Intervención de Abogado y Procurador en desahucio y otros verbales por materia

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Hay problemas jurídicos, dudas e incertidumbres en la aplicación de la normativa procesal que surgieron de forma inmediata con la aprobación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero.

Problemas que la doctrina e interpretación jurisprudencial tardaron días en poner de manifiesto y que sin embargo nuestro Legislador no ha abordado en quince años, propiciando interpretaciones contradictorias de nuestros Tribunales.

Uno de estos problemas  es si es precisa o no la intervención de Abogado y Procurador en los juicios verbales por razón de la materia que recoge el art. 250.1 LEC en sus trece apartados.

Hasta ahora, la regulación que sobre la intervención de Abogado y Procurador que hacen los arts. 23 y 31 LEC es la siguiente.

Dispone el primero de ellos en cuanto a la intervención del Procurador:

“1. La comparecencia en juicio será por medio de Procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio.2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos:1.º En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley”.

Igualmente en cuanto a la defensa por medio de Letrado determina el art. 31:

“1. Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.2. Exceptúanse solamente:1.º Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley”.

Dichos preceptos llevaban a confusión: ¿que se entiende para poder aplicar la excepción como “verbales cuya cuantía no supere los 2000 euros”? ¿todos los verbales? ¿sólo los verbales por cuantía del art. 250.2? ¿se excluían los verbales por materia de los trece apartados del art. 250.1?

En la jurisprudencia a favor de la obligatoriedad encontramos la AP Barcelona, Sec. 4.ª, 362/2014, de 17 de septiembre (SP/SENT/796544) o AP Vizcaya, Sec. 3.ª, 191/2008, de 10 de abril (SP/AUTRJ/166123) AP Valencia, Sec. 7.ª, 577/2007, de 24 de octubre (SP/SENT/147063), AP Lleida, Sec. 2.ª, 337/2006, de 31 de octubre (SP/SENT/108055), AP Córdoba, Sec. 1.ª, 208/2006, de 16 de mayo (SP/SENT/101517). Pero también las hay en contra, por ejemplo la AP Madrid, Sec. 11.ª, 21/2013, de 10 de enero (SP/SENT/707342).

El Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (121/000133) que actualmente ha sido aprobado por el Senado y que en segunda vuelta vuelve al Congreso para ratificación de las enmiendas introducidas por la Cámara Alta nos proporciona la solución.

La nueva redacción de ambos preceptos excepciona la representación y defensa técnica tan sólo en los verbales por cuantía del art. 250.2 pero no en los verbales por materia del art. 250.1 determinando que no será preciso la intervención en los “juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no supere los 2.000 euros”.