Cumplimiento de la prisión permanente revisable

descarga (7)

El vigente Código Penal introduce la pena de prisión permanente revisable como una pena privativa de libertad grave (CP art.33.2 y 35) que puede ser impuesta sólo en supuestos de excepcional gravedad -el asesinato cualificado, la muerte del Rey o del heredero, la muerte por atentado terrorista, la muerte del jefe de estado extranjero o persona internacionalmente protegida por tratado, y la muerte, agresiones sexuales o lesiones graves de una persona en delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad-.

En dichos supuestos, la pena de prisión permanente es preceptiva para el juez.

Respecto a su duración, el legislador no ha establecido un mínimo y un máximo, sino un contenido cerrado y único que puede provocar problemas en la determinación concreta de la pena -grado de ejecución, participación, aplicación de eximentes, atenuantes y agravantes-.

La introducción de la pena de prisión permanente exige la adaptación de la legislación penitenciaria para establecer de manera concreta su sistema de cumplimiento. Mientras se produce tal adaptación debe entenderse que, con carácter general, resulta de aplicación lo dispuesto en la LO 1/1979 general penitenciaria (LOGP) y en el Reglamento penitenciario (RD 190/1996), con las limitaciones y excepciones que establece el Código Penal.

1. Clasificación en tercer grado de tratamiento

 (CP art.36.1.3 y 78 bis redacc LO 1/2015; LOGP art.63 y 72.5.6; RP art.102.4)

Para acceder al tercer grado, se establecen una serie de requisitos, objetivos y subjetivos, más gravosos que los que se exigen a aquellos condenados a la pena de prisión no permanente.

Requisitos objetivos

Dentro de los que denominaríamos requisitos objetivos se encuentran principalmente los relativos al tiempo de cumplimento y la satisfacción de la responsabilidad civil:

a) Con carácter general, se exige haber cumplido 15 años de prisión efectiva. Se establece así un «periodo de seguridad» general sin posibilidad de individualizar según la gravedad y grado de ejecución del delito. No se contempla excepción alguna a dicho período, como sucede en la pena de prisión no permanente.

b) Excepcionalmente, haber cumplido 20 años de prisión efectiva, si se trata de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas (CP art.571 a 580).

c) En los supuestos de concursos se aplican los siguientes plazos (CP art.78 bis.1):

Cuadro-reforma-penal_EDEIMA20150701_0006_10

d) Satisfacción de la responsabilidad civil. Por aplicación general de la legislación penitenciaria, para acceder al tercer grado también debería ser exigible el pago de la responsabilidad civil decretada en la sentencia (LOGP art.72.5).

Requisitos subjetivos

Entre los requisitos subjetivos se encuentran los siguientes:

a) En todo caso debe concurrir un pronóstico individualizado favorable de reinserción, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias. Para emitir dicho pronostico se deben tener en cuenta las siguientes variables:

– la personalidad del penado y antecedentes;

– las circunstancias del delito y relevancia de los bienes jurídicos afectados;

– la conducta durante el cumplimiento;

– las circunstancias familiares y sociales;

– los efectos que quepa esperar de la suspensión y medidas impuestas.

b) En los delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas (CP art.571 a 580), los condenados deben mostrar además signos inequívocos de haber abandonado la banda terrorista (LOGP art.72.6) y haber colaborado activamente con las autoridades, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes variables:

– impedir la producción de nuevos delitos;

– atenuar los efectos del delito;

– identificación, captura, procesamiento, obtención de pruebas.

c) Con carácter general, valorar si concurren las variables generales y específicas que contempla la legislación penitenciaria para poder acceder al tercer grado en régimen abierto durante el cumplimiento de la pena de prisión no permanente (LOGP art.63; RD 190/1996 art.102.4)

Procedimiento de concesión

Se atribuye al juez o tribunal sentenciador la competencia para valorar la concesión del tercer grado a aquellos condenados a la pena de prisión permanente revisable.

Deben ser oídos previamente el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias.

Esto conlleva ciertos problemas técnicos y materiales:

– primero debido a la falta de profesional especializado en los juzgados para realizar estos informes -pronóstico individualizado favorable de reinserción-; y

– segundo, por la falta de un seguimiento real y efectivo de los condenados ante la carencia de programas de tratamiento en los centros penitenciarios.

Supuestos excepcionales (CP art.36.3 redacc LO 1/2015)

Se contemplan dos supuestos excepcionales en los que se flexibilizan los requisitos para poder acceder al tercer grado:

1. Enfermedad grave con padecimiento incurable. Atendiendo a principios de humanidad y dignidad, así como a la escasa peligrosidad que una persona enferma representa, en el caso de condenados a pena de prisión permanente revisable, el juez o tribunal sentenciador puede concederles el tercer grado, oídos previamente el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y demás partes, sin exigir los requisitos del período mínimo de cumplimiento de la pena y de la satisfacción de la responsabilidad civil, según la práctica que ha operado hasta el momento en los supuestos de enfermos graves condenados a pena de prisión no permanente.

2. Septuagenarios. En estos casos también se flexibilizan los requisitos para acceder al tercer grado, atendiendo a motivos de humanidad y dignidad principalmente, amén del deterioro físico que las personas de edad avanzada pueden padecer, y valorando su escasa peligrosidad. Igual que en el caso anterior, se faculta al juez o tribunal sentenciador, oídos previamente el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y demás partes, a conceder el tercer grado, sin exigir un el requisito del período mínimo de cumplimiento (aunque el relativo a la exigencia o no de responsabilidad civil es más dudoso) según la práctica que ha operado hasta el momento en los supuestos de septuagenarios condenados a pena de prisión no permanente.

La práctica que ha operado hasta el momento en los supuestos de tercer grado a efectos de libertad condicional para enfermos graves condenados a pena de prisión no permanente, ha sido que, para acceder al tercer grado, sólo se ha tenido en cuenta la gravedad de la enfermedad, sin exigirse ni un período mínimo de cumplimiento ni la satisfacción de la responsabilidad civil (RD 190/1996 art.104.4 y 196; Instituciones Penitenciarias Instr 2/2005 EDL 2005/131144; Reunión JVP criterio 51). Del mismo modo en el caso de septuagenarios, aunque en este caso es más polémica la exigencia o no del pago de la responsabilidad civil.

Debe entenderse que tal práctica estaría avalada con el CP art.36.3 y, por tanto, los condenados a pena de prisión permanente revisable que sean septuagenarios o padezcan una grave enfermedad podrán también ser clasificados en tercer grado sin necesidad de haber cumplido un período mínimo de condenada y sin haber satisfecho la responsabilidad civil.

2. Permisos de salida

 (CP art.36.1 redacc LO 1/2015; LOGP art.47.1; RD 190/1996 art.154 s.)

El Código Penal agrava los requisitos exigibles a los condenados a la pena de prisión permanente revisable para poder disfrutar de permisos ordinarios, con respecto a lo establecido en la legislación penitenciaria, estableciendo un plazo mayor de cumplimiento.

Por otro lado, guarda silencio respecto a la posibilidad de disfrutar de permisos extraordinarios por los motivos previstos en la legislación penitenciaria, así como en relación a las salidas de fin de semana para los clasificados en tercer grado. Debe entenderse, en consecuencia, que si no se establece mención restrictiva alguna, los condenados a la pena de prisión permanente revisable podrían disfrutar de este tipo de permisos, extraordinarios y salidas de fin de semana, si reúnen los requisitos generales que establece la legislación penitenciaria.

Requisitos (CP art.36.1 redacc LO 1/2015; LOGP art.47; RD 190/1996 art.154.1)

El penado no puede disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido los siguientes plazos:

– como mínimo 8 años de prisión, con carácter general; y

– en los supuestos de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, como mínimo 12 años de prisión.

Se exige igualmente, según dispone la legislación penitenciaria, estar clasificado en segundo o tercer grado y observar buena conducta.

Procedimiento de concesión de los permisos (LOGP art 47.2: RD 190/1996 art.154, 160 a 162)

El Código Penal no hace alusión al procedimiento de concesión de los permisos, por lo que se entiende de aplicación el procedimiento previsto con carácter general en la legislación penitenciaria.

