicarse el Derecho español, en evitación así de una denegación de justicia que podría ser injustificada.

i. Litispendencia internacional y conexidad

La regulación se inspira en el Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

El art. 39  regula la excepción de litispendencia. Su apreciación es potestativa, el juez debe apreciar la existencia de una serie de requisitos cumulativos, como que el órgano extranjero esté conociendo en virtud de un foro razonable así como que la resolución eventualmente dictada por dicho órgano sea susceptible de reconocimiento en España. El levantamiento de la suspensión  se hace depender igualmente de una serie de requisitos, en este caso alternativos, entre los que está que se considere necesaria la continuación del procedimiento para la buena administración de justicia.

j. Inscripción en los Registros públicos españoles de las resoluciones judiciales y de los documentos públicos extranjeros

Se realizará conforme a las reglas generales de la legislación registral en relación a resoluciones judiciales españolas, y se regula actividad del Registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles en relación al reconocimiento incidental de las resoluciones judiciales, contenciosas o dictadas en procedimientos de jurisdicción voluntaria, presentadas a inscripción, si fueren firmes o definitivas, o anotación en otro caso.

k. Adaptación de los títulos extranjeros

El registrador la podrá utilizar para el caso de que se ordenen medidas o incorporen instituciones o derechos que resulten desconocidos en Derecho español, en cuyo caso se adaptarán, en lo posible, a una medida u orden prevista o conocida en el ordenamiento jurídico español que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares, sin que tal adaptación tenga más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen.

6. Modificaciones normativas

La Ley modifica las siguientes normas

– Ley Hipotecaria (D.F.1ª) , incorporando el certificado sucesorio europeo

– Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil  (D.F.2ª) . Se adapta al Reglamento (UE) 1015/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y al Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y a la creación de un certificado sucesorio europeo

– Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (D.F.3ª)

– Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (D.F.4ª) , para reconocer el carácter oficial de las traducciones de documentos públicos extranjeros hechas o asumidas por las representaciones de España en el exterior o las hechas por representaciones extranjeras en España de documentos públicos de su propio Estado.

7. Derogaciones

Quedan derogados expresamente los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.


FUENTE: Contenido y novedades de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil

TEXTO DE LA LEY: Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.