Directiva europea sobre ciberseguridad

CyberSecurity

Guerra informática, guerra digital o ciberguerra: malware, gusanos, troyanos, spam o correo basura, phising o suplantación de identidad, son distintas formas de amenazas con las que convivimos en el mundo digital. Según la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, el 88% de las web maliciosas están en Europa y Norteamérica; el 80% de las empresas europeas han sufrido al menos un incidente cibernético en el último año, y los antivirus no son capaces de detectar el 50% de estos ataques.

Europa se ha dotado de una normativa que establece estándares comunes de seguridad cibernética e incrementa la cooperación entre los países de la UE, para hacer más fácil la protección de las empresas, y también para prevenir ataques en infraestructuras interconectadas, señalan los eurodiputados.

“Los fallos de seguridad en las redes a menudo tienen una faceta transfronteriza y, por tanto, afectan a más de un Estado miembro. Una estrategia de protección fragmentada nos hace vulnerables y representa un riesgo grave para Europa en su conjunto. Esta directiva fijará niveles comunes de seguridad e impulsará la cooperación entre países, lo que ayudará a evitar acciones contra infraestructuras interconectadas”, explicó el ponente parlamentario del texto, Andreas Schwab (PPE, Alemania).

Los países deberán designar “empresas esenciales”

La nueva normativa establece obligaciones para los “operadores de servicios esenciales” en sectores como el energético, del transporte, servicios sanitarios, banca y suministro de agua. Las autoridades nacionales deberán identificar a las compañías clave, usando criterios específicos, por ejemplo, si el servicio es clave para la sociedad y la economía y si un incidente podría generar perturbaciones en la distribución de ese servicio.

Algunos proveedores de servicios digitales –comercio en línea, motores de búsqueda y servicios en la nube- también tendrán que adoptar medidas para garantizar la seguridad de su infraestructura y deberán informar en caso de incidentes destacados a las autoridades. Las exigencias de seguridad y notificación son, no obstante, menos estrictas para estos operadores. Las micro empresas y las compañías pequeñas estarán exentas.

Mecanismos de cooperación paneuropea

La directiva prevé el establecimiento de un “grupo de cooperación” para intercambiar información y asistir a los países miembros en el desarrollo de sus herramientas de ciberseguridad. Cada Estado miembro tendrá que adoptar una estrategia en la materia.

Los países también tendrán que crear una red de equipos de respuesta ante incidentes de seguridad informática para gestionar riesgos y fallos, discutir cuestiones de seguridad transfronteriza y desarrollar respuestas coordinadas. La Agencia europea de seguridad en las redes (ENISA) desempeñará un papel clave en la aplicación de las nuevas normas, particularmente en el tema de la cooperación. El respeto a la protección de datos es fundamental, según se reitera en el texto.

Próximos pasos

Tras recibir el visto bueno del pleno, la directiva se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor veinte días después. Los Estados miembros tendrán 21 meses para trasladarla a la legislación nacional y seis meses más para identificar a los operadores de servicios esenciales.


FUENTE: Aprobada la primera directiva europea sobre ciberseguridad

Tabla cronológica de entrada en vigor de normas aprobadas recientemente

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La frenética actividad del final de esta legislatura exige tener en cuenta las fechas de entrada en vigor de las normas aprobadas. En la siguiente tabla aparecen las más relevantes ordenadas cronológicamente a partir de julio 2015:

Fecha Reforma
1 julio 2015

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorrismo

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

9 julio 2015

Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior
11 julio 2015

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público

15 julio 2015

Apdo. 10 del art. 2 y el apdo. 1 de la DD Única de laLey 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil

16 julio 2015

DT 13ª y DA 16ª de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

23 julio 2015

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (en general, ver su DF 21ª)

Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

30 julio 2015

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social

12 agosto 2015

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

17 agosto 2015

A partir del 17 de agosto de 2015 es aplicable elReglamento sucesorio europeo [Reglamento (UE) 650/2012], que cambia la clásica regla del art. 9 CCiv de que la sucesión se rige por la ley personal del causante determinada por su nacionalidad. El nuevo criterio general será el de la residencia habitual.

18 agosto 2015

Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional (excepto apdo. 1 de DF 1ª, el 30-7-2015)

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

Normas reguladoras de la adopción, del Capítulo III del Título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria

20 agosto 2015 Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil
1 septiembre 2015

DT 4ª y 10ª  de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

1 octubre 2015

Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España

15 octubre 2015

Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil

Nuevo régimen de subastas voluntarias y notariales (DF 21ª.2 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria)

21 octubre 2015

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

28 octubre 2015

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito

Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales

1 noviembre 2015

Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo

1 enero 2016

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (excepto DT 13ª y DA 16ª, el 16-7-2015; las DT 4ª y 10ª  el 1-9-2015; DF 9ª el 1-7 2016).

Disposiciones citadas en DF 14ª.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentascon las excepciones de su DF 14ª

10 enero 2016

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil

17 junio 2016

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas con las excepciones de su DF 14ª.

1 julio 2016

DF 9ª de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

1 abril 2017 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
30 junio 2017

Novedades de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria referidas a tramitación y celebración del matrimonio civil, etc. ex DF 2ª.3 a 5 de dicha norma.


FUENTE: Tabla cronológica de entrada en vigor de normas aprobadas recientemente

Cumplimiento de la prisión permanente revisable

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El vigente Código Penal introduce la pena de prisión permanente revisable como una pena privativa de libertad grave (CP art.33.2 y 35) que puede ser impuesta sólo en supuestos de excepcional gravedad -el asesinato cualificado, la muerte del Rey o del heredero, la muerte por atentado terrorista, la muerte del jefe de estado extranjero o persona internacionalmente protegida por tratado, y la muerte, agresiones sexuales o lesiones graves de una persona en delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad-.

En dichos supuestos, la pena de prisión permanente es preceptiva para el juez.

Respecto a su duración, el legislador no ha establecido un mínimo y un máximo, sino un contenido cerrado y único que puede provocar problemas en la determinación concreta de la pena -grado de ejecución, participación, aplicación de eximentes, atenuantes y agravantes-.

La introducción de la pena de prisión permanente exige la adaptación de la legislación penitenciaria para establecer de manera concreta su sistema de cumplimiento. Mientras se produce tal adaptación debe entenderse que, con carácter general, resulta de aplicación lo dispuesto en la LO 1/1979 general penitenciaria (LOGP) y en el Reglamento penitenciario (RD 190/1996), con las limitaciones y excepciones que establece el Código Penal.

1. Clasificación en tercer grado de tratamiento

 (CP art.36.1.3 y 78 bis redacc LO 1/2015; LOGP art.63 y 72.5.6; RP art.102.4)

Para acceder al tercer grado, se establecen una serie de requisitos, objetivos y subjetivos, más gravosos que los que se exigen a aquellos condenados a la pena de prisión no permanente.

Requisitos objetivos

Dentro de los que denominaríamos requisitos objetivos se encuentran principalmente los relativos al tiempo de cumplimento y la satisfacción de la responsabilidad civil:

a) Con carácter general, se exige haber cumplido 15 años de prisión efectiva. Se establece así un «periodo de seguridad» general sin posibilidad de individualizar según la gravedad y grado de ejecución del delito. No se contempla excepción alguna a dicho período, como sucede en la pena de prisión no permanente.

b) Excepcionalmente, haber cumplido 20 años de prisión efectiva, si se trata de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas (CP art.571 a 580).

c) En los supuestos de concursos se aplican los siguientes plazos (CP art.78 bis.1):

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d) Satisfacción de la responsabilidad civil. Por aplicación general de la legislación penitenciaria, para acceder al tercer grado también debería ser exigible el pago de la responsabilidad civil decretada en la sentencia (LOGP art.72.5).

Requisitos subjetivos

Entre los requisitos subjetivos se encuentran los siguientes:

a) En todo caso debe concurrir un pronóstico individualizado favorable de reinserción, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias. Para emitir dicho pronostico se deben tener en cuenta las siguientes variables:

– la personalidad del penado y antecedentes;

– las circunstancias del delito y relevancia de los bienes jurídicos afectados;

– la conducta durante el cumplimiento;

– las circunstancias familiares y sociales;

– los efectos que quepa esperar de la suspensión y medidas impuestas.

b) En los delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas (CP art.571 a 580), los condenados deben mostrar además signos inequívocos de haber abandonado la banda terrorista (LOGP art.72.6) y haber colaborado activamente con las autoridades, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes variables:

– impedir la producción de nuevos delitos;

– atenuar los efectos del delito;

– identificación, captura, procesamiento, obtención de pruebas.

c) Con carácter general, valorar si concurren las variables generales y específicas que contempla la legislación penitenciaria para poder acceder al tercer grado en régimen abierto durante el cumplimiento de la pena de prisión no permanente (LOGP art.63; RD 190/1996 art.102.4)

Procedimiento de concesión

Se atribuye al juez o tribunal sentenciador la competencia para valorar la concesión del tercer grado a aquellos condenados a la pena de prisión permanente revisable.

