Contenido y novedades de la reforma de la LECrim

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El pasado día 6 de octubre se publicó la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Por su importancia y conexión, resumimos conjuntamente los contenidos más relevantes de ambas normas.

Entrada en vigor

La Ley Orgánica 13/2015 entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción de las modificaciones introducidas en los artículos 118, 509, 520, 520 ter y 527de la LECrim por los apartados uno, tres, cuatro, cinco y seis del artículo único, que lo harán el 1 de noviembre de 2015 (DF 4.ª).

La Ley 41/2015 entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (DF 4.ª).

Objeto

La Ley Orgánica 13/2015 pretende el fortalecimiento de los derechos procesales de conformidad con las exigencias del Derecho de la Unión Europea y la regulación de las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos personales garantizados por la Constitución.

La Ley 42/2015 pretende implantar ciertas medidas que, sin necesidad de Ley Orgánica, permitan evitar dilaciones innecesarias en el proceso, sin merma de los derechos de las partes: a) la modificación de las reglas de conexidad y su aplicación al determinar la competencia de los tribunales; b) la reforma del régimen de remisión por la Policía Judicial a los juzgados y al Ministerio Fiscal de los atestados relativos a delitos sin autor conocido; c) la fijación de plazos máximos para la instrucción; y d) la regulación de un procedimiento monitorio penal.

Contenido de la reforma

1. Novedades introducidas por la Ley Orgánica 13/2015

1. Transpone en el ordenamiento interno la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (modificación de los artículos 118, 509, 520 y 527 de la LECrim y nuevo artículo 520 ter).

2. Adapta la legislación a las formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnologías (modificación del artículo 579 LECrim y nuevo artículo 579 bis; nuevas medidas de investigación tecnológica: Capítulos V a VII del Título VIII del Libro II de la LECrim)

– Toda medida de intervención deberá responder al principio de especialidad: la actuación de que se trate deberá tener por objeto el esclarecimiento de un hecho punible concreto, prohibiéndose las medidas de investigación tecnológica de naturaleza prospectiva.

– Las medidas de investigación tecnológica deben satisfacer los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, cuya concurrencia debe encontrarse suficientemente justificada en la resolución judicial habilitadora.

– Se autoriza la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. Pero será el juez, ponderando la gravedad del hecho que está siendo objeto de investigación, el que determine el alcance de la injerencia del Estado en las comunicaciones particulares; por tanto, la resolución habilitante deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida.

– La solicitud policial de intervención deberá estar suficientemente motivada.

– Se establece un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la intervención, plazo que es susceptible de ampliación y prórroga, previa petición razonada por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo temporal de dieciocho meses, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella.

– Para asegurar la autenticidad e integridad de los soportes puestos a disposición del juez, se impone la utilización de un sistema de sellado o firma electrónica que garantice la información volcada desde el sistema central.

– No caben autorizaciones de captación y grabación de conversaciones orales de carácter general o indiscriminadas: esta medida solo podrá acordarse para encuentros concretos que vaya a mantener el investigado, debiéndose identificar con precisión el lugar o dependencias sometidos a vigilancia.

– Se regula la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización y la grabación de la imagen en espacio público sin necesidad de autorización judicial, en la medida en que no se produce afectación a ninguno de los derechos fundamentales del artículo 18 CE.

– Se regula el registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo y el registro remoto de equipos informáticos.

– Se prevé la posibilidad de que los agentes encubiertos puedan obtener imágenes y grabar conversaciones, siempre que recaben específicamente una autorización judicial para ello; y se regula la figura del agente encubierto informático, que requiere autorización judicial para actuar en canales cerrados de comunicación (puesto que en los canales abiertos, por su propia naturaleza, no es necesaria) y que a su vez, requerirá una autorización especial (sea en la misma resolución judicial, con motivación separada y suficiente, sea en otra distinta) para intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación.

3. Se adapta el lenguaje de la LECrim a los tiempos actuales, en particular, eliminando determinadas expresiones usadas de modo indiscriminado en la ley sin rigor conceptual: Así “investigado” servirá para identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito, mientras que con el término “encausado” se designará, de manera general, a aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto.

2. Novedades introducidas por la Ley 42/2015

1. Reforma de las reglas de conexidad

– A fin de evitar el automatismo en la acumulación de causas, la acumulación por conexión solo tiene sentido si concurren ciertas circunstancias tasadas que se expresan en el artículo 17.1 y 2 de la LECrim, cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable.

-La simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y solo se justifica la acumulación cuando, a instancia del Ministerio Fiscal, en su condición de defensor de la legalidad y del interés público, el juez lo considere más conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso, y siempre que con ello no se altere la competencia.

2. Atestados policiales sin autor conocido: para garantizar un adecuado control judicial de los mismos basta con que dichos atestados sean conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales.

3. Plazos para finalizar la instrucción: Se sustituye el inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la LECrim por nuevos plazos, cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales.  Los asuntos sencillos tendrán un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.

4. Se establece el proceso por aceptación de decreto, procedimiento monitorio penal que permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme cuando se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el encausado da su conformidad, con preceptiva asistencia letrada.

5. Se establece un proceso de decomiso autónomo que permita la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado.

6. Generalización de la segunda instancia en el proceso penal: se establece la misma regulación actualmente prevista para la apelación de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en el proceso abreviado, si bien adaptándola a las exigencias tanto constitucionales como europeas. Se completa la regulación del recurso de apelación con nuevas previsiones legales relativas al error en la valoración de la prueba como fundamento del recurso y al contenido de la sentencia que el órgano ad quem podrá dictar en tales circunstancias.

7. Reforma del recurso de casación: a) se generaliza el recurso de casación por infracción de ley, acotándolo al motivo primero del artículo 849 y reservando el resto de los motivos para los delitos de mayor gravedad; b) se excluyen del recurso de casación las sentencias que no sean definitivas, es decir, aquellas que se limitan a declarar la nulidad de las resoluciones recaídas en primera instancia y, c) se instituye la posibilidad de que el recurso pueda ser inadmitido a trámite mediante providencia «sucintamente motivada» por unanimidad de los componentes de la Sala cuando carezca de interés casacional, aunque exclusivamente cuando se trate de recursos interpuestos contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

8. Cauce legal de cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: se reforman los motivos del recurso de revisión.

Estructura de la reforma

1. La Ley Orgánica 13/2015 consta de un artículo único por el que se modifican los siguientes preceptos de la LECrim:

– Artículo 118 («1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, …») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 al artículo 282 bis («6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo  identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación  …»).

– Quedan derogados los artículos 387 y 395 (Disposición derogatoria única).

– Se modifican los apartados 1 y 2 y se introduce un nuevo apartado 4 al artículo 509 («1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: …») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se da nueva redacción a los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 del artículo 520 y se introducen nuevos apartados 2 bis, 7 y 8 en este mismo precepto («1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio…») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se introduce un nuevo artículo 520 ter («A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados en el artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo …») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se modifica el artículo 527 («1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso: …») (La modificación de este artículo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015,  DF 4.ª)

– Se modifica la rúbrica del Título VIII del Libro II, que queda redactada «TÍTULO VIII. De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución»

– Los artículos 545 a 572 se agrupan en un nuevo Capítulo I del Título VIII del Libro II, cuya rúbrica queda «CAPÍTULO I. De la entrada y registro en lugar cerrado»

– Los artículos 573 a 578 se agrupan en un nuevo Capítulo II del Título VIII del Libro II, cuya rúbrica queda: «CAPÍTULO II. Del registro de libros y papeles»

– Los artículos 579 a 588 se agrupan en un nuevo Capítulo III del Título VIII del Libro II, cuya rúbrica queda: «CAPÍTULO III. De la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica»

– Se modifica el artículo 579 (De la correspondencia escrita o telegráfica).

–  Se crea un nuevo artículo 579 bis (Utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos casuales).

– Se crea en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo IV con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos, artículos 588 bis a (Principios rectores) a 588 bis k (Destrucción de los registros).

– Se crea en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo V con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO V. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas

Sección 1.ª Disposiciones generales, artículos 588 ter a (Presupuestos) a 588 ter i (Acceso de las partes a las grabaciones).

Sección 2.ª Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados, artículo 588 ter j (Datos obrantes en archivos automatizados de los prestadores de servicios).

Sección 3.ª Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad, artículos 588 ter k (Identificación mediante número IP) a 588 ter m (Identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad).

– Se incorpora en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo VI con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO VI. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, artículos 588 quater a (Grabación de las comunicaciones orales directas) a 588 quater e (Cese).

– Se añade en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo VII con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO VII. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización, artículos 588 quinquies a (Captación de imágenes en lugares o espacios públicos) a 588 quinquies c (Duración de la medida).

– Se crea en el Título III del Libro II un nuevo Capítulo VIII con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO VIII. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, artículos 588 sexies a (Necesidad de motivación individualizada) a 588 sexies c (Autorización judicial).

– Se incorpora en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo IX, con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO IX. Registros remotos sobre equipos informáticos, artículos 588 septies a (Presupuestos) a 588 septies c (Duración).

– Se crea en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo X con la siguiente rúbrica y contenido: CAPÍTULO X. Medidas de aseguramiento, artículo 588 octies (Orden de conservación de datos)

– Se modifica el apartado 1 del artículo 967 (“1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean…”).

2. La Ley 41/2015 consta de un artículo único por el que se modifican los siguientes preceptos de la LECrim:

Se modifica el apartado 3 del artículo 14 (“3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras …”)

– Artículo 17 (Delitos conexos)

– Artículo 284 («1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público …»)

– Primer párrafo del artículo 295 («En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284.»)

– Se suprime el artículo 300.

– Se modifica el artículo 324 («1. Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. …»)

– Se añade un párrafo tercero en el apartado 2 del artículo 790 («Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad …»)

– Se modifica el artículo 792 («1. La sentencia de apelación se dictará dentro de los cinco días siguientes a la vista oral, o dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones por la Audiencia …»)

– Se introduce en el Libro IV un nuevo Título III bis. Proceso por aceptación de decreto, artículos 803 bis a (Requisitos del proceso por aceptación de decreto) a 803 bis j (Ineficacia del decreto de propuesta de pena).

– Se introduce en el Libro IV un nuevo Título III ter. De la intervención de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento de decomiso autónomo, con el siguiente contenido:

CAPÍTULO I. De la intervención en el proceso penal de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso, artículos 803 ter a (Resolución judicial de llamada al proceso) a 803 ter d (Incomparecencia del tercero afectado por el decomiso).

CAPÍTULO II. Procedimiento de decomiso autónomo, artículos 803 ter e (Objeto) a 803 ter u (Presentación de nueva solicitud de decomiso).

–  Se introduce un nuevo artículo 846 ter («1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelación …»)

– Se modifica el artículo 847 («1. Procede recurso de casación: …»)

– Se modifica el artículo 848 («Podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso …»).

– Se adiciona un párrafo segundo en el artículo 889 (“Para denegar la admisión del recurso será necesario que el acuerdo se adopte por unanimidad…”)

– Se modifica el artículo 954 («1. Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes: …»)

– Se modifica el apartado 1 del artículo 964 («1. En los supuestos no contemplados por el artículo 962, cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, …»).

– Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 985 (“La ejecución de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya dictado la que sea firme…”)

– Se incorpora una nueva disposición adicional (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos).

– Se incorpora una nueva disposición adicional sexta (Procedimiento).

3.  Sustitución de términos

Según el apartado Veintiuno del artículo único de la Ley Orgánica 13/2015:

En los artículos 120, 309 bis, 760, 771, 775, 779, 797, 798 y 967, el sustantivo «imputado» se sustituye por «investigado», en singular o plural según corresponda.

En los artículos 325, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 511, 529, 530, 539, 544 ter, 764, 765, 766 y 773, el sustantivo «imputado» se sustituye por «investigado o encausado», en singular o plural según corresponda.

En el artículo 141 la expresión «imputados o procesados» se sustituye por «investigados o encausados».

En los artículos 762, 780 y 784, el sustantivo «imputado» se sustituye por «encausado», en singular o plural según corresponda.

En los artículos 503 y 797 el adjetivo «imputada» se sustituye por «investigada».

4. Otras modificaciones introducidas por la LO 13/2015:

Se modifican los artículos 57.1, 65, 73.3, 82.1, 87.1, 87 ter. 1 y 89 bis. 2 y 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

5. Otras modificaciones introducidas por la Ley 41/2015

Se modifica el párrafo séptimo del artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

Normas transitorias

1. La Ley Orgánica 13/2015 se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

Se aplicará también a las diligencias policiales y fiscales, resoluciones y actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en vigor en procedimientos penales en tramitación (Disposición transitoria única).

2. La ley 41/2015 se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

El artículo 954 se aplicará también a las sentencias que adquieran firmeza tras su entrada en vigor.

El supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 954 se aplicará a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que adquieran firmeza tras su entrada en vigor.

El artículo 324 se aplicará a los procedimientos que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta ley. A tales efectos, se considerará el día de entrada en vigor como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción que se fijan en la presente ley (Disposición transitoria única).


FUENTE: Contenido y novedades de la reforma de la LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 y por la Ley 41/2015

CUADRO COMPARATIVO: cuadro comparativo reforma LECRIM_13_2015-SEPIN

Nuevo servicio de videoconferencias con los centros penitenciarios

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El próximo lunes 21 de septiembre, a las 10 horas, en el Patio de Columnas, se celebrará el acto de inauguración del nuevo servicio de videoconferencias con los centros penitenciarios que el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona pone en marcha conjuntamente con la Dirección General de Servicios Penitenciarios.

Las peticiones del servicio de videoconferencia serán enviadas al centro penitenciario, con la finalidad de que hayan acompañado al interno a un locutorio debidamente habilitado con los medios tecnológicos adecuados y la entrevista se pueda practicar en el día y hora preestablecidos.

Este sistema de comunicaciones nace con la voluntad de facilitar la comunicación entre los abogados/as y sus clientes internos en centros penitenciarios y se estrenará en fase inicial con el Centro de Quatre Camins. Previsiblemente se irá extendiendo a todas las prisiones catalanas.

Los colegiados/as ejercientes del ICAB podrán solicitar una videoconferencia con los centros penitenciarios que dispongan de esta posibilidad de videocomunicacions desde la página web (SOLUCIONES PROFESIONALES> SOLUCIONES ANTE JUZGADOS Y TRIBUNALES Y AAPP) o mediante solicitud directa al Servicio de Atención Colegial.

En ambos casos, la petición deberá formularse con una antelación mínima de cinco días naturales a la fecha en que quieran comunicarse con su cliente.

A través de la web colegial, los abogados/as, una vez introduzcan el login y password, deberán elegir día y hora a la parrilla, en función de los tramos horarios que queden libres. Los espacios de la agenda serán de media hora para cada visita.

Es necesario tener en cuenta que para solicitar una videoconferencia con los centros penitenciarios será necesario que previamente los letrados/as interesados/as obtengan el volante para visitar al interno (+ info: Expedición de volantes para visitar a interno en centro penitenciario).

En caso de que no se disponga del correspondiente volante no se procederá a la tramitación de la solicitud de entrevista.

Las peticiones del servicio de videoconferencia serán enviadas al centro penitenciario, con la finalidad de que hayan acompañado al interno a un locutorio debidamente habilitado con los medios tecnológicos adecuados y la entrevista se pueda practicar en el día y hora preestablecidos.

En caso de que el centro comunique la modificación del horario, el letrado será avisado por el Servicio de Atención al Colegiado, con la finalidad de que confirme su disponibilidad en el nuevo horario ofrecido. En caso de no recibir ninguna comunicación en contra, la conexión se podrá llevar a cabo en el día y hora establecidos.

El día de la fecha prevista para la comunicación, los abogados/as solamente tendrán que desplazarse al ICAB -Servicio de Atención al Colegiado-, donde se procederá a la conexión telemática segura con el centro penitenciario para que puedan mantener la entrevista reservada con su cliente.


FUENTES:

El ICAB pone en marcha el 21 de septiembre un nuevo servicio de videoconferencias con los centros penitenciarios

ICAB pone en marcha un nuevo servicio de videoconferencias con los centros penitenciarios

Nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC)

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El pasado 1 de julio entró en vigor la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley de seguridad ciudadana o, por sus detractores, como Ley mordaza.

Éstas son sus principales novedades:

Principal contenido

Esta ley regula aspectos como la documentación e identificación de las personas, el control administrativo de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos o la previsión de la necesidad de adoptar medidas de seguridad en determinados establecimientos, con el correlato de un régimen sancionador actualizado imprescindible para garantizar el cumplimiento de los fines de la Ley.

Igualmente se regulan las medidas que deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad ciudadana.

Por primera vez se regulan los registros corporales externos, que sólo podrán realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se regulan, por otro lado, las medidas de control administrativo que el Estado puede ejercer sobre las actividades relacionadas con armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos.

Asimismo, se establecen obligaciones de registro documental para actividades relevantes para la seguridad ciudadana.

En cuanto a los autores de las conductas tipificadas como infracciones, se exime de responsabilidad a los menores de catorce años, en consonancia con la legislación sobre responsabilidad penal del menor. Asimismo se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho.

Se crea, por último, un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, indispensable para poder apreciar la reincidencia de los infractores y permitir, de este modo, sancionar adecuadamente a quienes de modo voluntario y reiterado incurren en conductas merecedoras de reproche jurídico.

Cambios introducidos por el Senado

La Cámara ratificó todas las enmiendas del Senado.

Entre ellas, se determina que las disposiciones de esta Ley Orgánica deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la “plena efectividad” de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga.

Además, se instaura que el personal que realice funciones de policía administrativa tendrá el especial deber de colaborar en la consecución de los fines previstos en el artículo 3 de esta Ley.

En el texto modificado se sostiene también que será causa legítima suficiente para la entrada en un domicilio privado la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. En ese sentido, para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviera a su cargo.

Así mismo se considerarán infracciones graves la creación de desorden en los espacios públicos, u obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana; e infracciones muy grave las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas.

El nuevo texto indica, además, que las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán a los seis meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.

Por último, respecto al régimen especial de Ceuta y Melilla, se dispone que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza mientras intentan superar los elementos de contención para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España, siempre que se realice respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.

Cuatro faltas muy graves (sanciones entre 30.001 y 600.000 euros)

– Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.

– Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.

– Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.

– Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Veintitres faltas graves (sanciones entre 601 y 30.000 euros)

– Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.

– La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.

– Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.

– Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.

– Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.

– La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.

– Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra “cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes” por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.

– Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.

– La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.

– Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.

– Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques…) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.

– Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.

– Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.

– El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.

– No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.

– El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.

– El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas) 20.

– Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.

– La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales  o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.

– La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.

– Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.

– Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.

– El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Diecisiete faltas leves (sanciones entre 100 y 600 euros)

– La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.

– Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.

– Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.

– Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.

– Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.

– La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.

– La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.

– No denunciar la perdida o el robo de un arma.

– Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia
para la seguridad ciudadana.

– No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.

– La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.

– Negarse a darle la documentación a la Policía.

– Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.

– Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.

– La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.

– Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.

– El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.


FUENTE: Entra en vigor la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana

Cumplimiento de la prisión permanente revisable

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El vigente Código Penal introduce la pena de prisión permanente revisable como una pena privativa de libertad grave (CP art.33.2 y 35) que puede ser impuesta sólo en supuestos de excepcional gravedad -el asesinato cualificado, la muerte del Rey o del heredero, la muerte por atentado terrorista, la muerte del jefe de estado extranjero o persona internacionalmente protegida por tratado, y la muerte, agresiones sexuales o lesiones graves de una persona en delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad-.

En dichos supuestos, la pena de prisión permanente es preceptiva para el juez.

Respecto a su duración, el legislador no ha establecido un mínimo y un máximo, sino un contenido cerrado y único que puede provocar problemas en la determinación concreta de la pena -grado de ejecución, participación, aplicación de eximentes, atenuantes y agravantes-.

La introducción de la pena de prisión permanente exige la adaptación de la legislación penitenciaria para establecer de manera concreta su sistema de cumplimiento. Mientras se produce tal adaptación debe entenderse que, con carácter general, resulta de aplicación lo dispuesto en la LO 1/1979 general penitenciaria (LOGP) y en el Reglamento penitenciario (RD 190/1996), con las limitaciones y excepciones que establece el Código Penal.

1. Clasificación en tercer grado de tratamiento

 (CP art.36.1.3 y 78 bis redacc LO 1/2015; LOGP art.63 y 72.5.6; RP art.102.4)

Para acceder al tercer grado, se establecen una serie de requisitos, objetivos y subjetivos, más gravosos que los que se exigen a aquellos condenados a la pena de prisión no permanente.

Requisitos objetivos

Dentro de los que denominaríamos requisitos objetivos se encuentran principalmente los relativos al tiempo de cumplimento y la satisfacción de la responsabilidad civil:

a) Con carácter general, se exige haber cumplido 15 años de prisión efectiva. Se establece así un «periodo de seguridad» general sin posibilidad de individualizar según la gravedad y grado de ejecución del delito. No se contempla excepción alguna a dicho período, como sucede en la pena de prisión no permanente.

b) Excepcionalmente, haber cumplido 20 años de prisión efectiva, si se trata de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas (CP art.571 a 580).

c) En los supuestos de concursos se aplican los siguientes plazos (CP art.78 bis.1):

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d) Satisfacción de la responsabilidad civil. Por aplicación general de la legislación penitenciaria, para acceder al tercer grado también debería ser exigible el pago de la responsabilidad civil decretada en la sentencia (LOGP art.72.5).

Requisitos subjetivos

Entre los requisitos subjetivos se encuentran los siguientes:

a) En todo caso debe concurrir un pronóstico individualizado favorable de reinserción, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias. Para emitir dicho pronostico se deben tener en cuenta las siguientes variables:

– la personalidad del penado y antecedentes;

– las circunstancias del delito y relevancia de los bienes jurídicos afectados;

– la conducta durante el cumplimiento;

– las circunstancias familiares y sociales;

– los efectos que quepa esperar de la suspensión y medidas impuestas.

b) En los delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas (CP art.571 a 580), los condenados deben mostrar además signos inequívocos de haber abandonado la banda terrorista (LOGP art.72.6) y haber colaborado activamente con las autoridades, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes variables:

– impedir la producción de nuevos delitos;

– atenuar los efectos del delito;

– identificación, captura, procesamiento, obtención de pruebas.

c) Con carácter general, valorar si concurren las variables generales y específicas que contempla la legislación penitenciaria para poder acceder al tercer grado en régimen abierto durante el cumplimiento de la pena de prisión no permanente (LOGP art.63; RD 190/1996 art.102.4)

Procedimiento de concesión

Se atribuye al juez o tribunal sentenciador la competencia para valorar la concesión del tercer grado a aquellos condenados a la pena de prisión permanente revisable.

Deben ser oídos previamente el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias.

Esto conlleva ciertos problemas técnicos y materiales:

– primero debido a la falta de profesional especializado en los juzgados para realizar estos informes -pronóstico individualizado favorable de reinserción-; y

– segundo, por la falta de un seguimiento real y efectivo de los condenados ante la carencia de programas de tratamiento en los centros penitenciarios.

Supuestos excepcionales (CP art.36.3 redacc LO 1/2015)

Se contemplan dos supuestos excepcionales en los que se flexibilizan los requisitos para poder acceder al tercer grado:

1. Enfermedad grave con padecimiento incurable. Atendiendo a principios de humanidad y dignidad, así como a la escasa peligrosidad que una persona enferma representa, en el caso de condenados a pena de prisión permanente revisable, el juez o tribunal sentenciador puede concederles el tercer grado, oídos previamente el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y demás partes, sin exigir los requisitos del período mínimo de cumplimiento de la pena y de la satisfacción de la responsabilidad civil, según la práctica que ha operado hasta el momento en los supuestos de enfermos graves condenados a pena de prisión no permanente.

2. Septuagenarios. En estos casos también se flexibilizan los requisitos para acceder al tercer grado, atendiendo a motivos de humanidad y dignidad principalmente, amén del deterioro físico que las personas de edad avanzada pueden padecer, y valorando su escasa peligrosidad. Igual que en el caso anterior, se faculta al juez o tribunal sentenciador, oídos previamente el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y demás partes, a conceder el tercer grado, sin exigir un el requisito del período mínimo de cumplimiento (aunque el relativo a la exigencia o no de responsabilidad civil es más dudoso) según la práctica que ha operado hasta el momento en los supuestos de septuagenarios condenados a pena de prisión no permanente.

La práctica que ha operado hasta el momento en los supuestos de tercer grado a efectos de libertad condicional para enfermos graves condenados a pena de prisión no permanente, ha sido que, para acceder al tercer grado, sólo se ha tenido en cuenta la gravedad de la enfermedad, sin exigirse ni un período mínimo de cumplimiento ni la satisfacción de la responsabilidad civil (RD 190/1996 art.104.4 y 196; Instituciones Penitenciarias Instr 2/2005 EDL 2005/131144; Reunión JVP criterio 51). Del mismo modo en el caso de septuagenarios, aunque en este caso es más polémica la exigencia o no del pago de la responsabilidad civil.

Debe entenderse que tal práctica estaría avalada con el CP art.36.3 y, por tanto, los condenados a pena de prisión permanente revisable que sean septuagenarios o padezcan una grave enfermedad podrán también ser clasificados en tercer grado sin necesidad de haber cumplido un período mínimo de condenada y sin haber satisfecho la responsabilidad civil.

2. Permisos de salida

 (CP art.36.1 redacc LO 1/2015; LOGP art.47.1; RD 190/1996 art.154 s.)

El Código Penal agrava los requisitos exigibles a los condenados a la pena de prisión permanente revisable para poder disfrutar de permisos ordinarios, con respecto a lo establecido en la legislación penitenciaria, estableciendo un plazo mayor de cumplimiento.

Por otro lado, guarda silencio respecto a la posibilidad de disfrutar de permisos extraordinarios por los motivos previstos en la legislación penitenciaria, así como en relación a las salidas de fin de semana para los clasificados en tercer grado. Debe entenderse, en consecuencia, que si no se establece mención restrictiva alguna, los condenados a la pena de prisión permanente revisable podrían disfrutar de este tipo de permisos, extraordinarios y salidas de fin de semana, si reúnen los requisitos generales que establece la legislación penitenciaria.

Requisitos (CP art.36.1 redacc LO 1/2015; LOGP art.47; RD 190/1996 art.154.1)

El penado no puede disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido los siguientes plazos:

– como mínimo 8 años de prisión, con carácter general; y

– en los supuestos de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, como mínimo 12 años de prisión.

Se exige igualmente, según dispone la legislación penitenciaria, estar clasificado en segundo o tercer grado y observar buena conducta.

Procedimiento de concesión de los permisos (LOGP art 47.2: RD 190/1996 art.154, 160 a 162)

El Código Penal no hace alusión al procedimiento de concesión de los permisos, por lo que se entiende de aplicación el procedimiento previsto con carácter general en la legislación penitenciaria.

El Tribunal Constitucional ha establecido que el disfrute de permisos no constituye un derecho subjetivo a favor del recluso, lo cual implica en la práctica que, aunque se reúnan los requisitos indicados, ello no significa la concesión automática del permiso. No obstante, sí hay que motivar su denegación para no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Como fundamento práctico para la denegación del permiso se recurre a las variables de riesgo que manejan las juntas de tratamiento de los centros penitenciaros. Entre dichas variables encontramos: larga condena, lejanía del cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, gravedad delictiva y alarma social entre otras (Instituciones Penitenciarias Instr 1/2012). En los supuestos de personas condenadas a la pena de prisión permanente revisable concurren de manera especial dichas variables, por lo que en la práctica será muy difícil la concesión de un permiso.

3. Libertad condicional y suspensión de la pena

 (CP art.90 y 92 redacc LO 1/2015)

Se ha suprimido la figura penitenciaria de la libertad condicional, quedando absorbida por la suspensión de la pena, perdiendo su autonomía y convirtiéndose en una modalidad de suspensión. Se establece al respecto una regulación compleja que abarca desde la suspensión antes del inicio del cumplimiento de la pena hasta la suspensión del cumplimiento de la última fase de la condena, aunque en el supuesto de la pena de prisión permanente revisable se obvia esta posibilidad, con el fin de permitir la excarcelación definitiva tras su revisión (CP art.92.3)-, para que no termine siendo una pena perpetua, lo cual exige una reforma de la legislación penitenciaria en este sentido.

En este apartado corresponde preguntarse si los condenados a la pena de prisión permanente revisable pueden acceder a la nueva modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la condena y concesión de la libertad condicional prevista para la pena de prisión no permanente.

La técnica legislativa empleada, así como la indeterminación en la duración de la pena a cumplir, parecen resolver la duda en sentido negativo:

• Por un lado, la regulación de la suspensión de la ejecución del resto de la condena y la concesión de la libertad condicional se encuentra ubicada dentro de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión no permanente (CP art.90), quedando fuera la pena de prisión permanente al no haberse realizado una mención expresa.

• De otro lado, uno de los requisitos que se establecen para acceder a la libertad condicional es el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena; circunstancia imposible de calcular al desconocerse la duración de la pena, salvo que se entienda que la duración de este tipo de pena está sujeta a los límites previstos en el CP art.92.1.

Si se prevé, en cambio, la posibilidad de suspender la ejecución de la pena de prisión permanente con la finalidad de la excarcelación definitiva del penado (CP art.92). Para ello se establece un régimen general y diversos especiales, estableciendo según el caso diferentes requisitos.

Régimen general de suspensión (CP art.92.1 redacc LO 1/2015)

Dentro de este supuesto se encontrarían todos aquellos condenados a pena de prisión permanente revisable por un único delito, siempre que éste no se haya cometido en el seno de organizaciones criminales y no se trate de delitos relativos a organizaciones y grupos terroristas y terrorismo (CP art.571 a 580).

En dichos supuestos se exigen los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 25 años de su condena. En los supuestos de concursos se aplican los siguientes plazos (CP art.78 bis.2 y 3):

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2. Encontrarse clasificado en el tercer grado.

3. Que el tribunal, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por los especialistas del propio tribunal, determine la existencia de un pronóstico favorable de reinserción a la vista de:

– la personalidad del penado y sus antecedentes;

– las circunstancias del delito y la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito;

– la conducta durante el cumplimiento;

– las circunstancias familiares y sociales; y

– los efectos que quepa esperar de la suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que sean impuestas.

Régimenes especiales de suspensión (CP art.92.2 redacc LO 1/2015)

Se prevén dos casos especiales:

a) Si la condena es por varios delitos, además de los requisitos exigidos con carácter general, se exige que la valoración del pronóstico favorable de reinserción se realice del conjunto de todos los delitos.

b) Si se trata de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo (CP art.571 a 580), el penado debe mostrar además signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haber colaborado activamente con las autoridades para:

– impedir la producción de nuevos delitos;

– atenuar los efectos del delito;

– la identificación, captura y procesamiento de los responsables;

– la obtención de pruebas; o

– impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.

Estas circunstancias se pueden acreditar mediante la declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas, abandono de la violencia y petición expresa de perdón de las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten la desvinculación real de su organización terrorista, del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales y su colaboración con las autoridades.

Procedimiento de concesión (CP art.92.4 redacc LO 1/2015)

Se atribuye al juez o tribunal sentenciador la competencia para resolver sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable, el cual resolverá tras:

• Un procedimiento oral contradictorio.

• Con intervención del Ministerio Fiscal y del penado, asistido de letrado.

Asimismo, el juez o tribunal debe:

a) Verificar, al menos cada 2 años, y una vez extinguida la parte de la condena de 25 años o, en su caso, los requisitos para la progresión a tercer grado (CP art.78 bis), el cumplimiento del resto de los requisitos de la libertad condicional.

b) Resolver las peticiones de libertad condicional, pudiendo fijar un plazo de hasta un año en el cual no se dará curso a nuevas peticiones tras su rechazo.

Duración de la suspensión (CP art.92.3 redacc LO 1/2015)

La suspensión de la ejecución tiene una duración de 5 a 10 años, cuyo cómputo comienza desde la fecha de puesta en libertad del penado.

Modificaciones y revocación de la suspensión (CP art.92.3 redacc LO 1/2015)

La posibilidad de modificar la suspensión de la pena de prisión permanente revisable es competencia del juez o tribunal sentenciador, quien puede acordar durante la misma, la imposición de prohibiciones, deberes o prestaciones (de acuerdo con CP art.83).

Sin embargo, se atribuye al juez de vigilancia penitenciaria la facultad de revocar la suspensión cuando se ponga de manifiesto un cambio en las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión. En esta materia, por remisión expresa, resultan de aplicación algunas normas generales sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (CP art 80.1 párr 2º, 83, 86 y 87), pero debe entenderse que sólo en lo relativo a las circunstancias, prohibiciones y motivos de revocación de la figura de la suspensión de la pena de prisión no permanente, pues en lo que se refiere a la competencia para decretar la revocación, lo dispuesto en CP art.86 se contradice con el CP art.92.3.

Modalidades excepcionales de suspensión (CP art.92.3 redacc LO 1/2015)

Se hace una remisión expresa al régimen de la libertad condicional previsto para septuagenarios y enfermos graves (CP art.91). Debe entenderse, en consecuencia, que los condenados a pena de prisión permanente revisable pueden acceder por motivos humanitarios a las modalidades excepcionales de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional para septuagenarios y enfermos graves.

A pesar de que se utiliza el término «libertad condicional», en realidad no estamos ante esta figura penitenciaria -último período de cumplimiento de la pena de prisión según el sistema de individualización científica y encaminado a la integración social del penado-, sino que se trata del procedimiento necesario de revisión para que la pena no termine siendo una cadena perpetua. En el caso de la pena de prisión permanente revisable, la suspensión prevista en el CP art.92 tiene como objetivo la excarcelación definitiva, no la excarcelación anticipada a título de prueba de cara a la reeducación y reinserción del penado propia de la libertad condicional.


FUENTE: Aspectos sobre el cumplimiento de la prisión permanente revisable (CP art.33.2.a, 35, 36.1 y 3, 78 bis y 92 redacc LO 1/2015)

Entra en vigor la reforma del Código Penal: puntos claves de la reforma

A partir del 1 de julio, entra en vigor una de las reformas más sustanciales y polémicas del Código Penal, la operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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El Código Penal sufre la reforma más profunda desde su aprobación en 1995. Concretamente, se modifican 252 artículos del Código Penal, se suprimen 32, se reforman 18 de la LECrim., uno de la Ley de Indulto, uno de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y se añade una disposición a la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE

Podemos dividir los aspectos más relevantes de la reforma del código penal, siguiendo la estructura del propio código, según hayan recaído en la parte general o en la parte especial.

PARTE GENERAL
1.  Derogación del Libro III («Faltas y sus penas») del Código Penal. La nueva categoría de «delito leve».

2. La «prisión permanente revisable».

3. Nuevas penas privativas de derechos: inhabilitación docente e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia.

4. Protección de la mujer y víctimas de violencia de género.

5. Personas con discapacidad.

6. Medidas de seguridad.

9. Libertad condicional.

10. Nueva regulación del decomiso.

11.  Antecedentes penales.

PARTE ESPECIAL
1. Homicidio y sus formas.

2. Secuestros y detenciones ilegales.

3. Delito de matrimonio forzado.

4. Delito de acoso.

5. Trata de seres humanos.

6. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y a la corrupción de menores.

7. Delitos contra la intimidad.

8. Delitos contra los sistemas de información.

9. Multirreincidencia: su tratamiento en delitos patrimoniales.

10.  Administración desleal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

11. Delitos de insolvencia punible.

12.  Delitos contra la propiedad intelectual.

13.  Delitos de corrupción en los negocios. 

14.  Coacciones en el entorno laboral.

15.  Delito contra la ordenación del territorio: demolición de la obra que atenta contra la legalidad urbanística.

16.  Los delitos contra los recursos naturales y contra el medio ambiente.

17. Delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos. Marisqueo furtivo. Maltrato de animales.

18. Delitos contra la seguridad colectiva.

19.  Incendios forestales.

20. Derecho penal de medicamentos. Adaptación del Convenio Medicrime.

21.  Usurpación de funciones públicas e intrusismo.

22.  Medidas de lucha contra la corrupción.

23.  Delito de inutilización o perturbación del funcionamiento normal de los dispositivos técnicos dispuestos para controlar el cumplimiento de las penas, medidas de seguridad o medida cautelar.

24.  Delitos de incitación al odio y a la violencia.

25.  Delitos contra el orden público: Atentados y Desórdenes públicos.

  • Para una lectura detallada de las referidas reformas en la parte general y especial del Código, consultar el siguiente enlace: 

Reforma CP 2015: Introducción

Reforma CP 2015: Parte General

Reforma CP 2015: Parte Especial I

Reforma CP 2015: Parte Especial II

  • Para una lectura sumaria acerca de las reformas efectuadas, a continuación se presentan 10 puntos esenciales de la reforma operada.

Los 10 puntos claves de la reforma del Código Penal de 2015

  1. Supresión de las faltas.
  2. Modificación de las penas y su aplicación.
  3. Nueva regulación del Decomiso.
  4. Administración desleal y apropiación indebida.
  5. Delitos contra la propiedad intelectual.
  6. Frustración en la ejecución.
  7. Nuevos delitos de corrupción en los negocios.
  8. Delitos contra la libertad sexual.
  9. Delitos de carácter público.
  10. Cuadro comparativo y esquema reforma.

1. Supresión de las faltas.

1.1. Creación de nuevos delitos leves (ver anteriores faltas) regulados en el Libro II.

Se suprime el Libro III relativo a las faltas. Algunas de ellas se incorporan en el Libro II reguladas como “delitos leves”.

La reducción del número de faltas o delitos leves está basada en el principio de intervención mínima, con la finalidad de descargar a los Tribunales de la tramitación de asuntos menores.

1.2. Modificación del plazo de prescripción.

El plazo de prescripción de las faltas pasa a ser de 1 año. Se suprimen las faltas de abandono así como la falta de hurto.

2. Modificación de las penas y su aplicación.

2.1. Prisión permanente revisable.

La pena de prisión permanente revisable podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad (asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad) y  sujeta a un régimen de revisión una vez se haya cumplido una parte de la condena – entre 25 y 30 años – y se acredite la reinserción del penado.

2.2. Agravación de las penas en sentido amplio.

Se agravan las penas de los delitos de homicidio cuando concurran circunstancias especialmente graves.

Se establecen agravaciones también cuando los hechos delictivos se cometan empleando violencia o intimidación, o si los abusos consistieran en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos.

También se revisa el catálogo de supuestos agravados de estafa regulados en el artículo 250 del Código Penal.

2.3. Suspensión y sustitución de la pena.

Se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad. Se concede a los Jueces o Tribunales mayor discrecionalidad para valorar los requisitos de la suspensión de la pena y se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño causado conforme a las posibilidades físicas y económicas del obligado.

2.4. Libertad condicional.

Pasa a ser una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. El tiempo de disfrute de la libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de la pena.

Se introducen nuevos supuestos de acceso a la libertad condicional.

2.5. Cancelación de los antecedentes penales.

Se simplifica el procedimiento de cancelación de antecedentes penales, suprimiendo la exigencia del informe del Juez o Tribunal sentenciador y el requisito de la constancia de pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado.

Se equiparan los antecedentes penales españoles a los correspondientes a condenas firmes de jueces o Tribunales de otros Estados de la UE.

3. Nueva regulación del Decomiso.

Se introducen modificaciones importantes para facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación y gestión de activos procedentes del delito.

Mediante la aplicación de la Directiva 2014/42/CE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito de la UE, quedan afectados los siguientes tipos:

3.1. Decomiso sin sentencia.

No tiene una naturaleza estrictamente penal, pues no hay una sanción impuesta, sino que responde al hito de “restitución del enriquecimiento injusto”.

3.2. Decomiso ampliado.

Los bienes o efectos decomisados van a provenir de otras actividades ilícitas del sujeto condenado. No es una sanción penal, sino que es más bien una institución por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilícita que ha dado lugar a la actividad delictiva.

3.3. Decomiso de bienes en poder de terceros.

Se introducen mejoras técnicas para incrementar la eficacia y seguridad jurídica en la aplicación de esta regulación.

4. Administración desleal y apropiación indebida.

4.1. Modificación de la rúbrica “De la administración desleal”.

Se crea una Sección 2ª. bis en el Capítulo VI del Título III del Libro II denominada “De la administración desleal”.

4.2. Sección diferenciada para los delitos de apropiación indebida.

En esta sección diferenciada no se va a incluir la administración desleal por distracción de dinero, que será un tipo autónomo. Por tanto, se establece una clara diferenciación de estos tipos.

4.3. Malversación, modalidad de administración desleal.

Se tipifica la malversación como supuesto de administración desleal de fondos públicos. Se incluyen dentro del ámbito de la norma otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público.

5. Delitos contra la propiedad intelectual.

5.1. Se agravan las penas para los tipos generales.

Se reajusta la respuesta penal a la valoración de la gravedad de la infracción cometida, y por tanto, se fija un marco penal más amplio que le ofrece al juez un margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad de la conducta.

5.2. Se tipifican nuevas conductas.

Se tipifican expresamente nuevas conductas por medio de las cuales se llevan a cabo infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los que derivan graves perjuicios.

6. Frustración en la ejecución.

6.1. Separación entre insolvencia y frustración de la ejecución.

Se establece una clara separación entre las conductas de obstaculización o frustración de la ejecución (alzamiento de bienes), y los delitos de insolvencia o bancarrota.

6.2. Inclusión de nuevas figuras delictivas.

Se incluyen dos nuevas figuras delictivas para contemplar la tutela penal de los procedimientos de ejecución; la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución por una parte, y el segundo tipo penal introducido es la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad.

6.3. El concurso punible o bancarrota.

El delito de concurso punible o bancarrota se configura como un delito de peligro, vinculado a una situación de crisis y perseguible cuando se declara efectivamente el concurso.

8. Nuevos delitos de corrupción en los negocios.

8.1. Creación de una nueva sección específica para los delitos de pago de sobornos y corrupción.

Se crea dentro del Capítulo XI del Título XIII del Libro II una nueva sección referida a los “Delitos de corrupción en los negocios” en el que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas.

8.2. Tipo agravado en el caso del cohecho.

Se incluye en la regulación un tipo agravado aplicable en los casos de especial trascendencia, y en el caso de cohecho.

8. Delitos contra la libertad sexual.

8.1. Nuevo tipo: el acoso.

Se introduce un nuevo tipo penal de acoso para dar respuesta a conductas de gravedad que no son ni coacciones ni amenazas.

8.2.  El matrimonio forzado.

Se tipifica ahora este nuevo delito en el apartado de coacciones, para dar respuesta a la persecución de los delitos que atentan contra los derechos humanos.

8.3.  Detención ilegal, secuestro y trata de seres humanos.

Se introduce una pena única en los supuestos de detención ilegal y secuestro y se introducen también supuestos agravados dependiendo de las circunstancias de la víctima.

También se modifica la regulación sobre la trata de seres humanos en atención a la trasposición de la Directiva 2011/36/UE.

8.4.  Mayores penas para los delitos de pornografía infantil.

La reforma eleva la edad del consentimiento sexual a los 16 años. Se establecen agravaciones en determinados supuestos.

Se castigan los actos de producción, difusión, mero uso o adquisición de pornografía infantil con penas más duras.

9. Delitos de carácter público.

Se introducen nuevos tipos encargados de regular los siguientes supuestos:

-Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.

-Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

-Malversación, sustracción de caudales o efectos públicos.

-Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

10. Cuadro comparativo y esquemas de los artículos reformados. 

Haz click en el siguiente enlace para acceder a:


FUENTES:

La reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal