El TS declara gananciales las deudas inventariadas en concurso de acreedores de uno de los cónyuges sin necesidad de que se hayan contraído con el consentimiento o conformidad del otro cónyuge

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El Tribunal Supremo declara gananciales las deudas inventariadas en concurso de acreedores de uno de los cónyuges.

El juzgado de lo mercantil no hallaba prueba directa de que tales deudas hubieran sido generadas para el sostenimiento de las cargas del matrimonio, como sostenía el cónyuge concursado.

Sin embargo, la AP Alicante, aunque reconoce que no existe prueba directa, concluye que los créditos se contraían para el sostenimiento de la familiar en base a tres indicios; una cuenta común para los ingresos, la mala situación económica familiar coincidente con cada uno de los créditos al tiempo de contraerse y las pequeñas cuantías de los mismos, propias del consumo familiar.

A juicio de la Sala, probado que el dinero adeudado fue destinado a una cuenta de disposición común de ambos esposos para la satisfacción de los gastos familiares, resulta irrelevante si el endeudamiento se hizo con el consentimiento o la autorización del cónyuge ahora recurrente, lo relevante es el destino de las cantidades percibidas con aquellas operaciones de crédito, que el tribunal de apelación entiende acreditado fueron a parar a satisfacer gastos familiares. Sin que, en contra de lo pretendido por el recurrente, quepa en el recurso de casación revisar esta valoración probatoria.

Texto íntegro de la Sentencia: TRIBUNAL SUPREMO, Sala 1ª, Sentencia 01/02/2016, rec. 25/2014, Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio (Roj: STS 318/2016 – ECLI:ES:TS:2016:318)


FUENTE: Ganancialidad de las deudas del cónyuge en concurso de acreedores tras probar indiciariamente el destino familiar del importe de los créditos

El Registro Público Concursal incluirá información sobre empresas en situación de venta o liquidación

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El Registro Público Concursal incluirá en su página web información sobre empresas tanto en venta como en liquidación, con la intención de mejorar la publicidad sobre compañías en estas circunstancias para que mejore el número de pujas y las posibilidades de salvar unidades productivas.

Así lo prevé el proyecto de real decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal, actualmente pendiente de aprobación, en el que se incluye una disposición para incluir en dicho Registro un portal de liquidaciones concursales.

Portal de liquidaciones

Con la reforma de la Ley Concursal introducida el pasado mes de mayo por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, el Gobierno ya introdujo la posibilidad de constituir, en el seno del Registro Público Concursal, un portal de liquidaciones donde se concentre la información de empresas que, dentro de un concurso, se encuentren en fase de liquidación.

Gracias a él, los usuarios tendrán acceso a datos de las sociedades en venta, aunque no estén en liquidación concursal, que voluntariamente quieran adherirse al sistema con el objetivo de que “puedan cruzarse las propuestas de venta y de adquisición de empresas constituidas bajo la forma sociedad anónima no cotizada o de sociedad de responsabilidad limitada o de paquetes de acciones o de participaciones de las mismas”.

El Registro Público Concursal fue incorporado a la Ley Concursal por el RD-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, y está regulado por el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que regula el nuevo régimen del Registro Público Concursal, en vigor desde el 3 de marzo de 2014.

Información para facilitar la enajenación de empresas en liquidación

Con respecto al portal de liquidaciones en sí, el proyecto de real decreto establece que será accesible desde la web del Registro Público Concursal y en él se incluirá la relación de empresas en fase de liquidación, aportando la información necesaria para “facilitar su enajenación”.

Ésta consistirá al menos en la identidad del deudor, el sector y ámbito de actuación de la empresa, el tiempo que lleva en funcionamiento, su volumen de negocio, el tamaño de su balance, el número de empleados, el inventario de sus activos más relevantes, los contratos vigentes con terceros, las licencias o autorizaciones administrativas con las que cuente, su pasivo y los procesos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación que los que esté inmerso.

El encargado de transmitir los datos al Registro, una vez el juez haya dictado la apertura del concurso, será el administrador concursal, quien también se encargará de comunicar al portal la enajenación de unidades productivas o elementos de la empresa que se vayan produciendo, así como la finalización de la liquidación. Todos estos datos se mantendrán al menos hasta dos meses después de la liquidación de la masa activa del concurso.


FUENTE: El Registro Público Concursal incluirá información sobre empresas en situación de venta o liquidación

Contenido y novedades de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social

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Esta Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, convalida el RD-Ley 1/2015, de cuyas novedades informamos en NJ, establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que incluye, por primera vez, a las personas físicas; amplía el colectivo protegido por el Código de Buenas Prácticas a quienes excluye de las “cláusulas” suelo de hipotecas y prorroga dos años más la suspensión de los desahucios.

Entrada en vigor

La Ley 25/2015, de 28 de julio, entra en vigor el 30 de julio de 2015, día siguiente al de su publicación en el «BOE» (D.F. 21ª).

Finalidad de la norma

Según declara su Exposición de Motivos, su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación, que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

Claves

1. Flexibilización de acuerdos extrajudiciales de pago (Art. 1 Ley 25/2015 y arts. 231 a 242 bis LC)

2. Régimen de exoneración de deudas para el deudor persona natural (Art. 1 Ley 25/2015 y art. 178 bis LC)

3. Exceso de deudas: plan de pagos a 5 años (Art. 1 Ley 25/2015 y art. 178 bis LC)

4. Retribución de administradores concursales y garantía arancelaria (Art.1 L 25/2015 y arts. 34, 34 bis, 34 ter, 34 quater LC)

5. Flexibiliza los criterios que dan acceso al Código de buenas prácticas para deudores hipotecarios (Art. 2 Ley 25/2015 y arts. 3 y 5 RD-Ley 6/12, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos)

6. Suspensión de lanzamientos (Art. 3 Ley 25/2015 y art. 1 L 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social): Se extiende hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

7. Modificaciones fiscales (Art. 4 Ley 25/2015; art. 81 bis y Disposiciones 40. 2 y 3 L 35/2006 y art. 7 Ley 25/2015 y art. 124 L 27/2014)

8. Nuevo incentivo para la creación de empleo estable (Art. 8 Ley 25 /2015)

9. Conciliación familiar de autónomos  (Art. 9 Ley 25/2015 y arts. 30 L 20/ 2007).

10. Exención de tasas judiciales y empleados públicos (Art. 10 Ley 25/2015 y art. 4 L 10/2012; arts. 5 y 6 Ley 25/2015 y art. 35.1 y DA13 L7/2007; art. 12 RD-Ley 20/2012). Se pone punto final al pago de tasas fijas personas de hasta 1.200 euros y también a la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos. Recordamos que la exención de tasas se introduce en la Ley de Tasas desde la modificación operada por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Desde su entrada en vigor, el 1 de marzo de 2015, las comunidades de bienes, en general, y las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, en particular, al carecer de personalidad jurídica, quedan pues exentas del pago de tasas  (Consulta Vinculante V1466-15 y V0790-15).

Contenido más relevante

Esta Ley, que convalida el Real Decreto-ley 1/2015, establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que incluye, por primera vez, a las personas físicas; amplía el colectivo protegido por el Código de Buenas Prácticas a quienes excluye de las “cláusulas” suelo de hipotecas y prorroga dos años más la suspensión de los desahucios.

Téngase en cuenta, que a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 22 de julio de 2015) corresponde a los juzgados de primera instancia conocer de los concursos de persona natural que no sea empresario (art. 85.6 LOPJ)

Estructura

Se estructura en diez artículos, agrupados en dos títulos, seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veintiuna disposiciones finales.

El Título I, «Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera».

Contiene tres artículos de carácter modificativo a través de los que se da nueva redacción a determinados preceptos de:

• La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,

• El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y

• La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

El Título II, «Otras medidas de orden social».

Se organiza en tres capítulos:

El Capítulo I recoge en sus cuatro artículos una serie de medidas relativas al ámbito tributario y de las Administraciones Públicas, a través de la modificación de aspectos concretos de las siguientes cuatro normas legales:

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio;

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público;

• Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y

• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El Capítulo II contiene dos medidas relativas al fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social:

1. Se crea un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores.

2. Se establecen beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional autónomo deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

El Capítulo III, modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para adecuar el régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma.

Disposiciones Adicionales

Las disposiciones adicionales primera a cuarta complementan las modificaciones introducidas por su Título I, al regular las funciones de mediación concursal, la remuneración del mediador concursal, la no preceptividad de la representación del deudor en el concurso consecutivo o la aplicación informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia.

En la disposición adicional quinta se regula el impulso y coordinación de la negociación colectiva y en la sexta el informe de evaluación del funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria.