Deben ser oídos previamente el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias.

Esto conlleva ciertos problemas técnicos y materiales:

– primero debido a la falta de profesional especializado en los juzgados para realizar estos informes -pronóstico individualizado favorable de reinserción-; y

– segundo, por la falta de un seguimiento real y efectivo de los condenados ante la carencia de programas de tratamiento en los centros penitenciarios.

Supuestos excepcionales (CP art.36.3 redacc LO 1/2015)

Se contemplan dos supuestos excepcionales en los que se flexibilizan los requisitos para poder acceder al tercer grado:

1. Enfermedad grave con padecimiento incurable. Atendiendo a principios de humanidad y dignidad, así como a la escasa peligrosidad que una persona enferma representa, en el caso de condenados a pena de prisión permanente revisable, el juez o tribunal sentenciador puede concederles el tercer grado, oídos previamente el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y demás partes, sin exigir los requisitos del período mínimo de cumplimiento de la pena y de la satisfacción de la responsabilidad civil, según la práctica que ha operado hasta el momento en los supuestos de enfermos graves condenados a pena de prisión no permanente.

2. Septuagenarios. En estos casos también se flexibilizan los requisitos para acceder al tercer grado, atendiendo a motivos de humanidad y dignidad principalmente, amén del deterioro físico que las personas de edad avanzada pueden padecer, y valorando su escasa peligrosidad. Igual que en el caso anterior, se faculta al juez o tribunal sentenciador, oídos previamente el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y demás partes, a conceder el tercer grado, sin exigir un el requisito del período mínimo de cumplimiento (aunque el relativo a la exigencia o no de responsabilidad civil es más dudoso) según la práctica que ha operado hasta el momento en los supuestos de septuagenarios condenados a pena de prisión no permanente.

La práctica que ha operado hasta el momento en los supuestos de tercer grado a efectos de libertad condicional para enfermos graves condenados a pena de prisión no permanente, ha sido que, para acceder al tercer grado, sólo se ha tenido en cuenta la gravedad de la enfermedad, sin exigirse ni un período mínimo de cumplimiento ni la satisfacción de la responsabilidad civil (RD 190/1996 art.104.4 y 196; Instituciones Penitenciarias Instr 2/2005 EDL 2005/131144; Reunión JVP criterio 51). Del mismo modo en el caso de septuagenarios, aunque en este caso es más polémica la exigencia o no del pago de la responsabilidad civil.

Debe entenderse que tal práctica estaría avalada con el CP art.36.3 y, por tanto, los condenados a pena de prisión permanente revisable que sean septuagenarios o padezcan una grave enfermedad podrán también ser clasificados en tercer grado sin necesidad de haber cumplido un período mínimo de condenada y sin haber satisfecho la responsabilidad civil.

2. Permisos de salida

 (CP art.36.1 redacc LO 1/2015; LOGP art.47.1; RD 190/1996 art.154 s.)

El Código Penal agrava los requisitos exigibles a los condenados a la pena de prisión permanente revisable para poder disfrutar de permisos ordinarios, con respecto a lo establecido en la legislación penitenciaria, estableciendo un plazo mayor de cumplimiento.

Por otro lado, guarda silencio respecto a la posibilidad de disfrutar de permisos extraordinarios por los motivos previstos en la legislación penitenciaria, así como en relación a las salidas de fin de semana para los clasificados en tercer grado. Debe entenderse, en consecuencia, que si no se establece mención restrictiva alguna, los condenados a la pena de prisión permanente revisable podrían disfrutar de este tipo de permisos, extraordinarios y salidas de fin de semana, si reúnen los requisitos generales que establece la legislación penitenciaria.

Requisitos (CP art.36.1 redacc LO 1/2015; LOGP art.47; RD 190/1996 art.154.1)

El penado no puede disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido los siguientes plazos:

– como mínimo 8 años de prisión, con carácter general; y

– en los supuestos de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, como mínimo 12 años de prisión.

Se exige igualmente, según dispone la legislación penitenciaria, estar clasificado en segundo o tercer grado y observar buena conducta.

Procedimiento de concesión de los permisos (LOGP art 47.2: RD 190/1996 art.154, 160 a 162)

El Código Penal no hace alusión al procedimiento de concesión de los permisos, por lo que se entiende de aplicación el procedimiento previsto con carácter general en la legislación penitenciaria.

El Tribunal Constitucional ha establecido que el disfrute de permisos no constituye un derecho subjetivo a favor del recluso, lo cual implica en la práctica que, aunque se reúnan los requisitos indicados, ello no significa la concesión automática del permiso. No obstante, sí hay que motivar su denegación para no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Como fundamento práctico para la denegación del permiso se recurre a las variables de riesgo que manejan las juntas de tratamiento de los centros penitenciaros. Entre dichas variables encontramos: larga condena, lejanía del cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, gravedad delictiva y alarma social entre otras (Instituciones Penitenciarias Instr 1/2012). En los supuestos de personas condenadas a la pena de prisión permanente revisable concurren de manera especial dichas variables, por lo que en la práctica será muy difícil la concesión de un permiso.

3. Libertad condicional y suspensión de la pena

 (CP art.90 y 92 redacc LO 1/2015)

Se ha suprimido la figura penitenciaria de la libertad condicional, quedando absorbida por la suspensión de la pena, perdiendo su autonomía y convirtiéndose en una modalidad de suspensión. Se establece al respecto una regulación compleja que abarca desde la suspensión antes del inicio del cumplimiento de la pena hasta la suspensión del cumplimiento de la última fase de la condena, aunque en el supuesto de la pena de prisión permanente revisable se obvia esta posibilidad, con el fin de permitir la excarcelación definitiva tras su revisión (CP art.92.3)-, para que no termine siendo una pena perpetua, lo cual exige una reforma de la legislación penitenciaria en este sentido.

En este apartado corresponde preguntarse si los condenados a la pena de prisión permanente revisable pueden acceder a la nueva modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la condena y concesión de la libertad condicional prevista para la pena de prisión no permanente.

La técnica legislativa empleada, así como la indeterminación en la duración de la pena a cumplir, parecen resolver la duda en sentido negativo:

• Por un lado, la regulación de la suspensión de la ejecución del resto de la condena y la concesión de la libertad condicional se encuentra ubicada dentro de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión no permanente (CP art.90), quedando fuera la pena de prisión permanente al no haberse realizado una mención expresa.

• De otro lado, uno de los requisitos que se establecen para acceder a la libertad condicional es el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena; circunstancia imposible de calcular al desconocerse la duración de la pena, salvo que se entienda que la duración de este tipo de pena está sujeta a los límites previstos en el CP art.92.1.

Si se prevé, en cambio, la posibilidad de suspender la ejecución de la pena de prisión permanente con la finalidad de la excarcelación definitiva del penado (CP art.92). Para ello se establece un régimen general y diversos especiales, estableciendo según el caso diferentes requisitos.

Régimen general de suspensión (CP art.92.1 redacc LO 1/2015)

Dentro de este supuesto se encontrarían todos aquellos condenados a pena de prisión permanente revisable por un único delito, siempre que éste no se haya cometido en el seno de organizaciones criminales y no se trate de delitos relativos a organizaciones y grupos terroristas y terrorismo (CP art.571 a 580).

En dichos supuestos se exigen los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 25 años de su condena. En los supuestos de concursos se aplican los siguientes plazos (CP art.78 bis.2 y 3):

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2. Encontrarse clasificado en el tercer grado.

3. Que el tribunal, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por los especialistas del propio tribunal, determine la existencia de un pronóstico favorable de reinserción a la vista de:

– la personalidad del penado y sus antecedentes;

– las circunstancias del delito y la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito;

– la conducta durante el cumplimiento;

– las circunstancias familiares y sociales; y

– los efectos que quepa esperar de la suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que sean impuestas.

Régimenes especiales de suspensión (CP art.92.2 redacc LO 1/2015)

Se prevén dos casos especiales:

a) Si la condena es por varios delitos, además de los requisitos exigidos con carácter general, se exige que la valoración del pronóstico favorable de reinserción se realice del conjunto de todos los delitos.

b) Si se trata de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo (CP art.571 a 580), el penado debe mostrar además signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haber colaborado activamente con las autoridades para:

– impedir la producción de nuevos delitos;

– atenuar los efectos del delito;

– la identificación, captura y procesamiento de los responsables;

– la obtención de pruebas; o

– impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.

Estas circunstancias se pueden acreditar mediante la declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas, abandono de la violencia y petición expresa de perdón de las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten la desvinculación real de su organización terrorista, del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales y su colaboración con las autoridades.

Procedimiento de concesión (CP art.92.4 redacc LO 1/2015)

Se atribuye al juez o tribunal sentenciador la competencia para resolver sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable, el cual resolverá tras:

• Un procedimiento oral contradictorio.

• Con intervención del Ministerio Fiscal y del penado, asistido de letrado.

Asimismo, el juez o tribunal debe:

a) Verificar, al menos cada 2 años, y una vez extinguida la parte de la condena de 25 años o, en su caso, los requisitos para la progresión a tercer grado (CP art.78 bis), el cumplimiento del resto de los requisitos de la libertad condicional.

b) Resolver las peticiones de libertad condicional, pudiendo fijar un plazo de hasta un año en el cual no se dará curso a nuevas peticiones tras su rechazo.

Duración de la suspensión (CP art.92.3 redacc LO 1/2015)

La suspensión de la ejecución tiene una duración de 5 a 10 años, cuyo cómputo comienza desde la fecha de puesta en libertad del penado.

Modificaciones y revocación de la suspensión (CP art.92.3 redacc LO 1/2015)

La posibilidad de modificar la suspensión de la pena de prisión permanente revisable es competencia del juez o tribunal sentenciador, quien puede acordar durante la misma, la imposición de prohibiciones, deberes o prestaciones (de acuerdo con CP art.83).

Sin embargo, se atribuye al juez de vigilancia penitenciaria la facultad de revocar la suspensión cuando se ponga de manifiesto un cambio en las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión. En esta materia, por remisión expresa, resultan de aplicación algunas normas generales sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (CP art 80.1 párr 2º, 83, 86 y 87), pero debe entenderse que sólo en lo relativo a las circunstancias, prohibiciones y motivos de revocación de la figura de la suspensión de la pena de prisión no permanente, pues en lo que se refiere a la competencia para decretar la revocación, lo dispuesto en CP art.86 se contradice con el CP art.92.3.

Modalidades excepcionales de suspensión (CP art.92.3 redacc LO 1/2015)

Se hace una remisión expresa al régimen de la libertad condicional previsto para septuagenarios y enfermos graves (CP art.91). Debe entenderse, en consecuencia, que los condenados a pena de prisión permanente revisable pueden acceder por motivos humanitarios a las modalidades excepcionales de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional para septuagenarios y enfermos graves.

A pesar de que se utiliza el término «libertad condicional», en realidad no estamos ante esta figura penitenciaria -último período de cumplimiento de la pena de prisión según el sistema de individualización científica y encaminado a la integración social del penado-, sino que se trata del procedimiento necesario de revisión para que la pena no termine siendo una cadena perpetua. En el caso de la pena de prisión permanente revisable, la suspensión prevista en el CP art.92 tiene como objetivo la excarcelación definitiva, no la excarcelación anticipada a título de prueba de cara a la reeducación y reinserción del penado propia de la libertad condicional.


FUENTE: Aspectos sobre el cumplimiento de la prisión permanente revisable (CP art.33.2.a, 35, 36.1 y 3, 78 bis y 92 redacc LO 1/2015)

Entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Cuadros aclaratorios de su entrada en vigor, derogaciones, modificaciones y postulación.

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Hoy, 23 de julio, entra en vigor una buena parte de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, aunque no la totalidad de la norma.

Conforme a su disposición final 21.ª,  la Ley establece el siguiente calendario de entrada en vigor:

  1. Con carácter general, la presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, es decir, el 23 de julio de 2015.
  2. Sin embargo, varias de sus disposiciones lo harán en fechas posteriores:
  • El 15 de octubre de 2015 entrarán en vigor las disposiciones del Título VII de esta Ley que regulan las subastas voluntarias celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Capítulo V del Título VIII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado contenidas en la disposición final undécima, que establecen el régimen de las subastas notariales.
  • 30 de junio de 2017:  Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil.

Dado el contenido de esta disposición, a partir de hoy los menores de 16 años ya no podrán contraer matrimonio, pues los jueces han perdido la capacidad de dispensar el matrimonio de edad para los mayores de 14 años y menores de 16, anteriormente prevista en el artículo 48 del Código Civil.

  • 30 de junio de 2017  Las modificaciones del artículo 7 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España; las del artículo 7 de Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España; y las del artículo 7 de Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y séptimarespectivamente
  • 30 de junio de 2017 Las disposiciones de la Sección 1.ª del Capítulo II del Título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la disposición final undécima, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio.
  • Las disposiciones del Capítulo III del Título II de esta Ley, reguladoras de la adopción, que entrarán en vigor cuando entre en vigor la Ley de Modificación del sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia.


Hacer clic aquí para consultar la Ficha técnica de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria – Cuadro con descripción de la vigencia, derogaciones y modificaciones.

Hacer clic aquí para consultar la necesidad de Intervención de abogado y procurador en la Jurisdicción Voluntaria


Fuentes: Hoy entra en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria

El Senado aprueba definitivamente la Ley de Segunda Oportunidad

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La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, con competencia legislativa plena, ha dado luz verde a la Ley de Segunda Oportunidad.

La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, con competencia legislativa plena, dió luz verde a la Ley de Segunda Oportunidad con los votos del Grupo Popular en la Cámara Alta el pasado día 15 de julio.

Como no ha sufrido variaciones durante su paso por el Congreso, el texto pasa directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor.

El texto pretende ofrecer una posibilidad a las personas físicas y pymes sobreendeudadas de buena fe para que puedan retornar a la economía productiva y no tengan que arrastrar una deuda de por vida.

Revisa la fase de negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

En caso de que esta opción no prospere, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar en la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación siempre y cuando se hayan pagado los créditos no privilegiados, contra la masa y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Si no se ha podido cumplir esos objetivos, el juez puede imponer al deudor un plan de pagos a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euríbor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda.

No obstante, acogerse a esta opción supondrá también figurar durante cinco años en un registro público, que se complementará con una nueva página web del Ministerio de Economía donde se podrán consultar las situaciones de solvencia, pero de forma limitada.

Para evitar que la segunda oportunidad afecte a la cultura de pago de las deudas o encarezca los costes de financiación de familias y empresas, el Gobierno ha introducido ciertas salvaguardas, como limitar a diez años la frecuencia con la que se pueda acudir esta posibilidad, introducir el control jurisdiccional o reforzar las exigencia de buena fe, entre las que se cuentan no haber rechazado un puesto de trabajo apto en los últimos cuatro años.


FUENTE: El Senado aprueba definitivamente la Ley de Segunda Oportunidad

Justicia aprueba el proyecto de Estatuto del Administrador Concursal

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Desde la aprobación de la Ley 22/2003, Concursal, esta figura desempeña un papel esencial en el procedimiento concursal, cuyo resultado depende en gran parte de su actuación y por ello ha sido objeto de varias reformas, entre las que destacan las introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (que introdujo dos medidas fundamentales como la generalización de la composición unipersonal de la figura, frente a las tres personas que lo integraban con anterioridad y el reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal) y por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Precisamente sobre la base de los nuevos principios establecidos tras la reforma de la Ley 17/2014, este real decreto viene a desarrollar el estatuto de la administración concursal, y se centra en la regulación de los requisitos de acceso a la misma, su designación en función del tamaño de los concursos y el nuevo régimen de retribución.

1. Objetivo de la norma

Mejorar la eficiencia del sistema concursal a través de la profesionalización de la administración concursal.

Para ello:

  1. Se refuerzan los requisitos de acceso,
  2. Se determinan distintos elementos del nuevo sistema de designación,
  3. Se revisa el diseño del arancel de la administración concursal
  4. Se regula la nueva sección cuarta del Registro Público Concursal.

2. Requisitos de acceso a la administración concursal

El borrador de Estatuto mantiene las profesiones que ya venían siendo designadas para el desarrollo de esta función, pero admitiendo también a otros profesionales distintos de abogados, economistas y titulados mercantiles y auditores, siempre que cuenten con experiencia profesional en los ámbitos jurídico y económico.

El requisito básico para el ejercicio de la administración concursal pasa a ser el examen de aptitud profesional, cuya realización se encomienda a los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, así como al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a partir del ejercicio que se acuerdo por los expertos que se designan cada año.

Este examen cumplirá una función de garantía de la competencia, homogeneización de los requisitos de entrada y especialización de los administradores concursales, así como de profesionalización de esta actividad.

Este real decreto incluye una disposición transitoria en atención a la cual se determinará la exigencia o no de examen a los profesionales que hoy vienen desarrollando esta función.

La superación del examen de aptitud profesional, junto con la suscripción de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, posibilitarán la inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal.

3. Nueva clasificación legal de los concursos en función de su tamaño

Los criterios a los que se atiende para efectuar esa clasificación son el número de trabajadores empleados en la concursada, el número de acreedores, la estimación inicial de pasivo y del activo y la cifra de negocios.

No obstante, el tamaño no es la única variable que indica la complejidad del concurso, por lo que se prevén algunas especialidades. Por un lado, los concursos de las personas naturales que no lleven a cabo actividades empresariales o profesionales se consideran siempre concursos de pequeño tamaño. Por otro lado, la concurrencia de algunas circunstancias como que el deudor sea una entidad de crédito o de seguros o que esté sometida a supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores provocará que el concurso sea clasificado como de gran tamaño.

El nombramiento del administrador concursal en concursos de cada vez mayor tamaño vendrá dado por la experiencia en el desempeño de la función, a lo que se sumará en los concursos de gran tamaño la exigencia de contar con un equipo de trabajo adecuado a la complejidad que estos conllevan.

4. Arancel del administrador del administrador concursal

En el borrador de estatuto se prevé ajustar este arancel a los principios de limitación, efectividad y eficiencia, actualmente recogidos en artículo 34 de la Ley Concursal, con la finalidad de asegurar que los profesionales más cualificados tengan suficientes incentivos para desempeñar las complejas tareas del cargo, posibilitando al mismo tiempo que las cantidades que se perciban en concepto de retribución se ajusten a las tareas efectivamente realizadas por la administración concursal en atención también a la complejidad del concurso y la duración del procedimiento.

Estos nuevos principios se traducen en el establecimiento de un tope máximo de la retribución a percibir por la administración concursal por su intervención en el concurso de acreedores, sin más excepciones que las relativas a las cantidades complementarias cuya posibilidad de percepción, vinculada a casos taxativos, ya conocía el real decreto anterior como instrumento para incentivar la actuación del órgano en la reintegración de la masa activa y en la sección de calificación.

Además, se revisan algunos complementos retributivos y se rediseña el cálculo de la remuneración en la fase de liquidación.

Asimismo, en cumplimiento de las previsiones del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, se crea la cuenta de garantía arancelaria, con cargo a la cual se hará efectivo el pago de la retribución de la administración concursal en aquellos concursos sin masa o con masa insuficiente.

Esta cuenta de garantía arancelaria se dotará con las aportaciones obligatorias que se detraerán de un determinado porcentaje de las retribuciones percibidas por los administradores concursales.

5. Registro Público Concursal

El borrador de Estatuto prevé una amplia modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, que afectará a sus siguientes artículos:

  • Punto III del preámbulo (“La estructura del Registro Público Concursal es la que se establece en el artículo 198 de la Ley Concursal y consta de cuatro secciones…”)
  • Se modifica el artículo 4 añadiendo una nueva letra d) al apartado 1 (“d) Sección cuarta, de los administradores concursales y auxiliares delegados.”) y se modifica el apartado 2 (“2. La publicidad tanto de la primera como de la segunda sección permitirá realizar consultas en atención al nombre…”) y se incorpora los nuevos apartados 4 (“4. La sección cuarta incluirá la relación de los administradores concursales y auxiliares delegados que cumplan los requisitos…”) y 5 (“El Registro Público Concursal contará con un portal de liquidaciones concursales …”).
  • Se adiciona un nuevo apartado e) al artículo 6 (“e) Los datos relativos a los deudores que hubieren obtenido el beneficio de la exoneración del pasivo se cancelarán de oficio ,,,”)
  • Se modifica el apartado 1 del artículo 7 (“1. En la sección primera, de edictos concursales, del Registro Público Concursal se insertarán, ordenadas por deudor o concursado…”)
  • Se da nueva redacción al artículo 10. Contenido de la sección segunda del Registro Público concursal.
  • Se da una nueva redacción a los artículos 13. Remisión de información al Registro Público Concursal y 14. Publicidad del acuerdo extrajudicial de pagos y sus incidencias.
  • Se añade un nuevo Capítulo V. De la Sección cuarta de los administradores concursales y auxiliares delegados, integrado por los artículos 16. Contenido de la sección cuarta del Registro Público Concursal;  17. Solicitud de inscripción en el Registro Público Concursal;  18. Información que deben proporcionar los administradores concursales personas naturales; 19. Información a proporcionar al Registro por el administrador concursal persona jurídica; 20. Alta en la sección cuarta de los administradores concursales; 21. Actualización de datos de los administradores concursales; 22. Listas de la sección cuarta del Registro Público Concursal; 23. Designación como administrador concursal y 24. Baja en la sección cuarta del Registro Público Concursal.
  • Se añade un nuevo capítulo VI. Del portal de liquidaciones concursales, integrado por los artículo 25. El portal de liquidaciones concursales; 26. Remisión de información al portal de liquidaciones concursales; 27. Información a remitir al portal de liquidaciones concursales, y 28. Información sobre la liquidación de una empresa.
  • Se añade una nueva disposición adicional cuarta. El portal de venta de sociedades.

Finalmente el texto prevé el sistema transitoria para el nombramiento de los administradores concursales hasta que se instaure el turno rotatorio a partir de la sección cuarta del Registro Público Concursal, o la modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, regulador de esa nueva sección y del portal de liquidaciones.

6. Estructura de la norma

La futura norma se divide en 38 artículos, estructurados en cuatro Capítulos, uno preliminar (Objeto y ámbito de la norma) y los otros tres dedicados respectivamente a los Requisitos de acceso a la administración concursal (arts. 3 a 6), a la Designación de la administración concursal en función del tamaño del concurso (arts. 7 a 13) y al Régimen de retribución de la administración concursal (organizado a su vez en nueve secciones e integrado por los arts. 14 a 38).

La Disposición adicional única prevé una evaluación de resultados dentro de los tres años siguientes a la publicación de la norma.

La Disposición transitoria única establece el régimen transitorio para la designación de la administración concursal.

La Disposición final primera establece las modificaciones del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal.

La Disposición derogatoria única establece la derogación del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales.

El Anexo I establece los Porcentajes aplicables para la determinación de los derechos de los administradores profesionales en la fase común (artículo 17 del real decreto)

Y el Anexo II incorpora el Formulario de información del concurso del artículo 36.2 de este real decreto.

7. Entrada en vigor

El borrador prevé que la futura norma entre en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, la designación del administrador concursal por turno correlativo del listado de la sección cuarta del Registro Público Concursal entrará en vigor cuando así se determine por Orden del Ministro de Justicia, una vez que se haya definido dicho listado y las aplicaciones informáticas que permitan su correcto funcionamiento, en el plazo máximo de un año desde la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Próximos pasos

El texto será sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, como paso previo a la deliberación del Consejo de Ministros, que se prevé para septiembre próximo.


FUENTE: Justicia aprueba el proyecto de Estatuto del Administrador Concursal

EN VIGOR LA NUEVA LEY CONCURSAL

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El pasado 27 de abril de 2015 entró en vigor la Ley 9/2015 de medidas urgentes en materia concursal (anterior Ley 22/2003) que reforma la Ley Concursal, cuyo origen recae en la anterior reforma del Real Decreto-Ley 11/2014 del 5 de septiembre.

ÍNDICE

1. Introducción 

2. Principales modificaciones

    2.1. Los acuerdos de refinanciación

    2.2. La administración concursal en el ámbito laboral

    2.3. Comunicaciones electrónicas

    2.4. Convenio

    2.5. La constitución de junta

    2.6. El plan de liquidación

    2.7. La calificación del concurso

3. Más información

  1. INTRODUCCIÓN:

El objeto principal de esta reforma versa en consolidar los principios pro empresario de la ley 17/2014, así como facilitar la continuación de la actividad empresarial. En términos generales, pretende simplificar la estructura orgánica del concurso y viene a consolidar las modificaciones más relevantes de la anterior Ley 11/2014.

Se introducen modificaciones relevantes en diversos artículos de la Ley Concursal, de ahora en adelante LC, referentes a la calificación del concurso, los acuerdos de refinanciación y los planes de liquidación entre otras.

  1. PRINCIPALES MODIFICACIONES.
    2.1. Los acuerdos de refinanciación:

Siguiendo el orden que el mismo cuerpo legal nos propone, la primera de las modificaciones que nos encontramos es en relación a los acuerdos de refinanciación.

Se introduce reforma en el apartado cuarto del artículo 5bis que esclarece diversas cuestiones controvertidas en la redacción de la anterior Ley.

Ahora, el deudor, en la presentación de la comunicación deberá indicar qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio, y cuáles de ellas recaen contra bienes que considere necesarios  para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Una vez presentada dicha comunicación, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o bien extrajudiciales de dichos bienes o derechos que resulten necesarios para el deudor hasta que se den las circunstancias que se prevén en el art. 5.bis.4).

El juez que estuviere conociendo del caso, suspenderá las ejecuciones con la presentación de la resolución del Secretario Judicial dando constancia de la comunicación.

El mismo juez también resolverá ahora sobre las “controversias” que puedan surgir respecto del carácter necesario o no del bien para la continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor.

También quedarán suspendidas – o bien no podrán iniciarse – las ejecuciones singulares, ya sean judiciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos financieros, sobre cualesquiera otro bien o derecho del deudor, siempre que se acredite documentalmente que un porcentaje no superior al 51% de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones del acuerdo de refinanciación en cuestión.

Todo lo previsto respecto de los acuerdos de refinanciación será de aplicación siempre y cuando las partes se encuentren en el plazo de tres meses desde la comunicación al juzgado.

El artículo 71.6 LC también se modifica en aras a una protección frente a la rescisión de los acuerdos de refinanciación sujetos al pacto de sindicalización.

La presente reforma también incide en la disposición adicional cuarta, extrayendo de su redactado dos novedades relevantes. Por un lado, se modifica el apartado referido al 75% de acuerdos de sindicación.Y por otro, se precisa que, a efectos de determinar el valor razonable de los bienes dados en garantía, éste no podrá superar el valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiere pactado.

2.2. La administración concursal en el ámbito laboral:

Por lo que respecta a la nueva redacción del artículo 33.1.c) LC sobre la administración concursal en el ámbito laboral, interpretamos que se amplían las facultades de la misma en esta materia, pudiendo de tal forma, “intervenir” y “dar cumplimiento” a las resoluciones judiciales, no sólamente en los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo (cómo se estipulaba en la anterior redacción), sino también en los procedimientos de traslado colectivo, de despido colectivo, de suspensión de contratos y de reducción de jornada.

De la misma forma, también se amplían las competencias del juez mercantil conocedor del concurso en el ámbito laboral, pues ahora podrá conocer también de estos procedimientos.

2.3. Comunicaciones electrónicas:

Otra de las novedades recientemente introducidas por esta reforma es la “comunicación electrónica” al deudor y a los acreedores que hubiesen comunicado sus créditos y de los que conste su dirección electrónica. Para agilizar el procedimiento se implementa el uso de los medios telemáticos,como podemos ver en los artículos 95.1 y 2, que regula el informe de la Administración Concursal, 96.5 y 6 referente a la rectificación del inventario/listas o informes por razón de las impugnaciones presentadas, el 107.2 del escrito de evaluación de la Administración Concursal sobre la propuesta anticipada de convenio, el 115.2 sobre la propuesta de convenio, y los artículos 133.2 y 152.1 y 2 sobre la rendición de cuentas de la Administración Concursal una vez sea eficaz el convenio, y los informes sobre el estado de liquidación y  fijación del plazo de un mes para la presentación del informe final respectivamente.

2.4. Convenio: 

Las modificaciones referentes al convenio ofrecen cambios tanto en su redacción, como en el contenido sustantivo de sus preceptos.

Del art. 100 LC se deriva la ampliación del contenido del convenio, pues “podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alternativas o adicionales”.

En el art. 110 LC se regula el supuesto de mantenimiento o modificación de las propuestas no aprobadas.

Los arts. 123 y 124 LC se encargan de regular lo referente a las votaciones y mayorías necesarias para aprobar los convenios y propuestas de los mismos.

2.5. La constitución de junta:

Otro punto que también ha quedado reformado es el referente a los quorums de constitución de junta previstos en el art. 116.4 LC. Con la nueva redacción, dichos quorums quedan ampliados al computar para la constitución de junta, además de los acreedores que titulen créditos por importe de al menos un 50% del pasivo ordinario del concurso, los acreedores que representen, al menos un 50% del pasivo del concurso, pudiendo resultar afectado por el convenio, excluyendo los acreedores subordinados.

De este modo, la junta se dará por constituida aunque no se hubiera llegado a la mitad del pasivo ordinario.

Sobre los votos para la aprobación de convenio, se prevé que a efectos del cómputo de las mayorías del párrafo anterior – 50% del pasivo ordinario -, se consideran incluidos en el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta.

2.6. El plan de liquidación:

Otra de las modificaciones más relevantes es la que afecta al plan de liquidación. Ahora se da potestad al juez para poder ordenar la consignación en la cuenta del Juzgado de hasta un 15% (antes era un 10%) de lo que se obtenga en cada una de las enajenaciones de los bienes y derechos que integran la masa activa, o de los pagos en efectivo que se realicen con cargo a la  misma.

También se excluye la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la garantía cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social tal y como prevé el artículo 149.2 LC.

Se añade también un apartado cuarto al artículo 155 LC, referente al pago de créditos con privilegio especial, por lo que, en aquellos supuestos de realización de bienes y derechos afectos a este tipo de créditos, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.

2.7. La calificación del concurso:

Finalmente, en tanto a la calificación del concurso, por un lado se dota de responsabilidad a los socios del concurso doloso, cuando medie dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia. Por otro lado, también se presumirá un concurso culpable cuando, salvo prueba en contrario, los socios o administradores se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de los créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles, y que todo ello hubiere frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación o de un acuerdo extrajudicial de pago.

3. Más información

Para más información acerca de la reforma y su contenido, véase el siguiente enlace: Contenido y novedades de la Ley 9/2015, de medidas urgentes en materia concursal


Fuentes: Nueva reforma Ley Concursal. Ley 9/2015, de medidas urgentes en materia concursal

Texto Ley Concursal Actualizado: Ley Concursal

El Congreso aprueba definitivamente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

LOPJ

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La aprobación tuvo lugar tras la votación de las enmiendas introducidas por el Senado al texto originalmente aprobado por la Cámara, la que regula las condiciones del expurgo de documentos judiciales.

Según el ministerio de Justicia, esta reforma incorpora un amplio paquete de medidas para mejorar la organización de la Justicia, reduciendo los tiempos de respuesta de los órganos judiciales, obteniendo una mayor especialización de los órganos judiciales y prestando con ello un mejor servicio a los ciudadanos.

Reseñamos a continuación las principales novedade introducidas por esta reforma.

Organización judicial

La reforma elimina restricciones a la especialización de juzgados para la resolución de materias específicas que en un determinado momento ocasionan una elevada litigiosidad, al permitir que pueda hacerse con carácter temporal y que pueda tener ámbito provincial.

Por otro lado, para alcanzar un mayor equilibrio en las cargas de trabajo de los órganos judiciales de ámbito provincial de la misma clase, se establece que las Salas de Gobierno puedan modificar las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, Penal, de Menores, Vigilancia Penitenciaria, Contencioso-Administrativo o Social.

En causas penales complejas, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, cuando el órgano instructor lo solicite, la adscripción de uno o varios jueces, magistrados o letrados de la Administración de Justicia para realizar labores de colaboración, asistencia y asesoramiento, como medida para agilizar la tramitación de las causas.

Se introduce una nueva regulación de los Plenos para la unificación de criterios, con la finalidad de incrementar el grado de seguridad jurídica del sistema judicial.

Carrera judicial

Se prevé la posibilidad de que el CGPJ pueda convocar pruebas de especialización en materias distintas a las ya contempladas hasta ahora en la ley.

Se suprime la responsabilidad civil directa de los jueces y magistrados pero el ciudadano podrá ejercer la acción de responsabilidad patrimonial frente a la Administración por los daños y perjuicios causados por los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Se suprime la figura de los magistrados eméritos y de los suplentes en el Tribunal Supremo.

Los jueces y magistrados, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia (nueva denominación de los Secretarios Judiciales) podrán solicitar la prolongación en el servicio activo hasta los 72 años.

Por otro lado, se extiende la previsión contenida en la Ley General de la Seguridad Social que permite la aplicación de una cantidad adicional sobre la pensión de jubilación a los jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y otros servidores públicos, que habían quedado excluidos en la redacción de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Cuerpo de secretarios judiciales

Además del cambio de denominación del Cuerpo, que pasa a ser el de letrados de la Administración de Justicia, se les dota de nuevas competencias cuando las leyes procesales lo establezcan, como la mediación o la tramitación y, en su caso, resolución de procedimientos monitorios.

Además, se introduce un sistema profesional de sustituciones similar al previsto para la carrera judicial y un régimen disciplinario propio.

Mayor utilización de las nuevas tecnologías

La reforma recoge expresamente la obligación de Juzgados, Tribunales y Fiscalías de utilizar los medios técnicos y electrónicos puestos a su disposición. Asimismo, establece la obligatoriedad de cumplimiento de las instrucciones del CGPJ y de la Fiscalía sobre el uso de las nuevas tecnologías.

También se prevé la no transcripción de las actuaciones orales y de las vistas grabadas y documentadas en soporte digital.

Lucha contra la violencia de género

Se pretende alcanzar una mayor especialización de los órganos judiciales en la materia y una mejor respuesta a la víctima y para ello:

– En el ámbito organizativo, se favorece el conocimiento especializado por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer al permitir que el Gobierno, por Real Decreto, pueda acordar la extensión de jurisdicción de estos juzgados a dos o más partidos judiciales sin necesidad de llevar a cabo una reforma por ley.

– En el aspecto competencial, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasarán a conocer también los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de las mujeres así como el delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar.

– En cuanto a la atención a las víctimas se garantiza que existan equipos especializados en los Institutos de Medicina Legal.

– En el ámbito de la formación en materia de violencia de género, se regula con carácter específico para quienes vayan a ejercer jurisdicción en Juzgados de Menores y, en general, para todos los operadores jurídicos.

Recurso de casación

Se elimina la cuantía de 600.000 euros que la ley establecía hasta ahora como umbral mínimo para poder recurrir ante el Tribunal Supremo en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ese límite se sustituye por el concepto de interés casacional que abarca, por ejemplo, a las sentencias que incluyen a un gran número de afectados, las sentencias contradictorias o que dañen gravemente el interés general, y las sentencias que se aparten deliberadamente de la jurisprudencia existente.

Con esta novedad se pretende facilitar la formación de jurisprudencia aplicable en todo el territorio nacional y reforzar el recurso de casación como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho, a fin de incrementar las garantías en la protección de los ciudadanos.

Acceso de personas con discapacidad a la Administración de Justicia

Se incrementa del 5 al 7 por 100 el cupo para personas con discapacidad en la oferta pública de empleo para el personal al servicio de la Administración de Justicia. Por otro lado, se establece la obligación de adaptación de los tiempos y medios en los procesos selectivos de acceso a la carrera judicial y fiscal, así como del entorno laboral en el que van a desarrollar su actividad una vez superado el proceso.

Instituto de Medicina Legal

El nuevo texto incorpora la exigencia de la especialidad en Medicina Forense para el ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses. Además, se actualizan las funciones de estos profesionales y se adapta el régimen de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Obligación de transparencia de los miembros del CGPJ

Con el objetivo de alcanzar una mayor transparencia se regula, por primera vez, el deber de efectuar declaración de bienes y derechos por parte del presidente, los vocales y el secretario general del CGPJ.

Asimismo, en el ámbito de las actuaciones judiciales se establece la obligación de dar publicidad de la agenda de señalamientos del juzgado o tribunal mediante su publicación en lugar visible al público el primer día hábil de cada semana.


FUENTES: El Congreso aprueba definitivamente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Entra en vigor la reforma del Código Penal: puntos claves de la reforma

A partir del 1 de julio, entra en vigor una de las reformas más sustanciales y polémicas del Código Penal, la operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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El Código Penal sufre la reforma más profunda desde su aprobación en 1995. Concretamente, se modifican 252 artículos del Código Penal, se suprimen 32, se reforman 18 de la LECrim., uno de la Ley de Indulto, uno de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y se añade una disposición a la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE

Podemos dividir los aspectos más relevantes de la reforma del código penal, siguiendo la estructura del propio código, según hayan recaído en la parte general o en la parte especial.

PARTE GENERAL
1.  Derogación del Libro III («Faltas y sus penas») del Código Penal. La nueva categoría de «delito leve».

2. La «prisión permanente revisable».

3. Nuevas penas privativas de derechos: inhabilitación docente e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia.

4. Protección de la mujer y víctimas de violencia de género.

5. Personas con discapacidad.

6. Medidas de seguridad.

9. Libertad condicional.

10. Nueva regulación del decomiso.

11.  Antecedentes penales.

PARTE ESPECIAL
1. Homicidio y sus formas.

2. Secuestros y detenciones ilegales.

3. Delito de matrimonio forzado.

4. Delito de acoso.

5. Trata de seres humanos.

6. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y a la corrupción de menores.

7. Delitos contra la intimidad.

8. Delitos contra los sistemas de información.

9. Multirreincidencia: su tratamiento en delitos patrimoniales.

10.  Administración desleal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

11. Delitos de insolvencia punible.

12.  Delitos contra la propiedad intelectual.

13.  Delitos de corrupción en los negocios. 

14.  Coacciones en el entorno laboral.

15.  Delito contra la ordenación del territorio: demolición de la obra que atenta contra la legalidad urbanística.

16.  Los delitos contra los recursos naturales y contra el medio ambiente.

17. Delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos. Marisqueo furtivo. Maltrato de animales.

18. Delitos contra la seguridad colectiva.

19.  Incendios forestales.

20. Derecho penal de medicamentos. Adaptación del Convenio Medicrime.

21.  Usurpación de funciones públicas e intrusismo.

22.  Medidas de lucha contra la corrupción.

23.  Delito de inutilización o perturbación del funcionamiento normal de los dispositivos técnicos dispuestos para controlar el cumplimiento de las penas, medidas de seguridad o medida cautelar.

24.  Delitos de incitación al odio y a la violencia.

25.  Delitos contra el orden público: Atentados y Desórdenes públicos.

  • Para una lectura detallada de las referidas reformas en la parte general y especial del Código, consultar el siguiente enlace: 

Reforma CP 2015: Introducción

Reforma CP 2015: Parte General

Reforma CP 2015: Parte Especial I

Reforma CP 2015: Parte Especial II

  • Para una lectura sumaria acerca de las reformas efectuadas, a continuación se presentan 10 puntos esenciales de la reforma operada.

Los 10 puntos claves de la reforma del Código Penal de 2015

  1. Supresión de las faltas.
  2. Modificación de las penas y su aplicación.
  3. Nueva regulación del Decomiso.
  4. Administración desleal y apropiación indebida.
  5. Delitos contra la propiedad intelectual.
  6. Frustración en la ejecución.
  7. Nuevos delitos de corrupción en los negocios.
  8. Delitos contra la libertad sexual.
  9. Delitos de carácter público.
  10. Cuadro comparativo y esquema reforma.

1. Supresión de las faltas.

1.1. Creación de nuevos delitos leves (ver anteriores faltas) regulados en el Libro II.

Se suprime el Libro III relativo a las faltas. Algunas de ellas se incorporan en el Libro II reguladas como “delitos leves”.

La reducción del número de faltas o delitos leves está basada en el principio de intervención mínima, con la finalidad de descargar a los Tribunales de la tramitación de asuntos menores.

1.2. Modificación del plazo de prescripción.

El plazo de prescripción de las faltas pasa a ser de 1 año. Se suprimen las faltas de abandono así como la falta de hurto.

2. Modificación de las penas y su aplicación.

2.1. Prisión permanente revisable.

La pena de prisión permanente revisable podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad (asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad) y  sujeta a un régimen de revisión una vez se haya cumplido una parte de la condena – entre 25 y 30 años – y se acredite la reinserción del penado.

2.2. Agravación de las penas en sentido amplio.

Se agravan las penas de los delitos de homicidio cuando concurran circunstancias especialmente graves.

Se establecen agravaciones también cuando los hechos delictivos se cometan empleando violencia o intimidación, o si los abusos consistieran en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos.

También se revisa el catálogo de supuestos agravados de estafa regulados en el artículo 250 del Código Penal.

2.3. Suspensión y sustitución de la pena.

Se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad. Se concede a los Jueces o Tribunales mayor discrecionalidad para valorar los requisitos de la suspensión de la pena y se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño causado conforme a las posibilidades físicas y económicas del obligado.

2.4. Libertad condicional.

Pasa a ser una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. El tiempo de disfrute de la libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de la pena.

Se introducen nuevos supuestos de acceso a la libertad condicional.

2.5. Cancelación de los antecedentes penales.

Se simplifica el procedimiento de cancelación de antecedentes penales, suprimiendo la exigencia del informe del Juez o Tribunal sentenciador y el requisito de la constancia de pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado.

Se equiparan los antecedentes penales españoles a los correspondientes a condenas firmes de jueces o Tribunales de otros Estados de la UE.

3. Nueva regulación del Decomiso.

Se introducen modificaciones importantes para facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación y gestión de activos procedentes del delito.

Mediante la aplicación de la Directiva 2014/42/CE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito de la UE, quedan afectados los siguientes tipos:

3.1. Decomiso sin sentencia.

No tiene una naturaleza estrictamente penal, pues no hay una sanción impuesta, sino que responde al hito de “restitución del enriquecimiento injusto”.

3.2. Decomiso ampliado.

Los bienes o efectos decomisados van a provenir de otras actividades ilícitas del sujeto condenado. No es una sanción penal, sino que es más bien una institución por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilícita que ha dado lugar a la actividad delictiva.

3.3. Decomiso de bienes en poder de terceros.

Se introducen mejoras técnicas para incrementar la eficacia y seguridad jurídica en la aplicación de esta regulación.

4. Administración desleal y apropiación indebida.

4.1. Modificación de la rúbrica “De la administración desleal”.

Se crea una Sección 2ª. bis en el Capítulo VI del Título III del Libro II denominada “De la administración desleal”.

4.2. Sección diferenciada para los delitos de apropiación indebida.

En esta sección diferenciada no se va a incluir la administración desleal por distracción de dinero, que será un tipo autónomo. Por tanto, se establece una clara diferenciación de estos tipos.

4.3. Malversación, modalidad de administración desleal.

Se tipifica la malversación como supuesto de administración desleal de fondos públicos. Se incluyen dentro del ámbito de la norma otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público.

5. Delitos contra la propiedad intelectual.

5.1. Se agravan las penas para los tipos generales.

Se reajusta la respuesta penal a la valoración de la gravedad de la infracción cometida, y por tanto, se fija un marco penal más amplio que le ofrece al juez un margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad de la conducta.

5.2. Se tipifican nuevas conductas.

Se tipifican expresamente nuevas conductas por medio de las cuales se llevan a cabo infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los que derivan graves perjuicios.

6. Frustración en la ejecución.

6.1. Separación entre insolvencia y frustración de la ejecución.

Se establece una clara separación entre las conductas de obstaculización o frustración de la ejecución (alzamiento de bienes), y los delitos de insolvencia o bancarrota.

6.2. Inclusión de nuevas figuras delictivas.

Se incluyen dos nuevas figuras delictivas para contemplar la tutela penal de los procedimientos de ejecución; la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución por una parte, y el segundo tipo penal introducido es la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad.

6.3. El concurso punible o bancarrota.

El delito de concurso punible o bancarrota se configura como un delito de peligro, vinculado a una situación de crisis y perseguible cuando se declara efectivamente el concurso.

8. Nuevos delitos de corrupción en los negocios.

8.1. Creación de una nueva sección específica para los delitos de pago de sobornos y corrupción.

Se crea dentro del Capítulo XI del Título XIII del Libro II una nueva sección referida a los “Delitos de corrupción en los negocios” en el que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas.

8.2. Tipo agravado en el caso del cohecho.

Se incluye en la regulación un tipo agravado aplicable en los casos de especial trascendencia, y en el caso de cohecho.

8. Delitos contra la libertad sexual.

8.1. Nuevo tipo: el acoso.

Se introduce un nuevo tipo penal de acoso para dar respuesta a conductas de gravedad que no son ni coacciones ni amenazas.

8.2.  El matrimonio forzado.

Se tipifica ahora este nuevo delito en el apartado de coacciones, para dar respuesta a la persecución de los delitos que atentan contra los derechos humanos.

8.3.  Detención ilegal, secuestro y trata de seres humanos.

Se introduce una pena única en los supuestos de detención ilegal y secuestro y se introducen también supuestos agravados dependiendo de las circunstancias de la víctima.

También se modifica la regulación sobre la trata de seres humanos en atención a la trasposición de la Directiva 2011/36/UE.

8.4.  Mayores penas para los delitos de pornografía infantil.

La reforma eleva la edad del consentimiento sexual a los 16 años. Se establecen agravaciones en determinados supuestos.

Se castigan los actos de producción, difusión, mero uso o adquisición de pornografía infantil con penas más duras.

9. Delitos de carácter público.

Se introducen nuevos tipos encargados de regular los siguientes supuestos:

-Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.

-Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

-Malversación, sustracción de caudales o efectos públicos.

-Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

10. Cuadro comparativo y esquemas de los artículos reformados. 

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FUENTES:

La reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal

Publicada hoy en el BOE la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro Inmobiliario

Ha sido publicada en el BOE de 25 de junio de 2015 la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

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Las modificaciones introducidas por la reforma entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2015, aexcepción de determinadas medidas, entre las que se encuentra la prohibición de las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia Católica por el procedimiento especial, reservado a las administraciones públicas y que no exige título de dominio, que comenzarán a aplicarse desde el día siguiente de la publicación de la ley en el BOE.

Reseñamos los principales novedades incluidas en esta reforma

Objetivo de la reforma

La finalidad de esta Ley es incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y la simplificación de la tramitación administrativa, por medio de una mayor coordinación entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la propiedad.

Para ello se prevé la utilización de los elementos tecnológicos hoy disponibles para facilitar un intercambio fluido y seguro de datos entre ambas instituciones, obteniendo un mayor grado de acierto en la representación gráfica de los inmuebles.

La Ley define cuándo se entiende que existe concordancia entre la finca registral y la parcela catastral y cuándo se entiende que la coordinación se alcanza, y, al tiempo, establece las vías para dejar constancia registral y catastral de la coordinación alcanzada, así como para dar publicidad de tal circunstancia.

Estructura de la norma

La norma se estructura en dos artículos,cinco disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cinco disposiciones finales.

El artículo 1 se refiere a las modificaciones que se introduce en la Ley Hipotecaria y el 2 a la del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Novedades en la Ley Hipotecaria

La Ley modifica los artículos:

– 9 (“El folio real de cada finca incorporará necesariamente el código registral único de aquélla. Los asientos del Registro contendrán la expresión de las circunstancias relativas al sujeto, objeto y contenido de los derechos inscribibles según resulten del título y los asientos del registro, previa calificación del Registrador. A tal fin, la inscripción contendrá las circunstancias siguientes…:)

– 10 (“1. La base de representación gráfica de las fincas registrales será la cartografía catastral, que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad…”)

– 11 (“En la inscripción de los contratos en que haya mediado precio o entrega de metálico, se hará constar el que resulte del título, así como la forma en que se hubiese hecho o convenido el pago, debiendo acreditarse los medios de pago utilizados, en la forma establecida en los artículos 21, 254 y 255 de esta Ley…”)

– 198 (“La concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica extrarregistral se podrá llevar a efecto mediante alguno de los siguientes procedimientos:…”)

Según la exposición de motivos de la norma: “Se incorporan a la reforma los procedimientos registrales que puedan afectar a las realidades físicas de las fincas, como los de inmatriculación –tanto de los particulares como de las Administraciones–, deslindes, excesos o rectificaciones de cabida, a los que se refieren los artículos 198 y siguientes de la Ley Hipotecaria. …

Las modificaciones que se introducen en los procedimientos regulados en los artículos 198 a 210 de la Ley Hipotecaria tienen como objeto, por una parte, la desjudicialización de los mismos eliminando la intervención de los órganos judiciales sin merma alguna de los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que siempre cabrá por la vía del recurso, y por otra parte, su modernización, sobre todo en las relaciones que han de existir entre Notarios y Registradores y en la publicidad que de ellos deba darse.”

– 199 (“1. El titular registral del dominio o de cualquier derecho real sobre finca inscrita podrá completar la descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y delimitación gráfica y, a través de ello, sus linderos y superficie, mediante la aportación de la correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica…”)

En este artículo se regula el procedimiento de incorporación al folio registral de la representación gráfica catastral, así como el procedimiento para posibilitar al interesado la puesta de manifiesto y rectificación de la representación catastral si esta no se correspondiese con la de la finca registral; en ambos casos con salvaguarda de los derechos de los colindantes.

–  200 (“El expediente de deslinde de fincas inscritas deberá tramitarse ante Notario hábil para actuar en el distrito notarial en donde radiquen las fincas o en cualquiera de los distritos notariales colindantes a dicho distrito…”)

– 201 (“1. El expediente para rectificar la descripción, superficie o linderos de cualquier finca registral se tramitará siguiendo las reglas prevenidas en el artículo 203, con las siguientes particularidades:…”)

Este artículo regula el expediente para la rectificación de la descripción, superficie y linderos de las fincas sobre la base del que a continuación se establece para la inmatriculación, salvo los casos en los que, por su poca entidad, se considera no ser este necesario. La inmatriculación de las fincas se llevará a cabo mediante el expediente de dominio que se regula de forma minuciosa sin intervención judicial. Este expediente sustituye al judicial regulado por el anterior artículo 201 de la Ley Hipotecaria y, según la exposición de motivos de la norma, se caracteriza por su especial preocupación por la defensa de los derechos de todos los posibles afectados.

–  202 (“Las nuevas plantaciones y la construcción de edificaciones o asentamiento de instalaciones, tanto fijas como removibles, de cualquier tipo, podrán inscribirse en el Registro por su descripción en los títulos referentes al inmueble, otorgados de acuerdo con la normativa aplicable para cada tipo de acto, en los que se describa la plantación, edificación, mejora o instalación. En todo caso, habrán de cumplirse todos los requisitos que hayan de ser objeto de calificación registral, según la legislación sectorial aplicable en cada caso….”)

– 203 (“1. El expediente de dominio para la inmatriculación de fincas que no estén inscritas en el Registro de la Propiedad a favor de persona alguna se tramitará con sujeción a las siguientes reglas:…”)

–  204 (“Además del procedimiento prevenido en el artículo anterior y la posibilidad de inscripción de los títulos previstos en los artículos 205 y 206, podrá obtenerse también la inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad en los siguientes supuestos:…”)

–  205 (“Serán inscribibles, sin necesidad de la previa inscripción y siempre que no estuvieren inscritos los mismos derechos a favor de otra persona, los títulos públicos traslativos otorgados por personas que acrediten haber adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes de dicho otorgamiento también mediante título público, siempre que exista identidad en la descripción de la finca contenida en ambos títulos a juicio del Registrador y, en todo caso, en la descripción contenida en el título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe ser aportada al efecto….”)

–  206 (“1. Las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aquéllas podrán inmatricular los bienes de su titularidad, mediante la aportación de su título escrito de dominio, cuando dispongan de él…”)

Según la exposición de motivos de la reforma “El artículo 206 se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público. Es destacable la desaparición de la posibilidad que la legislación de 1944-1946 otorgó a la Iglesia Católica de utilizar el procedimiento especial que regulaba aquel artículo. La autorización para que la Iglesia Católica utilizara aquel procedimiento ha de situarse en un contexto socioeconómico muy diferente del actual, influenciado aún por los efectos de las Leyes Desamortizadoras –a las que el

– 207 (“Si la inmatriculación de la finca se hubiera practicado con arreglo a lo establecido en los números 1.°, 2.°, 3.° y 4.° del artículo 204, el artículo 205 y el artículo 206, los efectos protectores dispensados por el artículo 34 de esta Ley no se producirán hasta transcurridos dos años desde su fecha. Esta limitación se hará constar expresamente en el acta de inscripción, y en toda forma de publicidad registral durante la vigencia de dicha limitación.”)

– 208 (“La reanudación del tracto sucesivo interrumpido se realizará en expediente tramitado con arreglo a las siguientes reglas:…”)

– 209 (“1. La subsanación de la doble o, en general, múltiple inmatriculación de una misma finca o parte de ella en folios registrales distintos tendrá lugar a través de expediente que se tramitará con sujeción a las reglas siguientes:…”)

– 210 (“1. El titular registral de cualquier derecho que registralmente aparezca gravado con cargas o derechos que hayan quedado legalmente extinguidos por prescripción, caducidad o no uso podrá solicitar la cancelación registral de los mismos, a través de expediente de liberación de cargas y gravámenes, tramitado con sujeción a las siguientes reglas: …”)

Novedades en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

Se modifican los artículos:

3, apartado 1 (“1. La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero. Cuando los inmuebles estén coordinados con el Registro de la Propiedad se incorporará dicha circunstancia junto con su código registral.»

5, apartado 2 (“2. En cada municipio podrá constituirse una junta pericial para intervenir, como órgano de asesoramiento, apoyo y colaboración, en la tramitación de los procedimientos catastrales que afecten a bienes inmuebles rústicos. La composición y funciones de las juntas periciales se regularán reglamentariamente.”)

6, apartado 2 (“2. Tendrán también la consideración de bienes inmuebles: …”)

7, apartado 2, letra b) (“b Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.”)

9 (“Titulares catastrales y representación”)

11, nuevo apartado 3 (“3. En caso de fincas que hayan sido objeto de coordinación conforme a la legislación hipotecaria, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la descripción gráfica coordinada, salvo que la fecha del documento por el que se produce la incorporación al Catastro sea posterior a la de la coordinación.”)

13 (“1. Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles…”)

14 Se modifican las letras a) y d) y se añade una nueva letra e) (“a) La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir conforme a lo dispuesto en el artículo 36, en cuanto se refiera a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o consolidación de la propiedad …”)

15 (“Procedimiento de incorporación mediante solicitud”)

16, apartado 2, letras e) y f) (“e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie….”)

18, apartado 2, letras c) y d), apartado 3 y nuevo apartado 4 (“c) Si los otorgantes le manifestaran la existencia de una discrepancia entre la realidad física y la certificación catastral, el notario solicitará su acreditación por cualquier medio de prueba admitido en derecho…”)

24 (“1. La determinación del valor catastral, salvo en los supuestos a los que se refieren las letras c), d), g) y h) del apartado 2 del artículo 30, se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores…”)

26, apartado 2, letra b) (“b) Parciales, cuando se circunscriban a los inmuebles de una misma clase de alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas, o a inmuebles con características constructivas que requieran su valoración singularizada de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.”)

27, apartado 3 (“3. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se publicarán por edicto en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro…”)

29, apartado 1 (“1. Los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores, excepto cuando se trate de una ponencia de valores parcial de ámbito nacional que se circunscriba a inmuebles urbanos o rústicos con características constructivas que requieran su valoración singularizada…”)

– 30 (“1. El procedimiento simplificado se iniciará mediante acuerdo que se publicará por edicto en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro y no requerirá la elaboración de una nueva ponencia de valores…”)- 36, apartado 2 (“2. Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar al Catastro Inmobiliario, en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuantos datos o antecedentes relevantes para su formación y mantenimiento sean recabados por éste …”)

53, apartado 1, letra b) (“b) Para la identificación y descripción de las fincas, así como para el conocimiento de las alteraciones catastrales relacionadas con los documentos que autoricen o los derechos que inscriban o para los que se solicite su otorgamiento o inscripción, por los notarios y registradores de la propiedad …”)

Disposición adicional cuarta (“Valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico”)

Disposición transitoria primera, apartados 1 y 2 (“1. La clasificación de bienes inmuebles rústicos y urbanos establecida por esta Ley será de aplicación a partir del primer procedimiento de valoración colectiva de carácter general que se realice con posterioridad al 1 de enero de 2003 …”)

Disposición transitoria segunda (“1. Lo establecido en el Título II de esta Ley para la determinación del valor catastral queda en suspenso respecto a los bienes inmuebles rústicos hasta que mediante ley se establezca la fecha de su aplicación….”)

Disposición transitoria séptima (“Régimen transitorio para la aplicación de la modificación de la letra b) del apartado 2 del artículo 7”).

Otras modificaciones

La Ley modifica también el  apartado 3 del artículo 37 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas

La Ley deroga

Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de noviembre de 2015.

No obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación los siguientes preceptos:

a) El apartado doce del artículo primero de esta Ley que da nueva redacción al artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

b) El artículo segundo de esta Ley, que modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

 c) El apartado 2 de la disposición derogatoria única.

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