El TS declara gananciales las deudas inventariadas en concurso de acreedores de uno de los cónyuges sin necesidad de que se hayan contraído con el consentimiento o conformidad del otro cónyuge

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El Tribunal Supremo declara gananciales las deudas inventariadas en concurso de acreedores de uno de los cónyuges.

El juzgado de lo mercantil no hallaba prueba directa de que tales deudas hubieran sido generadas para el sostenimiento de las cargas del matrimonio, como sostenía el cónyuge concursado.

Sin embargo, la AP Alicante, aunque reconoce que no existe prueba directa, concluye que los créditos se contraían para el sostenimiento de la familiar en base a tres indicios; una cuenta común para los ingresos, la mala situación económica familiar coincidente con cada uno de los créditos al tiempo de contraerse y las pequeñas cuantías de los mismos, propias del consumo familiar.

A juicio de la Sala, probado que el dinero adeudado fue destinado a una cuenta de disposición común de ambos esposos para la satisfacción de los gastos familiares, resulta irrelevante si el endeudamiento se hizo con el consentimiento o la autorización del cónyuge ahora recurrente, lo relevante es el destino de las cantidades percibidas con aquellas operaciones de crédito, que el tribunal de apelación entiende acreditado fueron a parar a satisfacer gastos familiares. Sin que, en contra de lo pretendido por el recurrente, quepa en el recurso de casación revisar esta valoración probatoria.

Texto íntegro de la Sentencia: TRIBUNAL SUPREMO, Sala 1ª, Sentencia 01/02/2016, rec. 25/2014, Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio (Roj: STS 318/2016 – ECLI:ES:TS:2016:318)


FUENTE: Ganancialidad de las deudas del cónyuge en concurso de acreedores tras probar indiciariamente el destino familiar del importe de los créditos

Según el TS no puede aplicarse de forma retroactiva la responsabilidad de los administradores de la Ley 19/2005 por no disolución

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El Tribunal Supremo, en sentencia dictada el pasado 4 de septiembre de 2015, estima el recurso de casación interpuesto y absuelve a los administradores al considerar que no es aplicable la Ley 19/2015 de forma retroactiva.

El recurso se formula bajo la modalidad de interés casacional ( art. 477.2.3 LEC) por oposición de la sentencia que se recurre a la doctrina recogida en las sentencias del Tribunal Supremo número 923/2011 de 26 de noviembre (RC 1769/2008) y número 818/2012 de 11 de enero (RC 2236/2010), en las que se establece que la norma aplicable en los supuestos de responsabilidad personal de los administradores por deudas sociales es la que se encuentre vigente en el momento de producirse los hechos determinantes de la misma.

El criterio que fijan las sentencias citadas para determinar la existencia o no de la responsabilidad objetiva y personal de los administradores por deudas sociales es el de aplicar la norma vigente en el momento de producirse los hechos determinantes de la responsabilidad.

Así, el recurso interpuesto señala que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta la modificación del art. 105.5 LSRL operada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre Sociedades Anónimas Europeas domiciliadas en España.

Es esta infracción de la aplicación del art. 105.5 LSRL la que condiciona el sentido del fallo y lleva a la estimación del motivo.

Señala el Alto Tribunal que “la seguridad jurídica, principio inspirador del ordenamiento y uno de los valores reconocidos por la Constitución Española (art. 9.3 CE), exige el conocimiento previo de la norma que va a aplicarse a las situaciones y relaciones jurídicas, de acuerdo con el viejo axioma tempus regit actum. La Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre Sociedades Anónimas Europeas domiciliadas en España, al no disponer la retroactividad de las modificaciones de la normativa reguladora de la responsabilidad de los administradores societarios, no puede aplicarse con carácter retroactivo y, en consecuencia, hay que estar al texto vigente en el momento en el que se desarrollaron los hechos generadores de la misma (entre las más recientes, sentencias 826/2011, de 23 de noviembre, 923/2011, de 26 de noviembre; y 225/2012, de 13 de abril)”.

Continúa la sentencia indicando que “la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales nace: (i) cuando concurre una causa de disolución y no cuando nace la deuda, aunque tal deuda origine posteriormente la causa de disolución por pérdidas; (ii) no se haya convocado la Junta en el plazo de dos meses para adoptar el acuerdo de disolución o cualquier otro para restablecer el equilibro patrimonial; y (iii) ni se haya solicitado la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde aquella fecha”.

Como la causa de disolución acaece con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre , resulta de aplicación el art. 105.2 LSRL en la redacción dada por esta Ley. El modificado art. 105.5 LSRL , establece que los administradores responden solidariamente de las obligaciones sociales “posteriores” al acaecimiento de la causa legal de disolución. Por tanto, dado que la deuda era de fecha anterior a la aparición de la causa legal de disolución, el administrador no responde de la deuda que se reclama.

Así, estima el Tribunal el recurso de casación al ser la deuda reclamada anterior a la causa de disolución y la norma aplicable, el art. 105.5 LSRL , modificado por la Ley 19/2005, hace responsable a los administradores únicamente de las obligaciones sociales “posteriores” a la causa legal de disolución.


Sentencia completa: STS 456/2015 de 4 de septiembre de 2015.

La Comisión Europea cuestiona la doctrina del TS sobre el alcance de la nulidad de las cláusulas suelo

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En su informe, fechado el 13 de julio de 2015, la Comisión se muestra contraria a la sentencia del TS español que considera nulas las cláusulas suelo, pero no permite la retroactividad, es decir, la obligación de que los bancos devuelvan a los usuarios todas las cantidades cobradas de más por esta cláusula abusiva.

Este informe contiene las alegaciones presentadas ante el TJUE sobre la retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas de más por los bancos en aplicación de las cláusulas suelo tras la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, presentada en abril de 2015.

Entre sus alegaciones, señala “no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor -y a la que está obligado el profesional- en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia”

Es el TJUE quien dirime ahora sobre la legalidad de esta decisión del TS, y si es contraria a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Doctrina del TS sobre el alcance de la retroactividad

Desde la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013, el criterio fijado sobre la retroactividad de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo (por su carácter abusivo), sólo obliga a la devolución de los importes cobrados irregularmente bajo este concepto hasta la fecha de publicación de la misma, esto es, el 9 de mayo de 2013.

En su sentencia de 9 de mayo de 2013, el TS limita los efectos de la declaración de nulidad tanto en aquellos casos en que existieran resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada, como en aquellos otros que se hubieran hecho pagos (consecuencia de la cláusula suelo) anteriores a la fecha de publicación de la misma.

El propio TS ha realizado aclaraciones de su sentencia de 9 de mayo de 2013, sobre las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios y el matiz en cuanto al alcance de la nulidad de dichas cláusulas.

Pero ocurre que, a pesar de esta declaración de nuestro Alto Tribunal, ha existido disparidad de criterios entre las Audiencias Provinciales a la hora de aplicar la retroactividad en las acciones acumuladas de cantidad contra las entidades financiares, y se han dictado sentencias que no siguen el criterio del TS, y obligan al banco a devolver lo percibido por la aplicación de la cláusula declarada nula desde el origen, es decir, desde que se formalizó la hipoteca.

Otros juzgados y tribunales, como el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, que motiva este informe de la Comisión, cuestionaron ante el TJUE si la limitación de los efectos retroactivos de la nulidad de la cláusula suelo es compatible con el derecho comunitario.

Litigio principal

El marco en el que se pronuncia este informe, como alegaciones al procedimiento, es la cuestión prejudicial, asunto C-154/15, planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada.

En el litigio principal se dilucida sobre una acción de cesación de una condición general por su naturaleza abusiva por un lado, y una acción de reclamación de cantidad contra una entidad bancaria (BBK Bank CajaSur).

Derecho nacional aplicable

Los efectos de la nulidad en ámbito contractual se encuentran regulados en el art. 1303 del CC, que dice que declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses.

El art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece que “serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas”

Normativa de la UE

El art. 6.1 de la  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores establece: «Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»

La misma directiva establece mecanismos que aseguren el cese de la aplicación de dichas cláusulas.

Cuestión Prejudicial

¿Es posible moderar por los tribunales la devolución de las cantidades que haya pagado el consumidor – a que esté obligado el profesional- en aplicación de la cláusula posteriormente declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia?

La cuestión prejudicial plantea la duda del encaje de esta posición del TS español con el Derecho comunitario, en concreto pregunta si la interpretación del inciso “no vinculación” del art. 6.1 de la  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, es compatible con esta decisión de “retroactividad parcial” de los efectos de nulidad de la cláusula suelo declarada abusiva.

La segunda cuestión que realiza el tribunal se centra en la posibilidad de, conforme al derecho UE, limitar de algún modo los efectos de dicha nulidad, en clara alusión  la citada sentencia del TS.

Alegaciones y propuestas de la Comisión

En otros asuntos, como el del Banco Español de Crédito, el TJUE ya ha tenido ocasión de aclarar cuál es la consecuencia del art. 6.1 de la Directiva sobre cláusulas abusivas.

Según el informe, de esta sentencia y de otras, se desprende que, aunque los tribunales nacionales tienen cierto margen para aplicar las consecuencias jurídicas que sus respectivos ordenamientos prevean, este es limitado, pues en cualquier caso estas cláusulas no pueden vincular a los consumidores.

Cualquier otra interpretación pondría en peligro el objetivo protector de la Directiva.

Por tanto la Comisión propone al TJUE que a la cuestión planteada conteste que la interpretación de la “no vinculación” del art. 6.1 de la Directiva, es incompatible con una interpretación que determine que la declaración de nulidad de la cláusula suelo extiende sus efectos hasta la declaración de nulidad de la misma, sino que ha de surtir efectos ex tunc.

Continúa la Comisión argumentando sobre la posibilidad de moderar o limitar estos efectos ex tunc.

Haciendo referencia a dos asuntos tratados por el TJUE (asunto RWE y asunto Asturcom Telecomunicaciones), considera que conforme a la jurisprudencia del tribunal la posibilidad ponderar y limitar los efectos ex tunc  de la “no vinculación” de las cláusulas abusivas tiene carácter excepcional, y se produciría en aplicación del principio general de seguridad jurídica, cuyo corolario sería el principio de cosa juzgada, siempre que concurran dos requisitos: buena fé y el riesgo de trastornos graves.

Pues bien, la Comisión la doctrina reflejada en el asunto RWE (que cita la sentencia del TS) no es extrapolable al asunto tratado y mucho menos puede ser invocada para limitar la aplicación de una norma de Derecho de la Unión. No sería posible pues conceder a los tribunales la posibilidad de limitar el alcance de la interpretación dada por el TJUE de una norma de Derecho de la UE, máxime cuando la jurisprudencia aplicable sobre el art. 6 de la Directiva es clara y consolidada.

La contestación propuesta al TJUE sobre esta cuestión es que el cese en el uso de una determinada cláusula declarada nula como consecuencia de una acción individual ejercitada por el consumidor no sería compatible con una limitación, salvo que fuera necesaria para preservar el principio de cosa juzgada.

¿podrían no obstante los tribunales nacionales moderar las consecuencias económicas de la nulidad de una cláusula calificada como abusiva?

La Comisión propone al TJUE que conteste que no es posible en virtud del Derecho de la UE que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ya ha pagado el consumidor, pues más allá de la excepción mencionada de salvaguarda de la seguridad jurídica, no existe límite alguno a los efectos de la “no vinculación” de las cláusulas abusivas.

Conclusión

La Comisión respetuosamente propone al TJUE responder a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada del siguiente modo:

  1. La interpretación de la “no vinculación” que realiza el art. 6.1 de la Directiva es incompatible con una interpretación que determine que la declaración de la nulidad de la citada cláusula extiende sus efectos hasta la declaración de la misma.
  2. El cese en el uso de una determinada cláusula declarada nula por abusiva no es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad, salvo que sea necesaria para preservar el principio de cosa juzgada.
  3. No es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ya ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia.

Alegaciones del Gobierno Español

Tanto el Reino Unido como la Republica Checa realizan alegaciones sobre la cuestión  en sentido opuesto: para el Reino Unido si es conforme al Derecho de la Unión que un tribunal nacional especifique la fecha a partir de la cual los importes abonados en virtud de una cláusula abusiva deben devolverse a los consumidores, mientras que para la República Checa, conforme al derecho de la UE, las cláusulas contractuales abusivas carecen siempre de carácter vinculante para el consumidor, y ello desde el principio (ab initio), siendo así los tribunales nacionales no están facultados para posponer los efectos de esta falta de carácter vinculante.

El argumento del Gobierno español es que la Directiva “no se opone a una jurisprudencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro”, “en aras de preservar el equilibrio contractual y la seguridad jurídica”, que “limita los efectos económicos que pudieran derivarse de la declaración de nulidad desde la fecha de la sentencia, que por primera vez aprecia la abusividad de este tipo de cláusulas”.

Considera el Gobierno que las cláusulas suelo no son en sí mismas ilícitas, y que su práctica ha sido tolerada por el mercado, existiendo siempre la posibilidad de negociación con la entidad bancaria, que, conforme a la interpretación que realiza de la sentencia del TS, actuaron de buena fé.

Reacciones de Asociaciones de Consumidores

Facua ha apoyado que la Comisión Europea (CE) “defienda los intereses de los consumidores españoles” en unas alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas de más por los bancos en aplicación de las cláusulas suelo y espera que el Tribunal comunitario refrende esta postura.

Facua considera “aberrante” que, en las alegaciones presentadas por el mismo asunto prejudicial, “el Gobierno español defienda los intereses de la banca frente a los derechos de los consumidores”. “El Ejecutivo defiende, de hecho, que es necesario limitar los efectos económicos de la nulidad por una cuestión de seguridad jurídica para las empresas”, ha añadido.


FUENTE: La Comisión Europea cuestiona la doctrina del TS sobre el alcance de la nulidad de las cláusulas suelo

En vigor el nuevo modelo de escritura pública de las sociedades de responsabilidad limitada para su constitución telemática

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El pasado 12 de septiembre de 2015 se publicó la Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social.

Esta norma entró en vigor el 13 de septiembre de 2015, coincidiendo con la entrada en vigor del RD 421/2015,por el que aprueba la constitución telemática de sociedades limitadas y los modelos de estatutos aplicables a las mismas, al que desarrolla.

El Real Decreto 421/2015 desarrolla las estipulaciones de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que prevé la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, con escritura pública y estatutos tipo, mediante el llamado Documento Único Electrónico (DUE) y a través de un sistema de tramitación telemática del centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), a fin de conseguir plazos brevísimos de otorgamiento de escritura pública (12 horas hábiles) y de calificación e inscripción en el Registro Mercantil (6 horas hábiles).

A continuación se exponen los aspectos más relevantes de la Orden JUS/1840/2015.

Objeto de la norma

Constituye el objeto de esta Orden la aprobación del modelo de escritura pública en formato estandarizado y con campos codificados para la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada, mediante el documento único electrónico (DUE) y el sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE),  previstos en los artículos 15 y 16 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, desarrollados por el artículo 6 del Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada.

También objeto de esta Orden la aprobación de la relación de actividades que pueden integrarse en el objeto social de los estatutos, de conformidad con la previsión del apartado segundo de la disposición final décima de la misma ley.

Contenido de la norma

Desarrollando al Real Decreto 421/2015, la Orden establece:

  • Modelo estandarizado de escritura pública con campos codificados para la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada (Anexo I)
  • Relación de datos codificados correspondientes a la numeración situada en cada uno de los campos que figuran en el modelo estandarizado (Anexo II)
  • Descripción del formato de Escritura Estandarizado mediante un esquema XSD, XML Schema Definition a rellenar por el notario (Anexo III)
  • Relación de actividades que pueden integrar el objeto social por relación a las actividades y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (Anexo IV)

El código o códigos a seleccionar deberá tener al menos dos dígitos. En caso de que el objeto social recoja más de una actividad se señalará la que ha de tener carácter principal, en cuyo caso se identificará con cuatro dígitos.

Derogación normativa

La Orden deroga la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los estatutos tipo de las sociedades de responsabilidad limitada.

Entrada en vigor

La presente Orden entró en vigor el día 13 de septiembre de 2015.


FUENTE: Hoy entra en vigor el nuevo modelo de escritura pública de las sociedades de responsabilidad limitada para su constitución telemática

El Registro Público Concursal incluirá información sobre empresas en situación de venta o liquidación

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El Registro Público Concursal incluirá en su página web información sobre empresas tanto en venta como en liquidación, con la intención de mejorar la publicidad sobre compañías en estas circunstancias para que mejore el número de pujas y las posibilidades de salvar unidades productivas.

Así lo prevé el proyecto de real decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal, actualmente pendiente de aprobación, en el que se incluye una disposición para incluir en dicho Registro un portal de liquidaciones concursales.

Portal de liquidaciones

Con la reforma de la Ley Concursal introducida el pasado mes de mayo por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, el Gobierno ya introdujo la posibilidad de constituir, en el seno del Registro Público Concursal, un portal de liquidaciones donde se concentre la información de empresas que, dentro de un concurso, se encuentren en fase de liquidación.

Gracias a él, los usuarios tendrán acceso a datos de las sociedades en venta, aunque no estén en liquidación concursal, que voluntariamente quieran adherirse al sistema con el objetivo de que “puedan cruzarse las propuestas de venta y de adquisición de empresas constituidas bajo la forma sociedad anónima no cotizada o de sociedad de responsabilidad limitada o de paquetes de acciones o de participaciones de las mismas”.

El Registro Público Concursal fue incorporado a la Ley Concursal por el RD-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, y está regulado por el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que regula el nuevo régimen del Registro Público Concursal, en vigor desde el 3 de marzo de 2014.

Información para facilitar la enajenación de empresas en liquidación

Con respecto al portal de liquidaciones en sí, el proyecto de real decreto establece que será accesible desde la web del Registro Público Concursal y en él se incluirá la relación de empresas en fase de liquidación, aportando la información necesaria para “facilitar su enajenación”.

Ésta consistirá al menos en la identidad del deudor, el sector y ámbito de actuación de la empresa, el tiempo que lleva en funcionamiento, su volumen de negocio, el tamaño de su balance, el número de empleados, el inventario de sus activos más relevantes, los contratos vigentes con terceros, las licencias o autorizaciones administrativas con las que cuente, su pasivo y los procesos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación que los que esté inmerso.

El encargado de transmitir los datos al Registro, una vez el juez haya dictado la apertura del concurso, será el administrador concursal, quien también se encargará de comunicar al portal la enajenación de unidades productivas o elementos de la empresa que se vayan produciendo, así como la finalización de la liquidación. Todos estos datos se mantendrán al menos hasta dos meses después de la liquidación de la masa activa del concurso.


FUENTE: El Registro Público Concursal incluirá información sobre empresas en situación de venta o liquidación

Contenido y novedades de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

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El pasado sábado 25 de julio se publicó la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la que reseñamos sus aspectos más relevantes.

1. Objeto de la norma

  1. Actualizar la actual normativa sobre patentes, basada en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, adecuando el marco legal a las necesidades actuales.
  2. Facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema (las patentes y modelos de utilidad concedidas por vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento de los casos).
  3. En particular, simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva. Se elimina, por tanto, el actual sistema opcional o «a la carta», introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

2. Entrada en vigor

La Ley 24/2015 entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

3. Estructura y principales novedades de la Ley 24/2015

La norma se divide en 186 artículos, estructurados en 16 títulos, 10 disposiciones adicionales, 6 transitorias, 6 transitorias, una derogatoria, 9 finales y un Anexo.

Título I. Disposiciones preliminares (arts. 1 a 3)

Se establece la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos, entre los que se incluyen los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, y se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público.

Título II. Patentabilidad (arts. 4 a 9)

Incorpora las modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), hecha en Munich el 29 de noviembre de 2000, al hacer explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.

Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico seguirán excluidos de la protección por patente en los mismos supuestos en que lo estaban antes, pero sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial.

Para mayor claridad, al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa, entre las interferencias, a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España, que tampoco se mencionaban explícitamente en la Ley anterior, porque, cuando esta se promulgó, España aún no era parte de esos Convenios.

También se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Esta excepción no existe en el derecho comparado europeo y puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia.

Título III. Derecho a la patente y designación del inventor (arts. 10 a 14)

Se mantiene en lo esencial lo establecido en la regulación anterior:

  1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce;
  2. El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.
  3. S la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas
  4. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.
  5. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

Título IV.  Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios(arts. 15 a 21)

Tampoco ha cambiado en lo sustancial:

  1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.
  2. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan.
  3. El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.
  4. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado.
  5. Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta.
  6. Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

Se sustituye la presunción iuris et de iure, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas se ha procurado adaptar la Ley de Patentes con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ?que modificó la propia Ley de Patentes en su disposición final segunda? y con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Título V. Solicitud y procedimiento de concesión

Está dividido en cinco capítulo: Presentación y requisitos de la solicitud de patente (arts. 22 a 31); Procedimiento de Concesión (arts. 32 a 42); Oposiciones y recursos (arts. 43 y 44);Certificados complementarios de protección (CCP) de medicamentos y productos fitosanitarios(arts. 45 a 47) y Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros (arts. 48 a 57).

La Ley simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PTL) y que ya se aplican en los procedimientos internacionales anteriormente citados.

Entre los requisitos de la solicitud se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera, aunque esta información no prejuzgue la validez de la patente.

Otra novedad es el reconocimiento de la prioridad interna, para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes.

En el sistema de concesión la Ley se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio y vuelve al examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuya implantación gradual, como ya se ha dicho, era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986.

Dentro del modelo de concesión con examen previo generalizado que ahora se adopta también se introducen modificaciones en el procedimiento buscando un modelo más integrado cuyo objetivo es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los procedimientos internacionales, de manera que su iniciación no esté sujeta a otras condiciones que las que son imprescindibles para la realización de la búsqueda misma.

Se sustituye así el anterior procedimiento por otro que integra la búsqueda con el examen técnico, y cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita.

Por su parte en el examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

Para acelerar el procedimiento se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión, que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención.

El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

En cuanto a los Certificados complementarios de protección o CCP, se limita a regular algunas cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de tasas. El resto de la regulación está ya contenida en la normativa comunitaria que es directamente aplicable a este tipo de títulos.

Finalmente se armonizan las reglas generales sobre el procedimiento e información de los terceros con las establecidas en materias comunes para las otras modalidades de Propiedad Industrial. Entre las novedades a destacar está la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT, las normas relativas a la modificación de la solicitud y reivindicaciones en los diversos procedimientos y la obligación de especificar por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica.

Títulos VI. Efectos de la patente y de la solicitud de la patente (arts. 58 a 69)

El alcance y los límites del derecho de patente, fue modificado por la Ley 10/2002, de 29 de abril, y por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al mencionar expresamente entre los límites al derecho de patente, los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

No obstante en la nueva Ley se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar», que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

 Otras modificaciones menores consisten en hacer explícita la referencia a los medios equivalentes para determinar la extensión de la protección, en eliminar algunas normas que han quedado obsoletas al desaparecer los supuestos que las justificaban, y en matizar el alcance del agotamiento, como límite general al ejercicio del derecho.

Título VII. Acciones por violación del derecho de patente (arts. 70 a 78)

 Las acciones de defensa del titular de la patente también fueron actualizadas en la Ley 19/2006, de 5 de junio, que incluyó normas referidas a las medidas provisionales y cautelares, la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones.

No obstante, se mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo y no un canon máximo como ocurría hasta ahora.

La Ley también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria.

Título VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad

Este título se divide en tres capítulos: Inscripción registral, cotitularidad y expropiación (arts. 79 a 81); Transferencias, Licencias y Gravámenes (arts. 82 a 86) y Licencias de pleno derecho(arts. 87 a 89).

Sobre la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad se inicia con los principios generales de derecho registral, como son el de publicidad, la calificación registral basada en la legalidad y el efecto de cierre registral que es propio del principio de prioridad.

Por lo demás la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, suprimió la exigencia de documento público en la formalización de transferencias y licencias, remitiendo al reglamento las condiciones de forma y documentación.

Título IX. Obligación de explotar la invención y licencias obligatorias

Este Título se divide en tres capítulos: Obligación de explotar la invención y requisitos para la concesión de licencias obligatorias (arts. 90 a 96); Procedimiento de concesión de las licencias obligatorias (arts. 97 a 99) y Régimen de las licencias obligatorias (arts. 100 y 101).

En esta materia las adaptaciones en Leyes posteriores, como la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social consistieron en reformas «de mínimos» que se limitaron a suprimir o modificar algunas disposiciones manifiestamente incompatibles con el ADPIC, pero dejaron intacto el resto de la regulación, que estaba basada en un presupuesto que dejó de existir una vez que el citado Acuerdo produjo efectos en España.

La nueva Ley en consecuencia reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos ligados al concepto de explotación anterior al ADPIC.

Se incluyen sin embargo dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.

La posibilidad de interrumpir la explotación se limita a un año en lugar de los tres anteriores, plazo que resultaba injustificadamente largo cuando la explotación se desvincula de la fabricación en el país. Por las mismas razones se suprime el sometimiento condicional al régimen de licencias obligatorias. Por lo demás, el intento previo de licencia contractual no se limita al caso de la dependencia y ahora se prevé con carácter general, salvo para los supuestos exceptuados en el mencionado ADPIC.

También se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente. La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o, en su defecto, de una comisión de expertos ?uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas?, para determinar las condiciones de la licencia.

La licencia obligatoria se extenderá a los CCP que al concederse la licencia o posteriormente recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en aquélla.

Título X. Nulidad, revocación y caducidad de la patente

Se divide en tres capítulos: Nulidad (arts. 102 a 104); Revocación o limitación a instancia del titular de la patente (arts. 105 a 107) y Caducidad (arts. 108 a 110).

En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso, como ya ocurre con las patentes europeas y se extienden los efectos de la nulidad a los CCP en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.

El procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y sus efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos, que se aplicaría al mismo supuesto, y en consecuencia desaparece como figura autónoma.

En todo caso la caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá antes de que transcurran los periodos de demora previstos en la Ley, y el pago podrá también realizarse por los titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad de la misma.

Título XI. Patentes de interés para la defensa nacional (arts. 111 a 115)

En esta materia se introducen algunos cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga, y a concretar las condiciones que permitan presentar primeras solicitudes en el extranjero previa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o de acuerdo con lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España.

Título XII. Jurisdicción y normas procesales

Este título se divide en cuatro capítulos: Disposiciones generales (arts. 116 a 122); Diligencias de comprobación de hechos (arts. 123 a 126); Medidas cautelares (arts. 127 a 132) y Solución extrajudicial de controversias (arts. 133 a 136)

En el Capítulo I del Título XII se reconoce la legitimación para el ejercicio de las acciones, además de a los titulares de los derechos inscritos, a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que tal inscripción llegue a ser concedida.

En cuanto a la jurisdicción desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil, de conformidad con el artículo 86.ter.2 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Por otra parte se acomodan los plazos procesales a la complejidad propia de los litigios sobre patentes, dada la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en litigios sobre patentes y la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente en garantía del derecho de defensa, ampliándose los plazos para contestar demandas y reconvenciones en el artículo 119.

En lo que se refiere a la nulidad del título planteada, como excepción, se permite que el titular de la patente solicite en su caso su tratamiento como reconvención o limite sus reivindicaciones, con carácter principal o subsidiario, siempre en trámite escrito y con tiempo suficiente para que el solicitante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación propuesta.

También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.

Los Capítulos II y III sobre diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares incluyen algunas modificaciones encaminadas a concretar su alcance y a permitir que cuando sea preciso recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que la requiera.

También se recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas para no frustrar el buen fin de las mismas.

Respecto de las medidas cautelares se precisa la regulación de la caución sustitutoria, cuyo importe se fijará por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de las medidas y con audiencia de las partes, de manera que la fianza pueda concretarse en el mismo trámite sin que sea necesario abrir otro de alegaciones y pruebas sobre dicha caución.

También se fija un plazo para que el demandado, una vez alzadas las medidas concrete, si procede, su pretensión indemnizatoria, y se prevé que si la fianza no alcanzara a cubrir todos los daños causados no haya que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución firme que ya determinó dichos perjuicios, y pueda seguir la vía de apremio contra el responsable.

Por último se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición.

El Capítulo IV de este Título XII se ocupa de la conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias. En cuanto a la primera, se revisan las normas de la Ley de Patentes de 1986 referidas a la conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en caso de litigio, que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando, como era frecuente, el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa.

Título XIII. Modelos de utilidad

Se divide en tres capítulos: Objeto y requisitos de protección (arts. 137 a 140); Solicitud y procedimiento de concesión (arts. 141 a 147) y Efectos de la concesión (arts. 148 a 150).

La figura del modelo de utilidad se modifica en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección.

En su regulación se mantiene el planteamiento actual basado en el modelo sui generis y no en el de «patente simplificada», pero con algunos cambios tendentes a adaptar esta modalidad a las necesidades actuales y agilizar su tramitación.

La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, evitando de este modo la incertidumbre que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías.

También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.

La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.

En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen siendo previas y no posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño.

Por la misma razón, se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se funde la acción, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos.

Título XIV. Aplicación de los convenios internacionales

Se divide en dos Capítulos: Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España (arts. 151 a 161) y Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes, dividido a su vez en dos secciones: Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en España (arts. 162 a 166) y Solicitudes internacionales que designen o elijan a España (arts. 167 a 174).

Título XV. Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 175 a 181)

Las normas sobre representación, agentes y mandatarios, de las que se ocupa este Título ya fueron revisadas por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial y posteriormente por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Las modificaciones que ahora se incorporan, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en el marco de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone.

Se mantiene el examen de aptitud para el acceso a una profesión regulada como es la de Agente de la Propiedad Industrial, cuya cualificación debe acreditarse mediante título de formación y la superación de la prueba de aptitud, requisitos que como es obvio solo pueden cumplir las personas físicas, pero se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad.

También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Finalmente, se integra en la Ley lo que ya se había actualizado por vía reglamentaria, sustituyendo el anterior régimen de autorización por una declaración responsable que habilita para iniciar el ejercicio de la actividad de representación profesional.

Título XVI. Tasas y anualidades (arts. 182 a 186)

Se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose una reducción de un 50 por ciento de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME. Por lo demás se mantiene la reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos. El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados. La fecha de devengo será para cada anualidad la del último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, además de las demoras permitidas con los correspondientes recargos, se podrá regularizar el pago sin pérdida de derechos abonando la tasa de regularización adicional prevista en la tarifa segunda de la Ley durante el tiempo que transcurra hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad.

Otras disposiciones

En las disposiciones adicionales se introducen otras disposiciones como:

  1. Se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
  2. Se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
  3. Se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Normas modificadas

Se deroga, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Se modifican la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en sus respectivas disposición  adicional primera), con el fin de reconocer expresamente competencia a los Tribunales de Marca Comunitaria para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos una de ellas esté fundamentada en un título comunitario.

Se modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral y de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, contratación y defensa de derechos de Propiedad Industrial en materias de libre disposición.


FUENTE: Contenido y novedades de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Contenido y novedades de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social

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Esta Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, convalida el RD-Ley 1/2015, de cuyas novedades informamos en NJ, establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que incluye, por primera vez, a las personas físicas; amplía el colectivo protegido por el Código de Buenas Prácticas a quienes excluye de las “cláusulas” suelo de hipotecas y prorroga dos años más la suspensión de los desahucios.

Entrada en vigor

La Ley 25/2015, de 28 de julio, entra en vigor el 30 de julio de 2015, día siguiente al de su publicación en el «BOE» (D.F. 21ª).

Finalidad de la norma

Según declara su Exposición de Motivos, su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación, que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

Claves

1. Flexibilización de acuerdos extrajudiciales de pago (Art. 1 Ley 25/2015 y arts. 231 a 242 bis LC)

2. Régimen de exoneración de deudas para el deudor persona natural (Art. 1 Ley 25/2015 y art. 178 bis LC)

3. Exceso de deudas: plan de pagos a 5 años (Art. 1 Ley 25/2015 y art. 178 bis LC)

4. Retribución de administradores concursales y garantía arancelaria (Art.1 L 25/2015 y arts. 34, 34 bis, 34 ter, 34 quater LC)

5. Flexibiliza los criterios que dan acceso al Código de buenas prácticas para deudores hipotecarios (Art. 2 Ley 25/2015 y arts. 3 y 5 RD-Ley 6/12, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos)

6. Suspensión de lanzamientos (Art. 3 Ley 25/2015 y art. 1 L 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social): Se extiende hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

7. Modificaciones fiscales (Art. 4 Ley 25/2015; art. 81 bis y Disposiciones 40. 2 y 3 L 35/2006 y art. 7 Ley 25/2015 y art. 124 L 27/2014)

8. Nuevo incentivo para la creación de empleo estable (Art. 8 Ley 25 /2015)

9. Conciliación familiar de autónomos  (Art. 9 Ley 25/2015 y arts. 30 L 20/ 2007).

10. Exención de tasas judiciales y empleados públicos (Art. 10 Ley 25/2015 y art. 4 L 10/2012; arts. 5 y 6 Ley 25/2015 y art. 35.1 y DA13 L7/2007; art. 12 RD-Ley 20/2012). Se pone punto final al pago de tasas fijas personas de hasta 1.200 euros y también a la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos. Recordamos que la exención de tasas se introduce en la Ley de Tasas desde la modificación operada por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Desde su entrada en vigor, el 1 de marzo de 2015, las comunidades de bienes, en general, y las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, en particular, al carecer de personalidad jurídica, quedan pues exentas del pago de tasas  (Consulta Vinculante V1466-15 y V0790-15).

Contenido más relevante

Esta Ley, que convalida el Real Decreto-ley 1/2015, establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que incluye, por primera vez, a las personas físicas; amplía el colectivo protegido por el Código de Buenas Prácticas a quienes excluye de las “cláusulas” suelo de hipotecas y prorroga dos años más la suspensión de los desahucios.

Téngase en cuenta, que a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 22 de julio de 2015) corresponde a los juzgados de primera instancia conocer de los concursos de persona natural que no sea empresario (art. 85.6 LOPJ)

Estructura

Se estructura en diez artículos, agrupados en dos títulos, seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veintiuna disposiciones finales.

El Título I, «Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera».

Contiene tres artículos de carácter modificativo a través de los que se da nueva redacción a determinados preceptos de:

• La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,

• El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y

• La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

El Título II, «Otras medidas de orden social».

Se organiza en tres capítulos:

El Capítulo I recoge en sus cuatro artículos una serie de medidas relativas al ámbito tributario y de las Administraciones Públicas, a través de la modificación de aspectos concretos de las siguientes cuatro normas legales:

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio;

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público;

• Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y

• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El Capítulo II contiene dos medidas relativas al fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social:

1. Se crea un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores.

2. Se establecen beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional autónomo deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

El Capítulo III, modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para adecuar el régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma.

Disposiciones Adicionales

Las disposiciones adicionales primera a cuarta complementan las modificaciones introducidas por su Título I, al regular las funciones de mediación concursal, la remuneración del mediador concursal, la no preceptividad de la representación del deudor en el concurso consecutivo o la aplicación informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia.

En la disposición adicional quinta se regula el impulso y coordinación de la negociación colectiva y en la sexta el informe de evaluación del funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria.

Régimen transitorio

Se establece un régimen transitorio aplicable a:

• Los artículos 92, 176 bis, 178.2, 178 bis, 231 y 232 de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal

• La contratación indefinida formalizada con anterioridad al 1 de marzo de 2015.

• El arancel de derechos de los administradores concursales y

• El régimen transitorio de pago con cargo a la cuenta de garantía arancelaria.

Disposiciones afectadas:

Deroga

• El artículo 6.2 Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social

• El Real Decreto 1564/1998, de 17 de julio, por el que se regula el convenio especial de asistencia sanitaria a favor de los trabajadores españoles que realizan una actividad por cuenta propia en el extranjero.

Modifica

• El Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

• La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

• La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

• La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

• El Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.

• La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

• EL Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

• La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

• El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

• La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

• La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

• La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

• La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

• La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

• La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Aspectos fiscales de la Ley 25/2015

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, publicada en el BOE de 29 de julio, trae causa del Real Decreto-ley 1/2015, recogiendo en el título II “Otras medidas de orden social” las medidas fiscales establecidas en dicho RD-Ley y que recordamos a continuación.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Deducciones por familia numerosa

En materia de IRPF se modifican, con efectos desde el 1 de enero las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo (art. 81 bis LIRPF), permitiendo su aplicación a nuevos colectivos.

De esta forma, en primer lugar, se extiende el incentivo fiscal consistente en la deducción de hasta 1.200 euros anuales, no solo a ascendientes que forman parte de familias numerosas sino también a aquellos que forman una familia monoparental (por estar separado legalmente o sin vínculo matrimonial) con dos descendientes que, entre otros requisitos, dependan y conviven exclusivamente con aquel y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

Al mismo tiempo, se permitirá la aplicación de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo no sólo a los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena, sino también a los que perciban prestaciones del sistema público de protección de desempleo o pensiones de los regímenes públicos de previsión social o asimilados y tengan un ascendiente o descendiente con discapacidad a su cargo o formen parte de una familia numerosa o de la familia monoparental señalada anteriormente.

Se añade una nueva DA 42.ª a la Ley del IRPF, que establece el procedimiento para que los contribuyentes que perciben determinadas prestaciones apliquen las deducciones previstas en el artículo 81.bis y se les abonen de forma anticipada.

Exenciones por quitas y esperas de deudores concursales

Por otra parte, se añade una nueva DA 43.ª a la Ley del IRPF, que regula la exención de rentas obtenidas por el deudor en procedimientos concursales.

Así, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento establecido en la Ley Concursal, en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la DA 4.ª de dicha ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el título X o como consecuencia de exoneraciones del pasivo insatisfecho a que se refiere el artículo 178 bis de la misma ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas, ya que, en este caso, su régimen está previsto en la DA 2.ª del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

No declararán Impuesto sobre Sociedades las entidades parcialmente exentas

Se modifica, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2015, el apartado 3 del artículo 124 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en el sentido de excluir de la obligación de presentar declaración por el en Impuesto sobre Sociedades a las entidades parcialmente exentas, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención, siempre que no estén sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos políticos, en cuyo casi si existiría obligación de declarar la totalidad de las rentas exentas y no exentas.

TASAS JUDICIALES

Las personas físicas dejan de pagar tasas judiciales

En materia de tasas judiciales se suprime la obligación del pago de las tasas para las personas físicas, declarándose la exención desde el punto de vista subjetivo de éstas (artículo 4 Ley 10/2012)


FUENTE: Contenido y novedades de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social

El Senado aprueba definitivamente la Ley de Segunda Oportunidad

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La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, con competencia legislativa plena, ha dado luz verde a la Ley de Segunda Oportunidad.

La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, con competencia legislativa plena, dió luz verde a la Ley de Segunda Oportunidad con los votos del Grupo Popular en la Cámara Alta el pasado día 15 de julio.

Como no ha sufrido variaciones durante su paso por el Congreso, el texto pasa directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor.

El texto pretende ofrecer una posibilidad a las personas físicas y pymes sobreendeudadas de buena fe para que puedan retornar a la economía productiva y no tengan que arrastrar una deuda de por vida.

Revisa la fase de negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

En caso de que esta opción no prospere, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar en la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación siempre y cuando se hayan pagado los créditos no privilegiados, contra la masa y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Si no se ha podido cumplir esos objetivos, el juez puede imponer al deudor un plan de pagos a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euríbor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda.

No obstante, acogerse a esta opción supondrá también figurar durante cinco años en un registro público, que se complementará con una nueva página web del Ministerio de Economía donde se podrán consultar las situaciones de solvencia, pero de forma limitada.

Para evitar que la segunda oportunidad afecte a la cultura de pago de las deudas o encarezca los costes de financiación de familias y empresas, el Gobierno ha introducido ciertas salvaguardas, como limitar a diez años la frecuencia con la que se pueda acudir esta posibilidad, introducir el control jurisdiccional o reforzar las exigencia de buena fe, entre las que se cuentan no haber rechazado un puesto de trabajo apto en los últimos cuatro años.


FUENTE: El Senado aprueba definitivamente la Ley de Segunda Oportunidad

Justicia aprueba el proyecto de Estatuto del Administrador Concursal

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Desde la aprobación de la Ley 22/2003, Concursal, esta figura desempeña un papel esencial en el procedimiento concursal, cuyo resultado depende en gran parte de su actuación y por ello ha sido objeto de varias reformas, entre las que destacan las introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (que introdujo dos medidas fundamentales como la generalización de la composición unipersonal de la figura, frente a las tres personas que lo integraban con anterioridad y el reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal) y por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Precisamente sobre la base de los nuevos principios establecidos tras la reforma de la Ley 17/2014, este real decreto viene a desarrollar el estatuto de la administración concursal, y se centra en la regulación de los requisitos de acceso a la misma, su designación en función del tamaño de los concursos y el nuevo régimen de retribución.

1. Objetivo de la norma

Mejorar la eficiencia del sistema concursal a través de la profesionalización de la administración concursal.

Para ello:

  1. Se refuerzan los requisitos de acceso,
  2. Se determinan distintos elementos del nuevo sistema de designación,
  3. Se revisa el diseño del arancel de la administración concursal
  4. Se regula la nueva sección cuarta del Registro Público Concursal.

2. Requisitos de acceso a la administración concursal

El borrador de Estatuto mantiene las profesiones que ya venían siendo designadas para el desarrollo de esta función, pero admitiendo también a otros profesionales distintos de abogados, economistas y titulados mercantiles y auditores, siempre que cuenten con experiencia profesional en los ámbitos jurídico y económico.

El requisito básico para el ejercicio de la administración concursal pasa a ser el examen de aptitud profesional, cuya realización se encomienda a los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, así como al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a partir del ejercicio que se acuerdo por los expertos que se designan cada año.

Este examen cumplirá una función de garantía de la competencia, homogeneización de los requisitos de entrada y especialización de los administradores concursales, así como de profesionalización de esta actividad.

Este real decreto incluye una disposición transitoria en atención a la cual se determinará la exigencia o no de examen a los profesionales que hoy vienen desarrollando esta función.

La superación del examen de aptitud profesional, junto con la suscripción de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, posibilitarán la inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal.

3. Nueva clasificación legal de los concursos en función de su tamaño

Los criterios a los que se atiende para efectuar esa clasificación son el número de trabajadores empleados en la concursada, el número de acreedores, la estimación inicial de pasivo y del activo y la cifra de negocios.

No obstante, el tamaño no es la única variable que indica la complejidad del concurso, por lo que se prevén algunas especialidades. Por un lado, los concursos de las personas naturales que no lleven a cabo actividades empresariales o profesionales se consideran siempre concursos de pequeño tamaño. Por otro lado, la concurrencia de algunas circunstancias como que el deudor sea una entidad de crédito o de seguros o que esté sometida a supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores provocará que el concurso sea clasificado como de gran tamaño.

El nombramiento del administrador concursal en concursos de cada vez mayor tamaño vendrá dado por la experiencia en el desempeño de la función, a lo que se sumará en los concursos de gran tamaño la exigencia de contar con un equipo de trabajo adecuado a la complejidad que estos conllevan.

4. Arancel del administrador del administrador concursal

En el borrador de estatuto se prevé ajustar este arancel a los principios de limitación, efectividad y eficiencia, actualmente recogidos en artículo 34 de la Ley Concursal, con la finalidad de asegurar que los profesionales más cualificados tengan suficientes incentivos para desempeñar las complejas tareas del cargo, posibilitando al mismo tiempo que las cantidades que se perciban en concepto de retribución se ajusten a las tareas efectivamente realizadas por la administración concursal en atención también a la complejidad del concurso y la duración del procedimiento.

Estos nuevos principios se traducen en el establecimiento de un tope máximo de la retribución a percibir por la administración concursal por su intervención en el concurso de acreedores, sin más excepciones que las relativas a las cantidades complementarias cuya posibilidad de percepción, vinculada a casos taxativos, ya conocía el real decreto anterior como instrumento para incentivar la actuación del órgano en la reintegración de la masa activa y en la sección de calificación.

Además, se revisan algunos complementos retributivos y se rediseña el cálculo de la remuneración en la fase de liquidación.

Asimismo, en cumplimiento de las previsiones del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, se crea la cuenta de garantía arancelaria, con cargo a la cual se hará efectivo el pago de la retribución de la administración concursal en aquellos concursos sin masa o con masa insuficiente.

Esta cuenta de garantía arancelaria se dotará con las aportaciones obligatorias que se detraerán de un determinado porcentaje de las retribuciones percibidas por los administradores concursales.

5. Registro Público Concursal

El borrador de Estatuto prevé una amplia modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, que afectará a sus siguientes artículos:

  • Punto III del preámbulo (“La estructura del Registro Público Concursal es la que se establece en el artículo 198 de la Ley Concursal y consta de cuatro secciones…”)
  • Se modifica el artículo 4 añadiendo una nueva letra d) al apartado 1 (“d) Sección cuarta, de los administradores concursales y auxiliares delegados.”) y se modifica el apartado 2 (“2. La publicidad tanto de la primera como de la segunda sección permitirá realizar consultas en atención al nombre…”) y se incorpora los nuevos apartados 4 (“4. La sección cuarta incluirá la relación de los administradores concursales y auxiliares delegados que cumplan los requisitos…”) y 5 (“El Registro Público Concursal contará con un portal de liquidaciones concursales …”).
  • Se adiciona un nuevo apartado e) al artículo 6 (“e) Los datos relativos a los deudores que hubieren obtenido el beneficio de la exoneración del pasivo se cancelarán de oficio ,,,”)
  • Se modifica el apartado 1 del artículo 7 (“1. En la sección primera, de edictos concursales, del Registro Público Concursal se insertarán, ordenadas por deudor o concursado…”)
  • Se da nueva redacción al artículo 10. Contenido de la sección segunda del Registro Público concursal.
  • Se da una nueva redacción a los artículos 13. Remisión de información al Registro Público Concursal y 14. Publicidad del acuerdo extrajudicial de pagos y sus incidencias.
  • Se añade un nuevo Capítulo V. De la Sección cuarta de los administradores concursales y auxiliares delegados, integrado por los artículos 16. Contenido de la sección cuarta del Registro Público Concursal;  17. Solicitud de inscripción en el Registro Público Concursal;  18. Información que deben proporcionar los administradores concursales personas naturales; 19. Información a proporcionar al Registro por el administrador concursal persona jurídica; 20. Alta en la sección cuarta de los administradores concursales; 21. Actualización de datos de los administradores concursales; 22. Listas de la sección cuarta del Registro Público Concursal; 23. Designación como administrador concursal y 24. Baja en la sección cuarta del Registro Público Concursal.
  • Se añade un nuevo capítulo VI. Del portal de liquidaciones concursales, integrado por los artículo 25. El portal de liquidaciones concursales; 26. Remisión de información al portal de liquidaciones concursales; 27. Información a remitir al portal de liquidaciones concursales, y 28. Información sobre la liquidación de una empresa.
  • Se añade una nueva disposición adicional cuarta. El portal de venta de sociedades.

Finalmente el texto prevé el sistema transitoria para el nombramiento de los administradores concursales hasta que se instaure el turno rotatorio a partir de la sección cuarta del Registro Público Concursal, o la modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, regulador de esa nueva sección y del portal de liquidaciones.

6. Estructura de la norma

La futura norma se divide en 38 artículos, estructurados en cuatro Capítulos, uno preliminar (Objeto y ámbito de la norma) y los otros tres dedicados respectivamente a los Requisitos de acceso a la administración concursal (arts. 3 a 6), a la Designación de la administración concursal en función del tamaño del concurso (arts. 7 a 13) y al Régimen de retribución de la administración concursal (organizado a su vez en nueve secciones e integrado por los arts. 14 a 38).

La Disposición adicional única prevé una evaluación de resultados dentro de los tres años siguientes a la publicación de la norma.

La Disposición transitoria única establece el régimen transitorio para la designación de la administración concursal.

La Disposición final primera establece las modificaciones del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal.

La Disposición derogatoria única establece la derogación del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales.

El Anexo I establece los Porcentajes aplicables para la determinación de los derechos de los administradores profesionales en la fase común (artículo 17 del real decreto)

Y el Anexo II incorpora el Formulario de información del concurso del artículo 36.2 de este real decreto.

7. Entrada en vigor

El borrador prevé que la futura norma entre en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, la designación del administrador concursal por turno correlativo del listado de la sección cuarta del Registro Público Concursal entrará en vigor cuando así se determine por Orden del Ministro de Justicia, una vez que se haya definido dicho listado y las aplicaciones informáticas que permitan su correcto funcionamiento, en el plazo máximo de un año desde la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Próximos pasos

El texto será sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, como paso previo a la deliberación del Consejo de Ministros, que se prevé para septiembre próximo.


FUENTE: Justicia aprueba el proyecto de Estatuto del Administrador Concursal