Régimen transitorio

Se establece un régimen transitorio aplicable a:

• Los artículos 92, 176 bis, 178.2, 178 bis, 231 y 232 de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal

• La contratación indefinida formalizada con anterioridad al 1 de marzo de 2015.

• El arancel de derechos de los administradores concursales y

• El régimen transitorio de pago con cargo a la cuenta de garantía arancelaria.

Disposiciones afectadas:

Deroga

• El artículo 6.2 Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social

• El Real Decreto 1564/1998, de 17 de julio, por el que se regula el convenio especial de asistencia sanitaria a favor de los trabajadores españoles que realizan una actividad por cuenta propia en el extranjero.

Modifica

• El Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

• La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

• La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

• La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

• El Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.

• La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

• EL Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

• La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

• El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

• La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

• La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

• La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

• La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

• La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

• La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Aspectos fiscales de la Ley 25/2015

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, publicada en el BOE de 29 de julio, trae causa del Real Decreto-ley 1/2015, recogiendo en el título II “Otras medidas de orden social” las medidas fiscales establecidas en dicho RD-Ley y que recordamos a continuación.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Deducciones por familia numerosa

En materia de IRPF se modifican, con efectos desde el 1 de enero las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo (art. 81 bis LIRPF), permitiendo su aplicación a nuevos colectivos.

De esta forma, en primer lugar, se extiende el incentivo fiscal consistente en la deducción de hasta 1.200 euros anuales, no solo a ascendientes que forman parte de familias numerosas sino también a aquellos que forman una familia monoparental (por estar separado legalmente o sin vínculo matrimonial) con dos descendientes que, entre otros requisitos, dependan y conviven exclusivamente con aquel y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

Al mismo tiempo, se permitirá la aplicación de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo no sólo a los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena, sino también a los que perciban prestaciones del sistema público de protección de desempleo o pensiones de los regímenes públicos de previsión social o asimilados y tengan un ascendiente o descendiente con discapacidad a su cargo o formen parte de una familia numerosa o de la familia monoparental señalada anteriormente.

Se añade una nueva DA 42.ª a la Ley del IRPF, que establece el procedimiento para que los contribuyentes que perciben determinadas prestaciones apliquen las deducciones previstas en el artículo 81.bis y se les abonen de forma anticipada.

Exenciones por quitas y esperas de deudores concursales

Por otra parte, se añade una nueva DA 43.ª a la Ley del IRPF, que regula la exención de rentas obtenidas por el deudor en procedimientos concursales.

Así, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento establecido en la Ley Concursal, en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la DA 4.ª de dicha ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el título X o como consecuencia de exoneraciones del pasivo insatisfecho a que se refiere el artículo 178 bis de la misma ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas, ya que, en este caso, su régimen está previsto en la DA 2.ª del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

No declararán Impuesto sobre Sociedades las entidades parcialmente exentas

Se modifica, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2015, el apartado 3 del artículo 124 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en el sentido de excluir de la obligación de presentar declaración por el en Impuesto sobre Sociedades a las entidades parcialmente exentas, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención, siempre que no estén sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos políticos, en cuyo casi si existiría obligación de declarar la totalidad de las rentas exentas y no exentas.

TASAS JUDICIALES

Las personas físicas dejan de pagar tasas judiciales

En materia de tasas judiciales se suprime la obligación del pago de las tasas para las personas físicas, declarándose la exención desde el punto de vista subjetivo de éstas (artículo 4 Ley 10/2012)


FUENTE: Contenido y novedades de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social

El Senado aprueba definitivamente la Ley de Segunda Oportunidad

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La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, con competencia legislativa plena, ha dado luz verde a la Ley de Segunda Oportunidad.

La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, con competencia legislativa plena, dió luz verde a la Ley de Segunda Oportunidad con los votos del Grupo Popular en la Cámara Alta el pasado día 15 de julio.

Como no ha sufrido variaciones durante su paso por el Congreso, el texto pasa directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor.

El texto pretende ofrecer una posibilidad a las personas físicas y pymes sobreendeudadas de buena fe para que puedan retornar a la economía productiva y no tengan que arrastrar una deuda de por vida.

Revisa la fase de negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

En caso de que esta opción no prospere, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar en la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación siempre y cuando se hayan pagado los créditos no privilegiados, contra la masa y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Si no se ha podido cumplir esos objetivos, el juez puede imponer al deudor un plan de pagos a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euríbor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda.

No obstante, acogerse a esta opción supondrá también figurar durante cinco años en un registro público, que se complementará con una nueva página web del Ministerio de Economía donde se podrán consultar las situaciones de solvencia, pero de forma limitada.

Para evitar que la segunda oportunidad afecte a la cultura de pago de las deudas o encarezca los costes de financiación de familias y empresas, el Gobierno ha introducido ciertas salvaguardas, como limitar a diez años la frecuencia con la que se pueda acudir esta posibilidad, introducir el control jurisdiccional o reforzar las exigencia de buena fe, entre las que se cuentan no haber rechazado un puesto de trabajo apto en los últimos cuatro años.


FUENTE: El Senado aprueba definitivamente la Ley de Segunda Oportunidad

Justicia aprueba el proyecto de Estatuto del Administrador Concursal

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Desde la aprobación de la Ley 22/2003, Concursal, esta figura desempeña un papel esencial en el procedimiento concursal, cuyo resultado depende en gran parte de su actuación y por ello ha sido objeto de varias reformas, entre las que destacan las introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (que introdujo dos medidas fundamentales como la generalización de la composición unipersonal de la figura, frente a las tres personas que lo integraban con anterioridad y el reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal) y por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Precisamente sobre la base de los nuevos principios establecidos tras la reforma de la Ley 17/2014, este real decreto viene a desarrollar el estatuto de la administración concursal, y se centra en la regulación de los requisitos de acceso a la misma, su designación en función del tamaño de los concursos y el nuevo régimen de retribución.

1. Objetivo de la norma

Mejorar la eficiencia del sistema concursal a través de la profesionalización de la administración concursal.

Para ello:

  1. Se refuerzan los requisitos de acceso,
  2. Se determinan distintos elementos del nuevo sistema de designación,
  3. Se revisa el diseño del arancel de la administración concursal
  4. Se regula la nueva sección cuarta del Registro Público Concursal.

2. Requisitos de acceso a la administración concursal

El borrador de Estatuto mantiene las profesiones que ya venían siendo designadas para el desarrollo de esta función, pero admitiendo también a otros profesionales distintos de abogados, economistas y titulados mercantiles y auditores, siempre que cuenten con experiencia profesional en los ámbitos jurídico y económico.

El requisito básico para el ejercicio de la administración concursal pasa a ser el examen de aptitud profesional, cuya realización se encomienda a los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, así como al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a partir del ejercicio que se acuerdo por los expertos que se designan cada año.

Este examen cumplirá una función de garantía de la competencia, homogeneización de los requisitos de entrada y especialización de los administradores concursales, así como de profesionalización de esta actividad.

Este real decreto incluye una disposición transitoria en atención a la cual se determinará la exigencia o no de examen a los profesionales que hoy vienen desarrollando esta función.

La superación del examen de aptitud profesional, junto con la suscripción de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, posibilitarán la inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal.

3. Nueva clasificación legal de los concursos en función de su tamaño

Los criterios a los que se atiende para efectuar esa clasificación son el número de trabajadores empleados en la concursada, el número de acreedores, la estimación inicial de pasivo y del activo y la cifra de negocios.

No obstante, el tamaño no es la única variable que indica la complejidad del concurso, por lo que se prevén algunas especialidades. Por un lado, los concursos de las personas naturales que no lleven a cabo actividades empresariales o profesionales se consideran siempre concursos de pequeño tamaño. Por otro lado, la concurrencia de algunas circunstancias como que el deudor sea una entidad de crédito o de seguros o que esté sometida a supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores provocará que el concurso sea clasificado como de gran tamaño.

El nombramiento del administrador concursal en concursos de cada vez mayor tamaño vendrá dado por la experiencia en el desempeño de la función, a lo que se sumará en los concursos de gran tamaño la exigencia de contar con un equipo de trabajo adecuado a la complejidad que estos conllevan.

4. Arancel del administrador del administrador concursal

En el borrador de estatuto se prevé ajustar este arancel a los principios de limitación, efectividad y eficiencia, actualmente recogidos en artículo 34 de la Ley Concursal, con la finalidad de asegurar que los profesionales más cualificados tengan suficientes incentivos para desempeñar las complejas tareas del cargo, posibilitando al mismo tiempo que las cantidades que se perciban en concepto de retribución se ajusten a las tareas efectivamente realizadas por la administración concursal en atención también a la complejidad del concurso y la duración del procedimiento.

Estos nuevos principios se traducen en el establecimiento de un tope máximo de la retribución a percibir por la administración concursal por su intervención en el concurso de acreedores, sin más excepciones que las relativas a las cantidades complementarias cuya posibilidad de percepción, vinculada a casos taxativos, ya conocía el real decreto anterior como instrumento para incentivar la actuación del órgano en la reintegración de la masa activa y en la sección de calificación.

Además, se revisan algunos complementos retributivos y se rediseña el cálculo de la remuneración en la fase de liquidación.

Asimismo, en cumplimiento de las previsiones del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, se crea la cuenta de garantía arancelaria, con cargo a la cual se hará efectivo el pago de la retribución de la administración concursal en aquellos concursos sin masa o con masa insuficiente.

Esta cuenta de garantía arancelaria se dotará con las aportaciones obligatorias que se detraerán de un determinado porcentaje de las retribuciones percibidas por los administradores concursales.

5. Registro Público Concursal

El borrador de Estatuto prevé una amplia modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, que afectará a sus siguientes artículos:

  • Punto III del preámbulo (“La estructura del Registro Público Concursal es la que se establece en el artículo 198 de la Ley Concursal y consta de cuatro secciones…”)
  • Se modifica el artículo 4 añadiendo una nueva letra d) al apartado 1 (“d) Sección cuarta, de los administradores concursales y auxiliares delegados.”) y se modifica el apartado 2 (“2. La publicidad tanto de la primera como de la segunda sección permitirá realizar consultas en atención al nombre…”) y se incorpora los nuevos apartados 4 (“4. La sección cuarta incluirá la relación de los administradores concursales y auxiliares delegados que cumplan los requisitos…”) y 5 (“El Registro Público Concursal contará con un portal de liquidaciones concursales …”).
  • Se adiciona un nuevo apartado e) al artículo 6 (“e) Los datos relativos a los deudores que hubieren obtenido el beneficio de la exoneración del pasivo se cancelarán de oficio ,,,”)
  • Se modifica el apartado 1 del artículo 7 (“1. En la sección primera, de edictos concursales, del Registro Público Concursal se insertarán, ordenadas por deudor o concursado…”)
  • Se da nueva redacción al artículo 10. Contenido de la sección segunda del Registro Público concursal.
  • Se da una nueva redacción a los artículos 13. Remisión de información al Registro Público Concursal y 14. Publicidad del acuerdo extrajudicial de pagos y sus incidencias.
  • Se añade un nuevo Capítulo V. De la Sección cuarta de los administradores concursales y auxiliares delegados, integrado por los artículos 16. Contenido de la sección cuarta del Registro Público Concursal;  17. Solicitud de inscripción en el Registro Público Concursal;  18. Información que deben proporcionar los administradores concursales personas naturales; 19. Información a proporcionar al Registro por el administrador concursal persona jurídica; 20. Alta en la sección cuarta de los administradores concursales; 21. Actualización de datos de los administradores concursales; 22. Listas de la sección cuarta del Registro Público Concursal; 23. Designación como administrador concursal y 24. Baja en la sección cuarta del Registro Público Concursal.
  • Se añade un nuevo capítulo VI. Del portal de liquidaciones concursales, integrado por los artículo 25. El portal de liquidaciones concursales; 26. Remisión de información al portal de liquidaciones concursales; 27. Información a remitir al portal de liquidaciones concursales, y 28. Información sobre la liquidación de una empresa.
  • Se añade una nueva disposición adicional cuarta. El portal de venta de sociedades.

Finalmente el texto prevé el sistema transitoria para el nombramiento de los administradores concursales hasta que se instaure el turno rotatorio a partir de la sección cuarta del Registro Público Concursal, o la modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, regulador de esa nueva sección y del portal de liquidaciones.

6. Estructura de la norma

La futura norma se divide en 38 artículos, estructurados en cuatro Capítulos, uno preliminar (Objeto y ámbito de la norma) y los otros tres dedicados respectivamente a los Requisitos de acceso a la administración concursal (arts. 3 a 6), a la Designación de la administración concursal en función del tamaño del concurso (arts. 7 a 13) y al Régimen de retribución de la administración concursal (organizado a su vez en nueve secciones e integrado por los arts. 14 a 38).

La Disposición adicional única prevé una evaluación de resultados dentro de los tres años siguientes a la publicación de la norma.

La Disposición transitoria única establece el régimen transitorio para la designación de la administración concursal.

La Disposición final primera establece las modificaciones del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal.

La Disposición derogatoria única establece la derogación del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales.

El Anexo I establece los Porcentajes aplicables para la determinación de los derechos de los administradores profesionales en la fase común (artículo 17 del real decreto)

Y el Anexo II incorpora el Formulario de información del concurso del artículo 36.2 de este real decreto.

7. Entrada en vigor

El borrador prevé que la futura norma entre en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, la designación del administrador concursal por turno correlativo del listado de la sección cuarta del Registro Público Concursal entrará en vigor cuando así se determine por Orden del Ministro de Justicia, una vez que se haya definido dicho listado y las aplicaciones informáticas que permitan su correcto funcionamiento, en el plazo máximo de un año desde la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Próximos pasos

El texto será sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, como paso previo a la deliberación del Consejo de Ministros, que se prevé para septiembre próximo.


FUENTE: Justicia aprueba el proyecto de Estatuto del Administrador Concursal

EN VIGOR LA NUEVA LEY CONCURSAL

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El pasado 27 de abril de 2015 entró en vigor la Ley 9/2015 de medidas urgentes en materia concursal (anterior Ley 22/2003) que reforma la Ley Concursal, cuyo origen recae en la anterior reforma del Real Decreto-Ley 11/2014 del 5 de septiembre.

ÍNDICE

1. Introducción 

2. Principales modificaciones

    2.1. Los acuerdos de refinanciación

    2.2. La administración concursal en el ámbito laboral

    2.3. Comunicaciones electrónicas

    2.4. Convenio

    2.5. La constitución de junta

    2.6. El plan de liquidación

    2.7. La calificación del concurso

3. Más información

  1. INTRODUCCIÓN:

El objeto principal de esta reforma versa en consolidar los principios pro empresario de la ley 17/2014, así como facilitar la continuación de la actividad empresarial. En términos generales, pretende simplificar la estructura orgánica del concurso y viene a consolidar las modificaciones más relevantes de la anterior Ley 11/2014.

Se introducen modificaciones relevantes en diversos artículos de la Ley Concursal, de ahora en adelante LC, referentes a la calificación del concurso, los acuerdos de refinanciación y los planes de liquidación entre otras.

  1. PRINCIPALES MODIFICACIONES.
    2.1. Los acuerdos de refinanciación:

Siguiendo el orden que el mismo cuerpo legal nos propone, la primera de las modificaciones que nos encontramos es en relación a los acuerdos de refinanciación.

Se introduce reforma en el apartado cuarto del artículo 5bis que esclarece diversas cuestiones controvertidas en la redacción de la anterior Ley.

Ahora, el deudor, en la presentación de la comunicación deberá indicar qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio, y cuáles de ellas recaen contra bienes que considere necesarios  para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Una vez presentada dicha comunicación, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o bien extrajudiciales de dichos bienes o derechos que resulten necesarios para el deudor hasta que se den las circunstancias que se prevén en el art. 5.bis.4).

El juez que estuviere conociendo del caso, suspenderá las ejecuciones con la presentación de la resolución del Secretario Judicial dando constancia de la comunicación.

El mismo juez también resolverá ahora sobre las “controversias” que puedan surgir respecto del carácter necesario o no del bien para la continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor.

También quedarán suspendidas – o bien no podrán iniciarse – las ejecuciones singulares, ya sean judiciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos financieros, sobre cualesquiera otro bien o derecho del deudor, siempre que se acredite documentalmente que un porcentaje no superior al 51% de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones del acuerdo de refinanciación en cuestión.

Todo lo previsto respecto de los acuerdos de refinanciación será de aplicación siempre y cuando las partes se encuentren en el plazo de tres meses desde la comunicación al juzgado.

El artículo 71.6 LC también se modifica en aras a una protección frente a la rescisión de los acuerdos de refinanciación sujetos al pacto de sindicalización.

La presente reforma también incide en la disposición adicional cuarta, extrayendo de su redactado dos novedades relevantes. Por un lado, se modifica el apartado referido al 75% de acuerdos de sindicación.Y por otro, se precisa que, a efectos de determinar el valor razonable de los bienes dados en garantía, éste no podrá superar el valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiere pactado.

2.2. La administración concursal en el ámbito laboral:

Por lo que respecta a la nueva redacción del artículo 33.1.c) LC sobre la administración concursal en el ámbito laboral, interpretamos que se amplían las facultades de la misma en esta materia, pudiendo de tal forma, “intervenir” y “dar cumplimiento” a las resoluciones judiciales, no sólamente en los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo (cómo se estipulaba en la anterior redacción), sino también en los procedimientos de traslado colectivo, de despido colectivo, de suspensión de contratos y de reducción de jornada.

De la misma forma, también se amplían las competencias del juez mercantil conocedor del concurso en el ámbito laboral, pues ahora podrá conocer también de estos procedimientos.

2.3. Comunicaciones electrónicas:

Otra de las novedades recientemente introducidas por esta reforma es la “comunicación electrónica” al deudor y a los acreedores que hubiesen comunicado sus créditos y de los que conste su dirección electrónica. Para agilizar el procedimiento se implementa el uso de los medios telemáticos,como podemos ver en los artículos 95.1 y 2, que regula el informe de la Administración Concursal, 96.5 y 6 referente a la rectificación del inventario/listas o informes por razón de las impugnaciones presentadas, el 107.2 del escrito de evaluación de la Administración Concursal sobre la propuesta anticipada de convenio, el 115.2 sobre la propuesta de convenio, y los artículos 133.2 y 152.1 y 2 sobre la rendición de cuentas de la Administración Concursal una vez sea eficaz el convenio, y los informes sobre el estado de liquidación y  fijación del plazo de un mes para la presentación del informe final respectivamente.

2.4. Convenio: 

Las modificaciones referentes al convenio ofrecen cambios tanto en su redacción, como en el contenido sustantivo de sus preceptos.

Del art. 100 LC se deriva la ampliación del contenido del convenio, pues “podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alternativas o adicionales”.

En el art. 110 LC se regula el supuesto de mantenimiento o modificación de las propuestas no aprobadas.

Los arts. 123 y 124 LC se encargan de regular lo referente a las votaciones y mayorías necesarias para aprobar los convenios y propuestas de los mismos.

2.5. La constitución de junta:

Otro punto que también ha quedado reformado es el referente a los quorums de constitución de junta previstos en el art. 116.4 LC. Con la nueva redacción, dichos quorums quedan ampliados al computar para la constitución de junta, además de los acreedores que titulen créditos por importe de al menos un 50% del pasivo ordinario del concurso, los acreedores que representen, al menos un 50% del pasivo del concurso, pudiendo resultar afectado por el convenio, excluyendo los acreedores subordinados.

De este modo, la junta se dará por constituida aunque no se hubiera llegado a la mitad del pasivo ordinario.

Sobre los votos para la aprobación de convenio, se prevé que a efectos del cómputo de las mayorías del párrafo anterior – 50% del pasivo ordinario -, se consideran incluidos en el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta.

2.6. El plan de liquidación:

Otra de las modificaciones más relevantes es la que afecta al plan de liquidación. Ahora se da potestad al juez para poder ordenar la consignación en la cuenta del Juzgado de hasta un 15% (antes era un 10%) de lo que se obtenga en cada una de las enajenaciones de los bienes y derechos que integran la masa activa, o de los pagos en efectivo que se realicen con cargo a la  misma.

También se excluye la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la garantía cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social tal y como prevé el artículo 149.2 LC.

Se añade también un apartado cuarto al artículo 155 LC, referente al pago de créditos con privilegio especial, por lo que, en aquellos supuestos de realización de bienes y derechos afectos a este tipo de créditos, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.

2.7. La calificación del concurso:

Finalmente, en tanto a la calificación del concurso, por un lado se dota de responsabilidad a los socios del concurso doloso, cuando medie dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia. Por otro lado, también se presumirá un concurso culpable cuando, salvo prueba en contrario, los socios o administradores se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de los créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles, y que todo ello hubiere frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación o de un acuerdo extrajudicial de pago.

3. Más información

Para más información acerca de la reforma y su contenido, véase el siguiente enlace: Contenido y novedades de la Ley 9/2015, de medidas urgentes en materia concursal


Fuentes: Nueva reforma Ley Concursal. Ley 9/2015, de medidas urgentes en materia concursal

Texto Ley Concursal Actualizado: Ley Concursal