El Tribunal Constitucional ha establecido que el disfrute de permisos no constituye un derecho subjetivo a favor del recluso, lo cual implica en la práctica que, aunque se reúnan los requisitos indicados, ello no significa la concesión automática del permiso. No obstante, sí hay que motivar su denegación para no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Como fundamento práctico para la denegación del permiso se recurre a las variables de riesgo que manejan las juntas de tratamiento de los centros penitenciaros. Entre dichas variables encontramos: larga condena, lejanía del cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, gravedad delictiva y alarma social entre otras (Instituciones Penitenciarias Instr 1/2012). En los supuestos de personas condenadas a la pena de prisión permanente revisable concurren de manera especial dichas variables, por lo que en la práctica será muy difícil la concesión de un permiso.

3. Libertad condicional y suspensión de la pena

 (CP art.90 y 92 redacc LO 1/2015)

Se ha suprimido la figura penitenciaria de la libertad condicional, quedando absorbida por la suspensión de la pena, perdiendo su autonomía y convirtiéndose en una modalidad de suspensión. Se establece al respecto una regulación compleja que abarca desde la suspensión antes del inicio del cumplimiento de la pena hasta la suspensión del cumplimiento de la última fase de la condena, aunque en el supuesto de la pena de prisión permanente revisable se obvia esta posibilidad, con el fin de permitir la excarcelación definitiva tras su revisión (CP art.92.3)-, para que no termine siendo una pena perpetua, lo cual exige una reforma de la legislación penitenciaria en este sentido.

En este apartado corresponde preguntarse si los condenados a la pena de prisión permanente revisable pueden acceder a la nueva modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la condena y concesión de la libertad condicional prevista para la pena de prisión no permanente.

La técnica legislativa empleada, así como la indeterminación en la duración de la pena a cumplir, parecen resolver la duda en sentido negativo:

• Por un lado, la regulación de la suspensión de la ejecución del resto de la condena y la concesión de la libertad condicional se encuentra ubicada dentro de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión no permanente (CP art.90), quedando fuera la pena de prisión permanente al no haberse realizado una mención expresa.

• De otro lado, uno de los requisitos que se establecen para acceder a la libertad condicional es el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena; circunstancia imposible de calcular al desconocerse la duración de la pena, salvo que se entienda que la duración de este tipo de pena está sujeta a los límites previstos en el CP art.92.1.

Si se prevé, en cambio, la posibilidad de suspender la ejecución de la pena de prisión permanente con la finalidad de la excarcelación definitiva del penado (CP art.92). Para ello se establece un régimen general y diversos especiales, estableciendo según el caso diferentes requisitos.

Régimen general de suspensión (CP art.92.1 redacc LO 1/2015)

Dentro de este supuesto se encontrarían todos aquellos condenados a pena de prisión permanente revisable por un único delito, siempre que éste no se haya cometido en el seno de organizaciones criminales y no se trate de delitos relativos a organizaciones y grupos terroristas y terrorismo (CP art.571 a 580).

En dichos supuestos se exigen los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 25 años de su condena. En los supuestos de concursos se aplican los siguientes plazos (CP art.78 bis.2 y 3):

plazos suspensión pena

2. Encontrarse clasificado en el tercer grado.

3. Que el tribunal, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por los especialistas del propio tribunal, determine la existencia de un pronóstico favorable de reinserción a la vista de:

– la personalidad del penado y sus antecedentes;

– las circunstancias del delito y la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito;

– la conducta durante el cumplimiento;

– las circunstancias familiares y sociales; y

– los efectos que quepa esperar de la suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que sean impuestas.

Régimenes especiales de suspensión (CP art.92.2 redacc LO 1/2015)

Se prevén dos casos especiales:

a) Si la condena es por varios delitos, además de los requisitos exigidos con carácter general, se exige que la valoración del pronóstico favorable de reinserción se realice del conjunto de todos los delitos.

b) Si se trata de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo (CP art.571 a 580), el penado debe mostrar además signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haber colaborado activamente con las autoridades para:

– impedir la producción de nuevos delitos;

– atenuar los efectos del delito;

– la identificación, captura y procesamiento de los responsables;

– la obtención de pruebas; o

– impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.

Estas circunstancias se pueden acreditar mediante la declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas, abandono de la violencia y petición expresa de perdón de las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten la desvinculación real de su organización terrorista, del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales y su colaboración con las autoridades.

Procedimiento de concesión (CP art.92.4 redacc LO 1/2015)

Se atribuye al juez o tribunal sentenciador la competencia para resolver sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable, el cual resolverá tras:

• Un procedimiento oral contradictorio.

• Con intervención del Ministerio Fiscal y del penado, asistido de letrado.

Asimismo, el juez o tribunal debe:

a) Verificar, al menos cada 2 años, y una vez extinguida la parte de la condena de 25 años o, en su caso, los requisitos para la progresión a tercer grado (CP art.78 bis), el cumplimiento del resto de los requisitos de la libertad condicional.

b) Resolver las peticiones de libertad condicional, pudiendo fijar un plazo de hasta un año en el cual no se dará curso a nuevas peticiones tras su rechazo.

Duración de la suspensión (CP art.92.3 redacc LO 1/2015)

La suspensión de la ejecución tiene una duración de 5 a 10 años, cuyo cómputo comienza desde la fecha de puesta en libertad del penado.

Modificaciones y revocación de la suspensión (CP art.92.3 redacc LO 1/2015)

La posibilidad de modificar la suspensión de la pena de prisión permanente revisable es competencia del juez o tribunal sentenciador, quien puede acordar durante la misma, la imposición de prohibiciones, deberes o prestaciones (de acuerdo con CP art.83).

Sin embargo, se atribuye al juez de vigilancia penitenciaria la facultad de revocar la suspensión cuando se ponga de manifiesto un cambio en las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión. En esta materia, por remisión expresa, resultan de aplicación algunas normas generales sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (CP art 80.1 párr 2º, 83, 86 y 87), pero debe entenderse que sólo en lo relativo a las circunstancias, prohibiciones y motivos de revocación de la figura de la suspensión de la pena de prisión no permanente, pues en lo que se refiere a la competencia para decretar la revocación, lo dispuesto en CP art.86 se contradice con el CP art.92.3.

Modalidades excepcionales de suspensión (CP art.92.3 redacc LO 1/2015)

Se hace una remisión expresa al régimen de la libertad condicional previsto para septuagenarios y enfermos graves (CP art.91). Debe entenderse, en consecuencia, que los condenados a pena de prisión permanente revisable pueden acceder por motivos humanitarios a las modalidades excepcionales de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional para septuagenarios y enfermos graves.

A pesar de que se utiliza el término «libertad condicional», en realidad no estamos ante esta figura penitenciaria -último período de cumplimiento de la pena de prisión según el sistema de individualización científica y encaminado a la integración social del penado-, sino que se trata del procedimiento necesario de revisión para que la pena no termine siendo una cadena perpetua. En el caso de la pena de prisión permanente revisable, la suspensión prevista en el CP art.92 tiene como objetivo la excarcelación definitiva, no la excarcelación anticipada a título de prueba de cara a la reeducación y reinserción del penado propia de la libertad condicional.


FUENTE: Aspectos sobre el cumplimiento de la prisión permanente revisable (CP art.33.2.a, 35, 36.1 y 3, 78 bis y 92 redacc LO 1/2015)

Entra en vigor la reforma del Código Penal: puntos claves de la reforma

A partir del 1 de julio, entra en vigor una de las reformas más sustanciales y polémicas del Código Penal, la operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

reforma-codigo-penal

El Código Penal sufre la reforma más profunda desde su aprobación en 1995. Concretamente, se modifican 252 artículos del Código Penal, se suprimen 32, se reforman 18 de la LECrim., uno de la Ley de Indulto, uno de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y se añade una disposición a la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE

Podemos dividir los aspectos más relevantes de la reforma del código penal, siguiendo la estructura del propio código, según hayan recaído en la parte general o en la parte especial.

PARTE GENERAL
1.  Derogación del Libro III («Faltas y sus penas») del Código Penal. La nueva categoría de «delito leve».

2. La «prisión permanente revisable».

3. Nuevas penas privativas de derechos: inhabilitación docente e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia.

4. Protección de la mujer y víctimas de violencia de género.

5. Personas con discapacidad.

6. Medidas de seguridad.

9. Libertad condicional.

10. Nueva regulación del decomiso.

11.  Antecedentes penales.

PARTE ESPECIAL
1. Homicidio y sus formas.

2. Secuestros y detenciones ilegales.

3. Delito de matrimonio forzado.

4. Delito de acoso.

5. Trata de seres humanos.

6. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y a la corrupción de menores.

7. Delitos contra la intimidad.

8. Delitos contra los sistemas de información.

9. Multirreincidencia: su tratamiento en delitos patrimoniales.

10.  Administración desleal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

11. Delitos de insolvencia punible.

12.  Delitos contra la propiedad intelectual.

13.  Delitos de corrupción en los negocios. 

14.  Coacciones en el entorno laboral.

15.  Delito contra la ordenación del territorio: demolición de la obra que atenta contra la legalidad urbanística.

16.  Los delitos contra los recursos naturales y contra el medio ambiente.

17. Delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos. Marisqueo furtivo. Maltrato de animales.

18. Delitos contra la seguridad colectiva.

19.  Incendios forestales.

20. Derecho penal de medicamentos. Adaptación del Convenio Medicrime.

21.  Usurpación de funciones públicas e intrusismo.

22.  Medidas de lucha contra la corrupción.

23.  Delito de inutilización o perturbación del funcionamiento normal de los dispositivos técnicos dispuestos para controlar el cumplimiento de las penas, medidas de seguridad o medida cautelar.

24.  Delitos de incitación al odio y a la violencia.

25.  Delitos contra el orden público: Atentados y Desórdenes públicos.

  • Para una lectura detallada de las referidas reformas en la parte general y especial del Código, consultar el siguiente enlace: 

Reforma CP 2015: Introducción

Reforma CP 2015: Parte General

Reforma CP 2015: Parte Especial I

Reforma CP 2015: Parte Especial II

  • Para una lectura sumaria acerca de las reformas efectuadas, a continuación se presentan 10 puntos esenciales de la reforma operada.

Los 10 puntos claves de la reforma del Código Penal de 2015

  1. Supresión de las faltas.
  2. Modificación de las penas y su aplicación.
  3. Nueva regulación del Decomiso.
  4. Administración desleal y apropiación indebida.
  5. Delitos contra la propiedad intelectual.
  6. Frustración en la ejecución.
  7. Nuevos delitos de corrupción en los negocios.
  8. Delitos contra la libertad sexual.
  9. Delitos de carácter público.
  10. Cuadro comparativo y esquema reforma.

1. Supresión de las faltas.

1.1. Creación de nuevos delitos leves (ver anteriores faltas) regulados en el Libro II.

Se suprime el Libro III relativo a las faltas. Algunas de ellas se incorporan en el Libro II reguladas como “delitos leves”.

La reducción del número de faltas o delitos leves está basada en el principio de intervención mínima, con la finalidad de descargar a los Tribunales de la tramitación de asuntos menores.

1.2. Modificación del plazo de prescripción.

El plazo de prescripción de las faltas pasa a ser de 1 año. Se suprimen las faltas de abandono así como la falta de hurto.

2. Modificación de las penas y su aplicación.

2.1. Prisión permanente revisable.

La pena de prisión permanente revisable podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad (asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad) y  sujeta a un régimen de revisión una vez se haya cumplido una parte de la condena – entre 25 y 30 años – y se acredite la reinserción del penado.

2.2. Agravación de las penas en sentido amplio.

Se agravan las penas de los delitos de homicidio cuando concurran circunstancias especialmente graves.

Se establecen agravaciones también cuando los hechos delictivos se cometan empleando violencia o intimidación, o si los abusos consistieran en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos.

También se revisa el catálogo de supuestos agravados de estafa regulados en el artículo 250 del Código Penal.

2.3. Suspensión y sustitución de la pena.

Se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad. Se concede a los Jueces o Tribunales mayor discrecionalidad para valorar los requisitos de la suspensión de la pena y se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño causado conforme a las posibilidades físicas y económicas del obligado.

2.4. Libertad condicional.

Pasa a ser una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. El tiempo de disfrute de la libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de la pena.

Se introducen nuevos supuestos de acceso a la libertad condicional.

2.5. Cancelación de los antecedentes penales.

Se simplifica el procedimiento de cancelación de antecedentes penales, suprimiendo la exigencia del informe del Juez o Tribunal sentenciador y el requisito de la constancia de pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado.

Se equiparan los antecedentes penales españoles a los correspondientes a condenas firmes de jueces o Tribunales de otros Estados de la UE.

3. Nueva regulación del Decomiso.

Se introducen modificaciones importantes para facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación y gestión de activos procedentes del delito.

Mediante la aplicación de la Directiva 2014/42/CE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito de la UE, quedan afectados los siguientes tipos:

3.1. Decomiso sin sentencia.

No tiene una naturaleza estrictamente penal, pues no hay una sanción impuesta, sino que responde al hito de “restitución del enriquecimiento injusto”.

3.2. Decomiso ampliado.

Los bienes o efectos decomisados van a provenir de otras actividades ilícitas del sujeto condenado. No es una sanción penal, sino que es más bien una institución por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilícita que ha dado lugar a la actividad delictiva.

3.3. Decomiso de bienes en poder de terceros.

Se introducen mejoras técnicas para incrementar la eficacia y seguridad jurídica en la aplicación de esta regulación.

4. Administración desleal y apropiación indebida.

4.1. Modificación de la rúbrica “De la administración desleal”.

Se crea una Sección 2ª. bis en el Capítulo VI del Título III del Libro II denominada “De la administración desleal”.

4.2. Sección diferenciada para los delitos de apropiación indebida.

En esta sección diferenciada no se va a incluir la administración desleal por distracción de dinero, que será un tipo autónomo. Por tanto, se establece una clara diferenciación de estos tipos.

4.3. Malversación, modalidad de administración desleal.

Se tipifica la malversación como supuesto de administración desleal de fondos públicos. Se incluyen dentro del ámbito de la norma otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público.

5. Delitos contra la propiedad intelectual.

5.1. Se agravan las penas para los tipos generales.

Se reajusta la respuesta penal a la valoración de la gravedad de la infracción cometida, y por tanto, se fija un marco penal más amplio que le ofrece al juez un margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad de la conducta.

5.2. Se tipifican nuevas conductas.

Se tipifican expresamente nuevas conductas por medio de las cuales se llevan a cabo infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los que derivan graves perjuicios.

6. Frustración en la ejecución.

6.1. Separación entre insolvencia y frustración de la ejecución.

Se establece una clara separación entre las conductas de obstaculización o frustración de la ejecución (alzamiento de bienes), y los delitos de insolvencia o bancarrota.

6.2. Inclusión de nuevas figuras delictivas.

Se incluyen dos nuevas figuras delictivas para contemplar la tutela penal de los procedimientos de ejecución; la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución por una parte, y el segundo tipo penal introducido es la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad.

6.3. El concurso punible o bancarrota.

El delito de concurso punible o bancarrota se configura como un delito de peligro, vinculado a una situación de crisis y perseguible cuando se declara efectivamente el concurso.

8. Nuevos delitos de corrupción en los negocios.

8.1. Creación de una nueva sección específica para los delitos de pago de sobornos y corrupción.

Se crea dentro del Capítulo XI del Título XIII del Libro II una nueva sección referida a los “Delitos de corrupción en los negocios” en el que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas.

8.2. Tipo agravado en el caso del cohecho.

Se incluye en la regulación un tipo agravado aplicable en los casos de especial trascendencia, y en el caso de cohecho.

8. Delitos contra la libertad sexual.

8.1. Nuevo tipo: el acoso.

Se introduce un nuevo tipo penal de acoso para dar respuesta a conductas de gravedad que no son ni coacciones ni amenazas.

8.2.  El matrimonio forzado.

Se tipifica ahora este nuevo delito en el apartado de coacciones, para dar respuesta a la persecución de los delitos que atentan contra los derechos humanos.

8.3.  Detención ilegal, secuestro y trata de seres humanos.

Se introduce una pena única en los supuestos de detención ilegal y secuestro y se introducen también supuestos agravados dependiendo de las circunstancias de la víctima.

También se modifica la regulación sobre la trata de seres humanos en atención a la trasposición de la Directiva 2011/36/UE.

8.4.  Mayores penas para los delitos de pornografía infantil.

La reforma eleva la edad del consentimiento sexual a los 16 años. Se establecen agravaciones en determinados supuestos.

Se castigan los actos de producción, difusión, mero uso o adquisición de pornografía infantil con penas más duras.

9. Delitos de carácter público.

Se introducen nuevos tipos encargados de regular los siguientes supuestos:

-Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.

-Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

-Malversación, sustracción de caudales o efectos públicos.

-Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

10. Cuadro comparativo y esquemas de los artículos reformados. 

Haz click en el siguiente enlace para acceder a:


FUENTES:

La reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal