El Supremo se pronuncia sobre los efectos de la incomparecencia del procurador en el acto de la vista

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La inasistencia del procurador al acto del juicio, cuando le consta el señalamiento y no alega causa justificada para ello, podrá comportar incumplimiento de deberes profesionales de carácter estatutario y de las obligaciones propias de la relación de apoderamiento, pero no puede privar al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando el mismo está presente y asistido técnicamente por abogado.

Así lo ha establecido el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en una sentencia de fecha 15 de junio de 2016 (sentencia número 402/2016, ponente señor Salas Carceller),resolviendo un caso en el que la inasistencia injustificada del procurador de los demandantes al acto del juicio, al que sí compareció su abogado, determinó la celebración del juicio sin tener por comparecidos a dicho actores.

Incomparecencia injustificada del procurador de los actores

En el caso enjuiciado, ante la incomparecencia de la procuradora de la parte actora (no así de esta y de su abogado, que sí se encontraban presentes), la juez de primera instancia tuvo por incomparecida a la actora, practicándose únicamente la prueba documental propuesta por la parte demandada y no la que había sido admitida a los demandantes, a los cuales no dejó intervenir.  A continuación se dictó sentencia por el Juzgado por la que desestimó la demanda sin imposición de costas.

Interpuesto por los demandantes recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, fue desestimado por la Audiencia Provincial de Alicante que consideró, en primer lugar, que no se había tenido  “por incomparecida a la parte actora de manera automática sino que se concedió un tiempo a la parte para intentar la comunicación con la Procuradora para conocer y justificar la razón de la incomparecencia. Transcurrido el tiempo concedido, al no dar justificación alguna sobre la incomparecencia de la Procuradora, se procedió a la celebración del juicio sin tener por comparecida a la parte actora”.

Además, no aprecia la concurrencia de fuerza  fuerza mayor (artículo 183.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) prevista como causa de suspensión y de nuevo señalamiento del juicio la supuesta enfermedad alegada por la Procuradora mediante escrito presentado al día siguiente pues el parte médico que acompaña está expedido a las 22,19 horas del día 26 de julio cuando el juicio estaba previsto ese mismo día a las 9,00 horas en el que se indica que padece “desde hace 24 hs inicia dolor abdominal intenso tipo cólico”. No se acredita suficientemente la existencia de causa de fuerza mayor pues no estaba impedida la Procuradora para comunicar al Juzgado al momento de la celebración del juicio su imposibilidad para asistir al mismo o, al menos, haber informado con anterioridad al Letrado de las razones de su incomparecencia.”

Por ello, la AP concluye que “si se tuvo por incomparecida a la parte actora en el acto del juicio no procedía la práctica de las pruebas personales propuestas por aquélla (interrogatorio del legal  representante de la demandada y de una testigo) porque no podía formular preguntas el Letrado de la parte actora y porque la parte demandada no tenía interés en su práctica al haberlas considerado inútiles ya en el acto de la audiencia previa donde recurrió en reposición su admisión.”

Necesidad de valorar la proporción de la medida

El TS estima el recurso de casación por infracción procesal, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes.

En concreto, el FD segundo comienza destacando que la “norma del artículo 432 LEC –que se considera infringida- es clara al requerir la presencia de procurador y letrado para que la comparecencia de la parte en el juicio pueda entenderse correctamente efectuada.”

No obstante, añade que ante una situación como la que se dio en el caso en que, sin conocimiento de la causa motivadora por la parte ni por su abogado, no comparece la procuradora y no es posible su localización, “es preciso determinar si resulta proporcionada, y acorde con los derechos constitucionales de tutela judicial y defensa en juicio, la consecuencia de tener por no presente a la parte y privarle de cualquier intervención, incluida la práctica de la prueba que se le había admitido y que podía llevarse a cabo en ese momento sin detrimento alguno de derechos para la contraria.”

Deberes profesionales del procurador y posibilidad de defensa en juicio

Y es que, razona la Sala, dicha inasistencia del procurador al acto del juicio, “cuando le consta el señalamiento y no alega causa justificada para ello, podrá comportar incumplimiento de deberes profesionales de carácter estatutario y de las obligaciones propias de la relación de apoderamiento, con las consecuencias a que haya lugar –incluso el artículo 553-3º LOPJ prevé la incomparecencia como generadora de posible responsabilidad disciplinaria exigible por el tribunal- pero no ha de suponer la privación al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando el mismo está presente y asistido técnicamente por abogado.”

A la misma conclusión la lectura del art. 188 LEC, regulador de la suspensión de vistas, cuyas previsiones respecto de la «muerte, enfermedad, imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte», no está previsto que provoquen la suspensión de la vista cuando afectan al procurador y no al abogado.

“Si el tribunal considera imprescindible en el caso dicha presencia siempre puede instar a la parte a que se lleve a cabo la sustitución por otro procurador en los amplios términos que permite el artículo 29 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, incluso sin necesidad de apoderamiento previo, como también prevé el artículo 543.4 LOPJ”

Reposición de actuaciones al momento de celebración del juicio

Por tanto, concluye la Sala, ante la incomparecencia de la procuradora de los actores, “cabía a la juzgadora de primera instancia adoptar distintas soluciones [sin embargo] optó finalmente por la más perjudicial para los derechos de la parte demandante, que quedó indefensa al no poder practicar la prueba que le había sido admitida, ya que se le tuvo por no comparecida.”

En consecuencia, el TS ordena la anulación de la resolución recurrida así como de la sentencia de primera instancia, reponiendo las actuaciones al momento previo a la celebración del juicio en primera instancia a efectos de que se haga un nuevo señalamiento para su celebración con respeto a los derechos constitucionales y procesales de las partes.


FUENTE: La inasistencia del procurador al acto del juicio no determina necesariamente que se dé por no comparecido a su representado

SENTENCIA COMPLETA: STS 402/2016 de 15 de junio de 2016

Ganar las costas procesales tributa por IRPF

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Ganar una sentencia en los juzgados sale caro a la hora de hacer la declaración de la Renta de 2015. Según advierten los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el nuevo criterio adoptado hace poco más de un mes por la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) respecto a las sentencias judiciales conlleva mayores cargas fiscales para los contribuyentes a los que la Justicia haya dado la razón.

En concreto, la determinación tomada por la AEAT no solo afecta a los preferentistas, como ya informó Gestha, sino que cualquier ciudadano al que una sentencia judicial reconozca el abono de las costas, tanto por ganar el pleito como por temeridad procesal de la parte contraria, tendrá que incluir el importe de las costas en la base liquidable general del IRPF, aumentando la progresividad de los sueldos, pensiones, resultados de los autónomos o alquileres declarados.

Qué dice la DGT

Las numerosas consultas sobre sobre las implicaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la declaración de nulidad de la compra de participaciones preferentes, han dado lugar a diversas resoluciones vinculantes de la DGT que establecen el criterio a seguir.

En primer lugar, la declaración de nulidad de la obligación del pago de los intereses afecta a la declaración de los mismos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que puede motivar una solicitud de rectificación de autoliquidación a efectos de obtener, en su caso, la devolución de ingresos indebidos por el impuesto satisfecho correspondiente a los intereses anulados.

Para ello, debe tenerse en cuenta que el Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo (BOE de 15 de mayo), ha añadido en su artículo 15, con efectos desde 1 de enero de 2013, una nueva disposición adicional cuadragésima cuarta a la Ley 35/2006 y en el apartado 4 establece:

“4. Los titulares de deuda subordinada o participaciones preferentes cuyos contratos hubiesen sido declarados nulos mediante sentencia judicial, que hubiesen consignado los rendimientos de las mismas en su autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán solicitar la rectificación de dichas autoliquidaciones y solicitar y, en su caso, obtener la devolución de ingresos indebidos, aunque hubiese prescrito el derecho a solicitar la devolución.

Cuando hubiese prescrito el derecho a solicitar la devolución, la rectificación de la autoliquidación a que se refiere el párrafo anterior solo afectará a los rendimientos de la deuda subordinada y de las participaciones preferentes, y a las retenciones que se hubieran podido practicar por tales rendimientos“.

Con respecto a los intereses indemnizatorios y el abono de las costas procesales reconocidas por sentencia judicial, los ciudadanos deben saber que: los intereses indemnizatorios tributan como ganancia patrimonial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006. Además, una vez restituido lo invertido en preferentes, la ganancia patrimonial incluirá la devolución de las costas procesales.

Así, por ejemplo, en la reciente resolución del órgano administrativo en la consulta vinculante V0675-16, de 18 de febrero, la consulta planteada por un preferentista al que se le reconoció por sentencia judicial la nulidad de la compraventa de dichas acciones, se aclara:

los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario.

En consecuencia, los intereses legales objeto de consulta han de tributar como ganancia patrimonial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006:

Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.

En cuanto a en cuanto al  pago de las costas procesales, señala:

la incidencia tributaria para este último viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto“.

Se imputarán al período impositivo en que la sentencia adquiera firmeza

La DGT (consulta vinculante V0675-16, de 18 de febrero) ha establecido al respecto que, la alteración patrimonial correspondiente a los intereses legales se entenderá producida con la propia sentencia que establezca su pago, pues su cuantificación ya queda limitada a la fecha de la sentencia. Lo que a su vez conlleva su imputación temporal al período impositivo de adquisición de firmeza de la sentencia, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de la Ley 35/2006.  Por tanto, satisfechos, se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza

Los gastos de abogado no son deducibles

Además, estos contribuyentes tampoco podrán deducirse los gastos de abogado y procurador realmente asumidos durante el proceso. Para la AEAT, estos gastos jurídicos son “gastos debidos al consumo”, un argumento que olvida que las costas judiciales tienen un carácter restitutorio de los gastos objetivamente necesarios para la defensa en los tribunales.

En opinión de los Técnicos de Hacienda, una cosa es tributar porque el exceso de las costas superen a los gastos jurídicos realmente incurridos y otra muy diferente es tributar por el 100% de las costas sin posibilidad de deducir lo pagado a abogados y procuradores. Además, en muchos casos, los abogados son los que cobran directamente las costas de la parte contraria, por lo que los clientes que han ganado el pleito desconocen el importe de las costas abonadas, lo que hace muy difícil que puedan declararlas en su IRPF.

Sanciones

No declarar el importe de las costas supone que la AEAT podrá reclamar las cuotas “defraudadas”, los intereses de demora e imponer una sanción mínima del 50% sobre la cuota descubierta, que en el caso de que se esté conforme y se pague en plazo quedaría en una sanción del 26,25%. Por ello, Gestha reclama a la Dirección General de Tributos que reconsidere el criterio y permita a estas personas que puedan deducir los importes de los honorarios de sus abogados y procuradores y de aquellos gastos que hayan sido necesarios para su defensa en el juicio.

Un millón y medio de afectados

Esto supone un varapalo para muchos ciudadanos, pues los juzgados españoles dictan alrededor de un millón y medio de sentencias al año, sobre todo en procesos civiles, penales y laborales, además de 150.000 sentencias más que resuelven recursos contra las administraciones públicas, en las que desde 2011 se declaran las costas en primera instancia.

En este sentido, cabe aclarar quién debe hacer frente a las costas judiciales según el tipo de proceso. Por ejemplo, en los procesos civiles la regla general es que sufraga las costas a quien se le desestiman todas sus pretensiones, con la salvedad de que en algunos asuntos de los juzgados de familia debe añadirse que quien ha perdido el juicio ha actuado con mala fe o temeridad.

En los procesos penales, las sentencias incluyen un pronunciamiento expreso sobre las costas, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este importe incluiría los honorarios de abogados, procuradores y peritos, indemnizaciones a testigos y demás gastos asumidos durante el proceso. Por su parte, en las causas laborales no existe una condena de costas como regla general, pero si el condenado es el empresario debe abonar las costas de la parte contraria hasta un límite de 600 euros. Por último, en los procesos contencioso-administrativos la ley aplica de forma automática el criterio de vencimiento.


 Fuente: Hacienda recuerda que ganar las costas procesales tributa por IRPF

El TS limita a 25 folios la extensión de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera

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La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado unas normas que establecen la extensión máxima, el formato y la estructura, de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de dicho Tribunal, así como de los escritos de oposición a dichos recursos.

Estas normas, que serán aplicables a partir del próximo 22 de julio, limitan a “50.000 caracteres con espacio” -el equivalente a 25 folios- la extensión de estos  escritos.

Justificación de la medida

Estas normas, aprobadas por unanimidad el pasado 20 de abril, se justifican con motivo de “la notable ampliación de las resoluciones judiciales que tendrán acceso al recurso de casación, en los términos señalados en el art. 86 de la LJCA” tras la reforma introducida en la misma por la LO 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ, y en el “previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo”, que exigirán “un notable esfuerzo por su parte y la imprescindible colaboración de los profesionales que acudan a este tribunal”.

Por ello, tras dicha reforma, el art. 87 LJCA, faculta al alto tribunal determinar “la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación”.

Extensión, formato y estructura de los escritos

Extensión

Como hemos indicado, los escritos de interposición y contestación deberán tener una extensión máximo de 50.000 caracteres con espacio, equivalente a 25 folios, a una sola cara.

Esta extensión incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que pudieran incorporarse.

El abogado que firme el escrito “u otra persona que este designe”, deberá certificar al final del mismo el número de caracteres que contiene.

Formato

Se deberá utilizar como fuente “Times New Roman” con un tamaño de 12 puntos en el texto  y de 10 puntos en las notas de pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen.

El formato del folio, tanto electrónico como en papel, será A4 sin rayas, con interlineado de texto de 1,5. Los márgenes horizontales y verticales serán de 2,5 cm. Todos los folios deberán ir numerados en su esquina superior derecha, en formato creciente y comenzando en el número 1.

Igualmente, todos los documentos que se aporten con el escrito deberán estar suficientemente identificados y numerados como Documento o Anexo (Documento 1, Documento 2… )

Estructura

1. Carátula

Deberá contener al menos los siguientes datos:

  • Identificación de la Sala y sección destinataria del escrito
  • Nombre del recurrente o recurrentes, ordenados alfabéticamente, con su número de DNI, pasaporte, NIE o NIF. En el caso de tratarse de una administración pública, bastará con la identificación de la misma
  • Nombre y número de colegiado del procurador
  • Nombre y número de colegiado del Letrado o Letrados
  • Identificación de la sentencia o resolución recurrida
  • Identificación del tipo de escrito que se presenta (de interposición, de oposición …)

2. Contenido

Los escritos de interposición se estructurarán en apartados separados y debidamente numerados, que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que traten, conforme al art. 92.3 de la LJCA.

Criterios orientadores sobre escritos de preparación y oposición a la admisión

Aunque la Ley únicamente menciona los escritos de interposición y oposición al recurso de casación, el acuerdo incluye también, “a modo de recomendación”, otras  pautas referidas a otros escritos que pueden presentarse, como es el de preparación que los abogados deben anunciar ante el tribunal que impuso la sentencia que quieren impugnar. Estos no deberán sobrepasar los 15 folios.

Novedad en el ordenamiento

El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo señala que el establecimiento de estas instrucciones constituye una novedad en nuestro ordenamiento, si bien no es desconocida en otros tribunales de nuestro entorno como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Todos estos tribunales disponen de normas que regulan de forma muy detallada la extensión máxima, el formativo y estructura de los escritos que se presentan ante los mismos, con la finalidad, por una parte, de facilitar la lectura, análisis y decisión sobre los asuntos planteados y, por otra, de establecer una estructura y formato uniformes con vistas a su presentación telemática y posterior tratamiento digital.

Según Europa Press, fuentes del alto tribunal han explicado este jueves que el contenido del acuerdo se adoptó tras celebrarse diversas reuniones con representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuya presidenta, Victoria Ortega, mostró su conformidad con el contenido.

Discrepancias en la adopción del acuerdo

Señala también Europa Press que, al parecer, durante el debate de este asunto, algunos magistrados como Margarita Robles presentaron algunos “peros” al acuerdo, tras recordar que la reforma legal señala al Supremo la posibilidad de imponer estas normas, pero en ningún caso la impone como obligación. Robles las considera prematuras sin antes comprobar el desarrollo del nuevo marco de la casación.

Tampoco considera esta magistrada que la nueva regulación de la casación vaya a exigir un notable esfuerzo por parte del Supremo, y que en todo caso la reforma no debe comportar una posible restricción de las alegaciones de los abogados. Se pregunta también cuál serán las consecuencias del incumplimiento de estas normas.

Para la magistrada, que puso sus discrepancias por escrito, si a consecuencia de la nueva norma  el legislador ha querido que se incremente el trabajo de los magistrados del supremo “deberemos estar a la altura de las circunstancias, sin imponer limitaciones que ni aun desde una apariencia meramente objetiva, puedan considerarse limitaciones al derecho de defensa”.


FUENTES: El TS limita a 25 folios la extensión de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera

Hacienda embargará telemáticamente depósitos a plazo fijo

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El 22 de marzo se publicaba en el BOE la Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar a través de internet el embargo de dinero en cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo en entidades de crédito.

A partir del día 1 de octubre de 2016, mediante el procedimiento que se establece en dicha Resolución, se llevarán a cabo los embargos de dinero que haya sido objeto de una imposición a plazo fijo en las Entidades de crédito adheridas.

Actualmente, para retener dinero ubicado en una cuenta a plazo fijo, un agente tributario debe personarse en la entidad financiera y dar en mano la diligencia de embargo para que la entidad financiera bloquee la cuenta.

Con la nueva resolución, este trámite se agilizará y se realizará de forma telemática. Es decir, la entidad financiera recibirá a través de internet las órdenes de embargo que afecten a sus clientes. Para Hacienda, el nuevo proceso ahorrará tiempo porque ya no será necesario la personación de agentes tributarios en las sucursales y también se evitará perturbar el funcionamiento habitual de las oficinas bancarias.

En el caso de fondos de inversión o acciones, las diligencias de embargo seguirán entregándose por un agente tributario en las oficinas bancarias. Estos productos ofrecen una mayor complejidad para digitalizar el proceso.

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Reglamento General de Recaudación

El  art. 79.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, al regular el procedimiento de embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de crédito, dispone que la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo en la Entidad depositaria, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrán ser convenidos, con carácter general, entre la Administración actuante y la Entidad de crédito afectada.

Medios telemáticos de recaudación AEAT

Al amparo de este precepto reglamentario, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha venido incorporando, desde hace más de una década, medios telemáticos en el procedimiento de embargo de cuentas en Entidades de crédito, lo que ha permitido evitar, por una parte, la ralentización que origina el sistema de personación de los Agentes tributarios en las sucursales de las Entidades de crédito donde se encuentran abiertas las cuentas objeto del embargo y, por otro lado, no perturbar el normal funcionamiento de sus oficinas por estas actuaciones de embargo.

Qué se consideran Cuentas e imposiciones a plazo fijo

Se consideran como cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo a estos efectos aquellos depósitos de dinero realizados por personas físicas o jurídicas en una Entidad de crédito, quedando los mismos indisponibles hasta una fecha de vencimiento previamente pactada, salvo que se hiciere uso de la facultad de cancelación anticipada (si se hubiera otorgado al depositario en el contrato) y percibiendo por ello el cliente intereses a su favor.

Quedan fuera las cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo cuya moneda no sea el euro.

Procedimiento: diligencias de embargo

Mediante intercambio telemático de datos, y a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es ) se pondrán a disposición de las Entidades de crédito las diligencias de embargo.

Para todos aquellos aspectos procedimentales no recogidos expresamente la Resolución, será de aplicación lo previsto en la Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en Entidades de crédito.

Todo esto se aplicará a las diligencias de embargo de cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo que genere la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir del día 1 de octubre de 2016.


FUENTE:

Hacienda embargará depósitos a plazo fijo por Internet a partir del 1 de octubre

Hacienda agilizará el embargo online de depósitos bancarios

La utilización de los sistemas telemáticos en Cataluña no será efectiva a 1 de enero de 2016

 

 

La implantación de estos sistemas se hará de manera progresiva y consensuada entre los abogados, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y el Departament de Justícia.

 

Tampoco se pondrá en marcha la recepción de notificaciones a través de la plataforma LEXNET respecto de aquellos procedimientos en los que no sea preceptiva la intervención de los procuradores.

La obligatoriedad para los profesionales de utilizar los sistemas telemáticos o electrónicos, existentes en la Administración de Justicia, para la presentación de escritos y recepción de notificaciones a partir del día 1 de enero viene establecida en la Ley 42/15, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; sin perjuicio de lo que establecía la Ley 18/2011 de 5 de julio de 2011, que tenía entre sus objetivos principales generalizar el uso de las tecnologías de la comunicación para los profesionales relacionados con la Administración de Justicia.

Aún así, el hecho de que algunas Comunidades Autónomas tengan competencias delegadas en la materia, puede suponer que estas hayan desarrollado sistemas informáticos propios con su propio calendario de ejecución.

Este es el caso de Catalunya, que desarrolló el proyecto E-JUSTÍCIA.CAT; un proyecto que más allá de garantizar un entorno de comunicación seguro y fiable, entre la Administración de Justicia y la abogacía, supone también una plataforma completa de gestión procesal que permitirá, una vez esté en su completa operatividad, hacer el seguimiento de la tramitación de cualquier expediente judicial.

Ahora bien, para las notificaciones, la Administración de Justicia en Catalunya, sí utiliza el sistema LEXNET creado por el Ministerio de Justicia, por lo que la obligatoriedad establecida en la LEC tendrá, en nuestra Comunidad, un calendario de aplicación diferente y la particularidad de que tendrá que utilizar dos plataformas informáticas diferentes.

Por lo tanto, y de acuerdo con lo expuesto, el resumen sería el siguiente:

Para la recepción de notificaciones judiciales de los procedimientos que se tramitan en Catalunya y también en cualquier Comunidad Autónoma (a excepción de Cantabria, Navarra y el País Vasco, aunque se trata de una información pendiente de confirmación), será necesario utilizar el sistema LEXNET, creado e impulsado por el Ministerio de Justicia, respecto del cual el Consejo General de la Abogacía Española ha desarrollado, de manera paralela, una plataforma propia: LEXNET ABOGACÍA. En Catalunya, las previsiones de entrada en funcionamiento de LEXNET no contemplan que sea antes del mes de marzo de 2016.

Para la presentación de escritos y demandas habrá dos sistemas paralelos:

  • Si se trata de órganos judiciales fuera de Catalunya, por ejemplo: de La Rioja, Extremadura y Galicia; habrá que utilizar el sistema LEXNET.
  • Si se trata de órganos judiciales situados en Catalunya se aplicará progresivamente el sistema E-JUSTÍCIA.CAT con un calendario que el Departament de Justícia se ha comprometido a acordar de forma consensuada con la abogacía pero que, de momento, tiene la siguiente previsión inicial:
  • Jurisdicción Social: a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de junio, progresivamente y sólo obligatorio en aquellos órganos judiciales, cuyo sistema de gestión procesal sea el correspondiente a E-JUSTÍCIA.
  • Jurisdicción Civil: a partir del 1 de abril y hasta el 30 de junio, progresivamente y sólo obligatorio en aquellos órganos judiciales, cuyo sistema de gestión procesal sea el correspondiente a E-JUSTÍCIA.
  • Jurisdicción Contenciosa y Penal: a partir del 1 de abril y hasta el 30 de junio, progresivamente y de momento, de manera voluntaria dado que los órganos judiciales no tienen el sistema de gestión procesal E-JUSTÍCIA.

Como hemos dicho anteriormente, estamos hablando de una previsión, si bien se tiene que acabar de consensuar entre los diferentes operadores jurídicos.

Estas fechas sólo indican el inicio del periodo temporal, durante el cual, los abogados deberán ir entrando en el uso del sistema.En cualquier caso, cabe  recordar que, para el acceso a cualquiera de estas plataformas informáticas es imprescindible disponer de firma electrónica reconocida o cualificada que esté acreditada en la plataforma en cuestión.

El DNI electrónico o la firma creada por el Consejo General de la Abogacia Española, ACA, son unos de los ejemplos; pero deben estar activadas y vigentes.

La Junta de Gobierno del ICAB ha acordado un descuento de más de un 30% en el precio de la firma ACA para favorecer su disponibilidad.

Para cualquier duda podéis consultar la página web del ICAB (información LEXNET) creada específicamente bajo la denominación de Papel Cero y donde constan todos los tutoriales, links, normativa y noticias de interés sobre este cambio normativo.

 

Según información facilitada por el Departament de Justícia de la Generalitat, el calendario de disponibilidad de la presentación de asuntos y escritos telemáticos en Catalunya, mediante el sistema E-JUSTÍCIA.CAT, no contempla en ninguna jurisdicción su entrada en funcionamiento el 1 de enero de 2016.


Contenido y novedades de la reforma de la LECrim

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El pasado día 6 de octubre se publicó la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Por su importancia y conexión, resumimos conjuntamente los contenidos más relevantes de ambas normas.

Entrada en vigor

La Ley Orgánica 13/2015 entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción de las modificaciones introducidas en los artículos 118, 509, 520, 520 ter y 527de la LECrim por los apartados uno, tres, cuatro, cinco y seis del artículo único, que lo harán el 1 de noviembre de 2015 (DF 4.ª).

La Ley 41/2015 entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (DF 4.ª).

Objeto

La Ley Orgánica 13/2015 pretende el fortalecimiento de los derechos procesales de conformidad con las exigencias del Derecho de la Unión Europea y la regulación de las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos personales garantizados por la Constitución.

La Ley 42/2015 pretende implantar ciertas medidas que, sin necesidad de Ley Orgánica, permitan evitar dilaciones innecesarias en el proceso, sin merma de los derechos de las partes: a) la modificación de las reglas de conexidad y su aplicación al determinar la competencia de los tribunales; b) la reforma del régimen de remisión por la Policía Judicial a los juzgados y al Ministerio Fiscal de los atestados relativos a delitos sin autor conocido; c) la fijación de plazos máximos para la instrucción; y d) la regulación de un procedimiento monitorio penal.

Contenido de la reforma

1. Novedades introducidas por la Ley Orgánica 13/2015

1. Transpone en el ordenamiento interno la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (modificación de los artículos 118, 509, 520 y 527 de la LECrim y nuevo artículo 520 ter).

2. Adapta la legislación a las formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnologías (modificación del artículo 579 LECrim y nuevo artículo 579 bis; nuevas medidas de investigación tecnológica: Capítulos V a VII del Título VIII del Libro II de la LECrim)

– Toda medida de intervención deberá responder al principio de especialidad: la actuación de que se trate deberá tener por objeto el esclarecimiento de un hecho punible concreto, prohibiéndose las medidas de investigación tecnológica de naturaleza prospectiva.

– Las medidas de investigación tecnológica deben satisfacer los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, cuya concurrencia debe encontrarse suficientemente justificada en la resolución judicial habilitadora.

– Se autoriza la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. Pero será el juez, ponderando la gravedad del hecho que está siendo objeto de investigación, el que determine el alcance de la injerencia del Estado en las comunicaciones particulares; por tanto, la resolución habilitante deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida.

– La solicitud policial de intervención deberá estar suficientemente motivada.

– Se establece un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la intervención, plazo que es susceptible de ampliación y prórroga, previa petición razonada por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo temporal de dieciocho meses, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella.

– Para asegurar la autenticidad e integridad de los soportes puestos a disposición del juez, se impone la utilización de un sistema de sellado o firma electrónica que garantice la información volcada desde el sistema central.

– No caben autorizaciones de captación y grabación de conversaciones orales de carácter general o indiscriminadas: esta medida solo podrá acordarse para encuentros concretos que vaya a mantener el investigado, debiéndose identificar con precisión el lugar o dependencias sometidos a vigilancia.

– Se regula la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización y la grabación de la imagen en espacio público sin necesidad de autorización judicial, en la medida en que no se produce afectación a ninguno de los derechos fundamentales del artículo 18 CE.

– Se regula el registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo y el registro remoto de equipos informáticos.

– Se prevé la posibilidad de que los agentes encubiertos puedan obtener imágenes y grabar conversaciones, siempre que recaben específicamente una autorización judicial para ello; y se regula la figura del agente encubierto informático, que requiere autorización judicial para actuar en canales cerrados de comunicación (puesto que en los canales abiertos, por su propia naturaleza, no es necesaria) y que a su vez, requerirá una autorización especial (sea en la misma resolución judicial, con motivación separada y suficiente, sea en otra distinta) para intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación.

3. Se adapta el lenguaje de la LECrim a los tiempos actuales, en particular, eliminando determinadas expresiones usadas de modo indiscriminado en la ley sin rigor conceptual: Así “investigado” servirá para identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito, mientras que con el término “encausado” se designará, de manera general, a aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto.

2. Novedades introducidas por la Ley 42/2015

1. Reforma de las reglas de conexidad

– A fin de evitar el automatismo en la acumulación de causas, la acumulación por conexión solo tiene sentido si concurren ciertas circunstancias tasadas que se expresan en el artículo 17.1 y 2 de la LECrim, cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable.

-La simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y solo se justifica la acumulación cuando, a instancia del Ministerio Fiscal, en su condición de defensor de la legalidad y del interés público, el juez lo considere más conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso, y siempre que con ello no se altere la competencia.

2. Atestados policiales sin autor conocido: para garantizar un adecuado control judicial de los mismos basta con que dichos atestados sean conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales.

3. Plazos para finalizar la instrucción: Se sustituye el inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la LECrim por nuevos plazos, cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales.  Los asuntos sencillos tendrán un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.

4. Se establece el proceso por aceptación de decreto, procedimiento monitorio penal que permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme cuando se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el encausado da su conformidad, con preceptiva asistencia letrada.

5. Se establece un proceso de decomiso autónomo que permita la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado.

6. Generalización de la segunda instancia en el proceso penal: se establece la misma regulación actualmente prevista para la apelación de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en el proceso abreviado, si bien adaptándola a las exigencias tanto constitucionales como europeas. Se completa la regulación del recurso de apelación con nuevas previsiones legales relativas al error en la valoración de la prueba como fundamento del recurso y al contenido de la sentencia que el órgano ad quem podrá dictar en tales circunstancias.

7. Reforma del recurso de casación: a) se generaliza el recurso de casación por infracción de ley, acotándolo al motivo primero del artículo 849 y reservando el resto de los motivos para los delitos de mayor gravedad; b) se excluyen del recurso de casación las sentencias que no sean definitivas, es decir, aquellas que se limitan a declarar la nulidad de las resoluciones recaídas en primera instancia y, c) se instituye la posibilidad de que el recurso pueda ser inadmitido a trámite mediante providencia «sucintamente motivada» por unanimidad de los componentes de la Sala cuando carezca de interés casacional, aunque exclusivamente cuando se trate de recursos interpuestos contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

8. Cauce legal de cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: se reforman los motivos del recurso de revisión.

Estructura de la reforma

1. La Ley Orgánica 13/2015 consta de un artículo único por el que se modifican los siguientes preceptos de la LECrim:

– Artículo 118 («1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, …») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 al artículo 282 bis («6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo  identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación  …»).

– Quedan derogados los artículos 387 y 395 (Disposición derogatoria única).

– Se modifican los apartados 1 y 2 y se introduce un nuevo apartado 4 al artículo 509 («1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: …») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se da nueva redacción a los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 del artículo 520 y se introducen nuevos apartados 2 bis, 7 y 8 en este mismo precepto («1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio…») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se introduce un nuevo artículo 520 ter («A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados en el artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo …») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se modifica el artículo 527 («1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso: …») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se modifica la rúbrica del Título VIII del Libro II, que queda redactada «TÍTULO VIII. De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución»

– Los artículos 545 a 572 se agrupan en un nuevo Capítulo I del Título VIII del Libro II, cuya rúbrica queda «CAPÍTULO I. De la entrada y registro en lugar cerrado»

– Los artículos 573 a 578 se agrupan en un nuevo Capítulo II del Título VIII del Libro II, cuya rúbrica queda: «CAPÍTULO II. Del registro de libros y papeles»

– Los artículos 579 a 588 se agrupan en un nuevo Capítulo III del Título VIII del Libro II, cuya rúbrica queda: «CAPÍTULO III. De la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica»

– Se modifica el artículo 579 (De la correspondencia escrita o telegráfica).

–  Se crea un nuevo artículo 579 bis (Utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos casuales).

– Se crea en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo IV con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos, artículos 588 bis a (Principios rectores) a 588 bis k (Destrucción de los registros).

– Se crea en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo V con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO V. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas

Sección 1.ª Disposiciones generales, artículos 588 ter a (Presupuestos) a 588 ter i (Acceso de las partes a las grabaciones).

Sección 2.ª Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados, artículo 588 ter j (Datos obrantes en archivos automatizados de los prestadores de servicios).

Sección 3.ª Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad, artículos 588 ter k (Identificación mediante número IP) a 588 ter m (Identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad).

– Se incorpora en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo VI con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO VI. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, artículos 588 quater a (Grabación de las comunicaciones orales directas) a 588 quater e (Cese).

– Se añade en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo VII con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO VII. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización, artículos 588 quinquies a (Captación de imágenes en lugares o espacios públicos) a 588 quinquies c (Duración de la medida).

– Se crea en el Título III del Libro II un nuevo Capítulo VIII con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO VIII. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, artículos 588 sexies a (Necesidad de motivación individualizada) a 588 sexies c (Autorización judicial).

– Se incorpora en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo IX, con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO IX. Registros remotos sobre equipos informáticos, artículos 588 septies a (Presupuestos) a 588 septies c (Duración).

– Se crea en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo X con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO X. Medidas de aseguramiento, artículo 588 octies (Orden de conservación de datos)

– Se modifica el apartado 1 del artículo 967 (“1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean…”).

2. La Ley 41/2015 consta de un artículo único por el que se modifican los siguientes preceptos de la LECrim:

Se modifica el apartado 3 del artículo 14 (“3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras …”)

– Artículo 17 (Delitos conexos)

– Artículo 284 («1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público …»)

– Primer párrafo del artículo 295 («En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284.»)

– Se suprime el artículo 300.

– Se modifica el artículo 324 («1. Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. …»)

– Se añade un párrafo tercero en el apartado 2 del artículo 790 («Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad …»)

– Se modifica el artículo 792 («1. La sentencia de apelación se dictará dentro de los cinco días siguientes a la vista oral, o dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones por la Audiencia …»)

– Se introduce en el Libro IV un nuevo Título III bis. Proceso por aceptación de decreto, artículos 803 bis a (Requisitos del proceso por aceptación de decreto) a 803 bis j (Ineficacia del decreto de propuesta de pena).

– Se introduce en el Libro IV un nuevo Título III ter. De la intervención de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento de decomiso autónomo, con el siguiente contenido:

CAPÍTULO I. De la intervención en el proceso penal de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso, artículos 803 ter a (Resolución judicial de llamada al proceso) a 803 ter d (Incomparecencia del tercero afectado por el decomiso).

CAPÍTULO II. Procedimiento de decomiso autónomo, artículos 803 ter e (Objeto) a 803 ter u (Presentación de nueva solicitud de decomiso).

–  Se introduce un nuevo artículo 846 ter («1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelación …»)

– Se modifica el artículo 847 («1. Procede recurso de casación: …»)

– Se modifica el artículo 848 («Podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso …»).

– Se adiciona un párrafo segundo en el artículo 889 (“Para denegar la admisión del recurso será necesario que el acuerdo se adopte por unanimidad…”)

– Se modifica el artículo 954 («1. Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes: …»)

– Se modifica el apartado 1 del artículo 964 («1. En los supuestos no contemplados por el artículo 962, cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, …»).

– Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 985 (“La ejecución de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya dictado la que sea firme…”)

– Se incorpora una nueva disposición adicional (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos).

– Se incorpora una nueva disposición adicional sexta (Procedimiento).

3.  Sustitución de términos

Según el apartado Veintiuno del artículo único de la Ley Orgánica 13/2015:

En los artículos 120, 309 bis, 760, 771, 775, 779, 797, 798 y 967, el sustantivo «imputado» se sustituye por «investigado», en singular o plural según corresponda.

En los artículos 325, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 511, 529, 530, 539, 544 ter, 764, 765, 766 y 773, el sustantivo «imputado» se sustituye por «investigado o encausado», en singular o plural según corresponda.

En el artículo 141 la expresión «imputados o procesados» se sustituye por «investigados o encausados».

En los artículos 762, 780 y 784, el sustantivo «imputado» se sustituye por «encausado», en singular o plural según corresponda.

En los artículos 503 y 797 el adjetivo «imputada» se sustituye por «investigada».

4. Otras modificaciones introducidas por la LO 13/2015:

Se modifican los artículos 57.1, 65, 73.3, 82.1, 87.1, 87 ter. 1 y 89 bis. 2 y 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

5. Otras modificaciones introducidas por la Ley 41/2015

Se modifica el párrafo séptimo del artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

Normas transitorias

1. La Ley Orgánica 13/2015 se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

Se aplicará también a las diligencias policiales y fiscales, resoluciones y actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en vigor en procedimientos penales en tramitación (Disposición transitoria única).

2. La ley 41/2015 se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

El artículo 954 se aplicará también a las sentencias que adquieran firmeza tras su entrada en vigor.

El supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 954 se aplicará a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que adquieran firmeza tras su entrada en vigor.

El artículo 324 se aplicará a los procedimientos que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta ley. A tales efectos, se considerará el día de entrada en vigor como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción que se fijan en la presente ley (Disposición transitoria única).


FUENTE: Contenido y novedades de la reforma de la LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 y por la Ley 41/2015

CUADRO COMPARATIVO: cuadro comparativo reforma LECRIM_13_2015-SEPIN

La admisión de medios probatorios electrónicos en los procesos judiciales.

WHATSAPP
La tecnología, su utilización, alcance y limitaciones, se ha convertido en una fuente constante de desafíos para los profesionales del derecho, en cuanto al proceso de obtención, presentación y validación de la prueba digital ante un juez o un tribunal. Por eso resulta importante determinar no solo la forma de conseguirla, sino también de qué manera deben ser llevadas ante el estrado.
La aparición y masificación de los medios de comunicación digital (mensajería instantánea, redes sociales, etc.) han provocado no solo una revolución en la forma de relación social, sino también en el ámbito jurídico. Hasta allí ha llegado la necesidad de abordar una situación de gran complejidad debido, en primer lugar, a un desconocimiento de las herramientas y de sus posibilidades, así como del desafío que implica para su comprobación y utilización como una prueba confiable dentro de un proceso judicial.
Y es que la propia tecnología a veces resulta complicada no solo de manejar, sino que en muchas ocasiones su condición efímera o fácilmente manipulable puede generar dudas respecto a su utilización como medio probatorio. Si a eso le sumamos que habitualmente están condicionadas al ámbito de lo privado, los problemas para acceder a cierta información o simplemente requerirla como parte de un proceso judicial, puede generar controversia e, incluso, en caso de que no se sigan los procedimientos considerados como válidos para su obtención, puedan resultar excluidas como pruebas.
La mensajería instantánea es un buen ejemplo y ha generado una serie de actuaciones y la instauración de procedimientos muy claros para evitar problemas en el futuro que invaliden su utilidad como medios probatorios. Para incorporar la información obtenida, por ejemplo de una aplicación como WhatsApp, es importante “que sean relevantes para la acreditación de hechos. Estos datos han de tener entrada en el proceso a través de un concreto medio probatorio admitido por el ordenamiento; y ha de ser respetado el procedimiento que, para el concreto medio de prueba, sea contemplado por la respectiva legislación procesal para ejercitar válidamente el derecho a la prueba”, explica Joaquín Delgado Martín, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y Doctor en Derecho, en el artículo La prueba del WhatsApp, publicado en el Diario La Ley, el 15 de septiembre.
“Es muy difícil que una conversación de WhatsApp, por sí misma y siendo ésta la única prueba presentada en el juicio, sirva para establecer una condena, debido a las posibilidades que existen sobre la manipulación de la prueba. Asimismo, se da por descontado que, si la autenticidad de la conversación de WhatsApp no se presenta avalada por un peritaje informático, ésta será desestimada sin más”, afirma Javier Rubio Alamillo, Ingeniero Superior en Informática en su blog.
De igual manera, Delgado destaca como elemento importante para que una prueba de este tipo sea admitida, que ésta debe cumplir con “los requisitos de obtención e incorporación de la prueba electrónica al proceso”, para que así ésta pueda “desplegar eficacia probatoria siendo objeto de valoración por parte del Juez o Tribunal de conformidad con las reglas de la sana crítica (sistema de libre valoración de la prueba)”.
Joan Picó i Junoy, catedrático de Derecho Procesal en la Universitat Rovira i Virgili y Doctor en Derecho, explica que, invocar la aceptación y utilización de contenido transmitido o publicado en aplicaciones de mensajería instantánea sin vulnerar derechos como los de privacidad e intimidad, se puede hacer de varias formas: con una impresión del mensaje; mediante un acta notarial de constatación de hechos, en virtud de la cual a presencia de un fedatario público (el notario) se deja constancia de la información que se encuentra en un WhatsApp o en Facebook; como prueba de reconocimiento judicial, pidiendo al juez que constate directamente la información que figura en un WhatsApp que se le enseña en el mismo acto de práctica de la prueba. En este caso, podría pedirse la práctica anticipada de la prueba para minimizar al máximo la manipulación o posible pérdida de la información.
Redes sociales
Respecto a la validez en la obtención de pruebas recogidas en redes sociales, Picó afirma que “es totalmente posible, válido y lícito obtener pruebas recogidas de publicaciones en redes sociales. Si estamos ante una red social, las personas libremente “cuelgan” la información y, en consecuencia, permiten que pueda ser captada por cualquier persona integrante de dicha red social”.
No obstante, Picó reconoce que “algún motivo de ilicitud podría buscarse respecto de que la información fuese íntima (esto es, relacionada con su esfera privada o personal más reducida, en términos del art. 7 de la LO 1/1982, de 5 de mayo (LA LEY 1139/1982), de protección al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen)”.
Si bien ya “hay varias sentencias judiciales que dan validez a la reproducción de un WhatsApp o el Facebook”, como afirma Picó, es la propia tecnología la que propone desafíos constantes en el ámbito jurídico, puesto que muchas de las compañías utilizan técnicas de cifrado para evitar la filtración de mensajes y preservar la privacidad de sus usuarios, así como muchas de ellas no almacenan el contenido de las conversaciones, lo que puede complicar el proceso de recuperación de las pruebas.
Sin embargo, la práctica ha generado que se utilicen vías como la recuperación de los dispositivos y de los posibles archivos guardados en la memoria, pese a lo cual por sí solos no valgan como pruebas, sino que deben aportarse otros elementos probatorios como declaraciones testificales, manifestaciones de las partes, informes periciales, etc.
Dada su complejidad, todavía hay que profundizar en las distintas posibilidades que existen para la recuperación, presentación y validación de las pruebas en medios electrónicos como pruebas en los procesos judiciales. Por ello, Wolters Kluwer Formación pone en marcha el curso La prueba digital en el proceso judicial, que tiene por finalidad dar respuesta a los problemas que se pueden presentar al probar ante un tribunal los hechos que ocurren en el entorno digital.

Contenido y novedades de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ

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La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ahonda en la búsqueda de soluciones que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial español. A tal fin, la reforma, en un artículo único que contiene ciento dieciséis apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos e intereses.

Según el ministerio de Justicia, esta reforma incorpora un amplio paquete de medidas para mejorar la organización de la Justicia, reduciendo los tiempos de respuesta de los órganos judiciales, obteniendo una mayor especialización de los órganos judiciales y prestando con ello un mejor servicio a los ciudadanos.

1. Entrada en vigor (DF 9ª):

Esta Ley entrará en vigor el día 1 de octubre de 2015, excepto las siguientes modificaciones (DF 3ª, 1, 2 y 4), que lo harán al año de su publicación:

— Supresión de los artículos 96 a 101 de la LOPJ.

— Reforma del art. 139 de la LOPJ.

2. Estructura

La reforma, en un artículo único que contiene ciento dieciséis apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas. Incluye seis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias y diez disposiciones finales.

3. Contenido

Como ya anticipamos en su momento, las principales novedades introducidas por esta reforma son las siguientes.

– Organización judicial

La reforma elimina restricciones a la especialización de juzgados para la resolución de materias específicas que en un determinado momento ocasionan una elevada litigiosidad, al permitir que pueda hacerse con carácter temporal y que pueda tener ámbito provincial.

Por otro lado, para alcanzar un mayor equilibrio en las cargas de trabajo de los órganos judiciales de ámbito provincial de la misma clase, se establece que las Salas de Gobierno puedan modificar las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, Penal, de Menores, Vigilancia Penitenciaria, Contencioso-Administrativo o Social.

En causas penales complejas, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, cuando el órgano instructor lo solicite, la adscripción de uno o varios jueces, magistrados o letrados de la Administración de Justicia para realizar labores de colaboración, asistencia y asesoramiento, como medida para agilizar la tramitación de las causas.

Se introduce una nueva regulación de los Plenos para la unificación de criterios, con la finalidad de incrementar el grado de seguridad jurídica del sistema judicial.

– Carrera judicial

Se prevé la posibilidad de que el CGPJ pueda convocar pruebas de especialización en materias distintas a las ya contempladas hasta ahora en la ley.

Se suprime la responsabilidad civil directa de los jueces y magistrados pero el ciudadano podrá ejercer la acción de responsabilidad patrimonial frente a la Administración por los daños y perjuicios causados por los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Se suprime la figura de los magistrados eméritos y de los suplentes en el Tribunal Supremo.

Los jueces y magistrados, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia (nueva denominación de los Secretarios Judiciales) podrán solicitar la prolongación en el servicio activo hasta los 72 años.

Por otro lado, se extiende la previsión contenida en la Ley General de la Seguridad Social que permite la aplicación de una cantidad adicional sobre la pensión de jubilación a los jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y otros servidores públicos, que habían quedado excluidos en la redacción de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

– Cuerpo de secretarios judiciales (ahora Letrados de la Administración de Justicia)

Además del cambio de denominación del Cuerpo, que pasa a ser el de letrados de la Administración de Justicia, se les dota de nuevas competencias cuando las leyes procesales lo establezcan, como la mediación o la tramitación y, en su caso, resolución de procedimientos monitorios.

Además, se introduce un sistema profesional de sustituciones similar al previsto para la carrera judicial y un régimen disciplinario propio.

– Mayor utilización de las nuevas tecnologías

La reforma recoge expresamente la obligación de Juzgados, Tribunales y Fiscalías de utilizar los medios técnicos y electrónicos puestos a su disposición. Asimismo, establece la obligatoriedad de cumplimiento de las instrucciones del CGPJ y de la Fiscalía sobre el uso de las nuevas tecnologías.

También se prevé la no transcripción de las actuaciones orales y de las vistas grabadas y documentadas en soporte digital.

– Lucha contra la violencia de género

Se pretende alcanzar una mayor especialización de los órganos judiciales en la materia y una mejor respuesta a la víctima y para ello:

– En el ámbito organizativo, se favorece el conocimiento especializado por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer al permitir que el Gobierno, por Real Decreto, pueda acordar la extensión de jurisdicción de estos juzgados a dos o más partidos judiciales sin necesidad de llevar a cabo una reforma por ley.

– En el aspecto competencial, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasarán a conocer también los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de las mujeres así como el delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar.

– En cuanto a la atención a las víctimas se garantiza que existan equipos especializados en los Institutos de Medicina Legal.

– En el ámbito de la formación en materia de violencia de género, se regula con carácter específico para quienes vayan a ejercer jurisdicción en Juzgados de Menores y, en general, para todos los operadores jurídicos.

– Recurso de casación

Se elimina la cuantía de 600.000 euros que la ley establecía hasta ahora como umbral mínimo para poder recurrir ante el Tribunal Supremo en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ese límite se sustituye por el concepto de interés casacional que abarca, por ejemplo, a las sentencias que incluyen a un gran número de afectados, las sentencias contradictorias o que dañen gravemente el interés general, y las sentencias que se aparten deliberadamente de la jurisprudencia existente.

Con esta novedad se pretende facilitar la formación de jurisprudencia aplicable en todo el territorio nacional y reforzar el recurso de casación como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho, a fin de incrementar las garantías en la protección de los ciudadanos.

Se pretende que la casación no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su función nomofiláctica, se diseña un mecanismo de admisión de los recursos basado en la descripción de los supuestos en los que un asunto podrá acceder al Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional. Así, la Sala de casación podrá apreciar que en determinados casos existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión. El recurso deberá ser admitido en determinados supuestos, en los que existe la presunción de que existe interés casacional objetivo.

– Concurso de personas físicas

Se introduce un nuevo apartado 6 en el art. 85 LOPJ, para atribuir la competencia para conocer de los concursos de las personas físicas que no sean empresarios a los Juzgados de Primera Instancia. De esta manera, se libera a los Juzgados de lo Mercantil de los númerosos concursos de personas físicas no empresarias de los que debían ocuparse hasta ahora.

– Jurisdicción Penal

La reforma incide en este ámbito a través de varias medidas, como la de ampliar las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer (revelación de secretos y los delitos de injurias), los delitos de quebrantamiento y el conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la Ley cuando la víctima sea alguna de las personas protegidas por violencia de género.

Destaca también la medida introducida en la instrucción de causas de especial complejidad y auxiliar al instructor, al introducir la posibilidad de que, como medida de apoyo, el CGPJ puedaadscribir al órgano instructor a uno o varios Jueces, Magistrados o incluso Letrados de la Administración de Justicia, con o sin relevación de funciones para que, sin compartir funciones jurisdiccionales —sin posibilidad por tanto de actuar en la causa— y bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores de estudio, apoyo, colaboración y propuesta.ç

Se prevé también el cauce procesal para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren la vulneración de alguno de los derechosreconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en sus Protocolos será motivo suficiente para la interposición del recurso de revisión exclusivamente de la sentencia firme recaída en el proceso «a quo».

Esta reforma modificada las siguientes normas en materia penal: Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar: arts. 328, 336, 504 y 505, y  Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial: arts. 8.2, 23 y anexo III.

– Acceso de personas con discapacidad a la Administración de Justicia

Se incrementa del 5 al 7 por 100 el cupo para personas con discapacidad en la oferta pública de empleo para el personal al servicio de la Administración de Justicia. Por otro lado, se establece la obligación de adaptación de los tiempos y medios en los procesos selectivos de acceso a la carrera judicial y fiscal, así como del entorno laboral en el que van a desarrollar su actividad una vez superado el proceso.

– Instituto de Medicina Legal

El nuevo texto incorpora la exigencia de la especialidad en Medicina Forense para el ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses. Además, se actualizan las funciones de estos profesionales y se adapta el régimen de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

– Obligación de transparencia de los miembros del CGPJ

Con el objetivo de alcanzar una mayor transparencia se regula, por primera vez, el deber de efectuar declaración de bienes y derechos por parte del presidente, los vocales y el secretario general del CGPJ.

Asimismo, en el ámbito de las actuaciones judiciales se establece la obligación de dar publicidad de la agenda de señalamientos del juzgado o tribunal mediante su publicación en lugar visible al público el primer día hábil de cada semana.

4. Modificaciones legislativas

Las disposiciones finales 1.ª a 4.ª de la Ley modifican las siguientes normas:

  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (DF 3ª)

Se modifica la sección 3.ª del capítulo III del título IV, integrada por los artículos 86 a 93 (recurso de casación)

Suprime las secciones 4.ª y 5.ª del capítulo III del título IV, integradas por los artículos 96 a 101.

Revisión de sentencia firme: art. 102

Demolición de inmuebles de construcción ilegal: introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 108.

Costas procesales: art. 139

  •  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (DF 4ª):

Competencia de los Juzgados de Primera Instancia: Art. 45

Recusación: arts. 115 a 118

                       Letrados de la Administración de Justicia Arts. 138.4 y 140. 1 y 2

Documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido: art. 147

Acceso al texto de las sentencias: apartado 2 del artículo 212

Documentos exigidos en casos especiales: art. 266

Admisión y casos excepcionales de inadmisión de la demanda: art. 403

Inadmisión del recurso de casación: art. 483.2

Motivos revisión sentencia firme (sentencias TEDH): art. 510, 511 y 512.1

También se modifican otros aspectos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial (DF 1ª) y de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar (DF 2ª).

5. Historia de una reforma

La reforma de la LOPJ publicada hoy, se inició, como hemos venido informando a lo largo de su tramitación,, con la elaboración de la propuesta de reforma en 2013 por el anterior responsable de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón. Propuesta que, a su juicio, suponía una “gran renovación” y que diseñaba una nueva organización del poder judicial.

La aprobación del anteproyecto de Ley de reforma de la LOPJ por el Consejo de Ministros despertó en su día reacciones entre los varios colectivos profesionales afectados por la misma: secretarios judiciales, asociaciones de jueces, asociaciones de fiscales,…

Reacciones que han continuado durante la tramitación legislativa del proyecto de reforma, a la que se han sumado las críticas de la oposición. La aprobación definitiva en el Congreso del Proyecto de Ley Orgánica, se produjo el día 8 de julio, tras la votación de las enmiendas introducidas por el Senado al texto originalmente aprobado por la Cámara, la que regula las condiciones del expurgo de documentos judiciales.


FUENTE: Contenido y novedades de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ

TEXTO: Publicación BOE de la  LO 7/2015 de modificación de la LOPJ