Las menores de 16 y 17 años tendrán que contar con el consentimiento paterno para abortar. Publicada la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre.

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El pasado 22 de septiembre, se  publicó la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta reforma sólo modifica, suprimiéndolo, el apartado Cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, así como el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.

Entrada en vigor

Esta norma entra en vigor el 23 de septiembre de 2015 (el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»).

Finalidad de la norma

Según declara su Exposición de Motivos, el objetivo de la norma es, en aras de la protección del menor y del cumplimiento de los deberes de padres, tutores o representantes legales, suprimir la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar a sus progenitores, estableciendo la obligación de contar, además de con la manifestación de su voluntad, con el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad.

Contenido más relevante

1.  Se suprime el apartado cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que establecía que, en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les correspondía exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad.

2. Mediante la modificación del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente se establece expresamente la obligación del consentimiento expreso de sus representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente.

3. Se hace una remisión expresa al Código Civil, a fin de solucionar cualquier tipo de conflicto que surja al prestar el consentimiento por los representantes legales o cuando la decisión de estos pueda poner en peligro el interés superior del menor: “los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil.”

Disposiciones afectadas

– Se modifica el art. 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

– Se modifica el art. 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.


FUENTE:

Publicada la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, de reforma de la Ley del aborto para reforzar la protección de las menores

Las menores de 16 y 17 años tendrán que contar con el consentimiento paterno para abortar a partir de hoy

Hacienda también puede embargar bienes a los niños

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La resolución del TEAC se produce en el marco de una donación para evitar el embargo de Hacienda.

Un empresario ahogado por las deudas tributarias y sin liquidez cede bienes a sus hijos para evitar el embargo y la pérdida de su patrimonio. Se trata de una situación relativamente frecuente –y más en períodos de crisis– que la Agencia Tributaria combate. La Ley General Tributaria contempla que se pueda exigir el pago de la deuda fiscal a quien colabore “en la ocultación o transmisión de bienes del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación” de Hacienda. Y si el bien es donado a un niño, ¿puede ser declarado responsable solidario? La respuesta, que ha generado división dentro de los tribunales económico-administrativos, es .

Una reciente resolución del TEAC aborda el caso de un contribuyente que fue declarado responsable de la deuda de su empresa en concepto de IVA e impuesto sobre sociedades. Tras no abonar el importe requerido en período voluntario, la Agencia Tributaria inició el procedimiento de apremio y el embargo preventivo de los bienes del contribuyente. Para evitar perder parte de su patrimonio, donó a sus tres hijos –uno de ellos de ocho años– una finca. La Agencia Tributaria entendió que se había producido un vaciamiento patrimonial y declaró responsables solidarios a los hijos, incluyendo al menor de edad.

Hacienda defiende que se trata de evitar que los vaciamientos patrimoniales con menores queden impunes

El contribuyente recurrió y el Tribunal Económico-Administativo Regional de Madrid (TEAR) le dio la razón al considerar que para que pueda exigirse responsabilidad solidaria, debe apreciarse una intención de colaborar con el deudor a ocultar bienes. Obviamente, ello no sucede en el caso de un niño de ocho años. La resolución del TEAR de Madrid disparó las alarmas en Hacienda al ver cómo se cerraba una de las vías para luchar contra los vaciamientos patrimoniales a favor de menores.

Hacienda argumentó que la decisión abría la puerta a que la ocultación de bienes quedara impune cuando intervinieran niños y presentó un recurso de alzada para la unificación de criterio ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Este órgano emitió una resolución el pasado mayo y se alineó con la postura de la Administración.

El TEAC concluye que un menor de edad sí puede ser declarado responsable solidario. La resolución, que tiene efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria, reconoce que la legislación contempla la “inimputabilidad del menor de edad en la comisión de infracciones tributarias”, sin embargo, añade que ello no impide que se declare responsable solidario a un menor de una deuda fiscal. Por otra parte, el TEAC apoya su tesis en una sentencia de la Audiencia Nacional sobre los efectos de la representación legal de los padres sobre los hijos.

José María Salcedo Benavente, socio del despacho Ático Jurídico, lamenta la decisión del TEAC y asegura en su blog que el representado legal, es decir, el niño, “se queda indefenso” en estos casos. Además, recuerda que la responsabilidad no solo se limita a la deuda tributaria, sino también a las sanciones, recargos, e intereses de demora del período ejecutivo. “Tratándose de una derivación de responsabilidad tan amplia parece que debe exigirse una actuación culpable, o por lo menos consciente y voluntaria, de aquel al que se imputa haber colaborado en la transmisión u ocultación de los bienes”, sostiene.


FUENTE: Hacienda también puede embargar bienes a los niños

Ley 35/2015, por la que se aprueba el nuevo baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico

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Hoy 23 de septiembre se ha publicado la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, conocido como baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico.

Por su importancia, reseñamos los aspectos más relevantes de esta norma.

Entrada en vigor

La Ley 35/2015 entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

Estructura de la norma

La norma se compone de un artículo único, que introduce un conjunto de modificaciones en el el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre; tres disposiciones adicionales, una derogatoria, una transitoria y cinco disposiciones finales.

Principales novedades

Aumento de la protección de las víctimas

En términos generales, la nueva ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la rápida resolución de los conflictos y la garantía de una indemnización suficiente, lo que, según el Ejecutivo, sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil.

Mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad.

El sistema también afecta a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.

Daños personales

1. En supuesto de fallecimiento

Se mejora la percepción de las indemnizaciones mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares.

Se distingue entre:

– Perjuicio patrimonial básico o gastos razonables derivados del fallecimiento, compensados con una cantidad mínima de 400 euros y

– Gastos específicos, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral.

2. En supuestos de secuelas o lesiones permanentes

Se refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que quede con discapacidades que requieran de apoyos intensos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros.

Se revisa, además, el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia.

3. En supuesto de lesiones temporales

Se distingue entre:

– Gastos de asistencia sanitaria y

– Otros gastos diversos resarcibles, que son todos aquellos necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria, como por ejemplo, el incremento de costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle, gastos para atender a los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba el lesionado, etc.

Daños patrimoniales

La nueva norma clarifica y regula con detalle las medidas de resarcimiento en concepto de gastos.

1. Lucro cesante (pérdida de ganancia por parte de la víctima).

La norma contempla los ingresos netos de la víctima y también valora el trabajo no remunerado como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes.

Además, se introduce un coeficiente específico para cada perjudicado que combina factores diversos como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.

2. Perjuicios extrapatrimoniales o morales

Se incluye como novedad en este apartado la reestructuración del perjuicio personal básico en las indemnizaciones por causa de muerte y de su relación con los perjuicios particulares que ahora se amplían.

La nueva norma clasifica los perjudicados en accidentes de tráfico en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados. Considera que éstos sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados.

Incremento de las indemnizaciones

Respecto a la media del periodo 2005 a 2011, según los daños causados en cada accidente de circulación, las indemnizaciones correspondientes se modifican de la siguiente manera:

•   Indemnizaciones por muerte: se incrementan un 50% de media

•   Indemnizaciones por secuelas: se incrementan un 35% de media

•    Indemnizaciones por lesiones: se incrementan un 12,8% de media

El criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio se establece en relación al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por ser el que más se aproxima a sus principios y características.

Otras mejoras del sistema

Para garantizar la rápida resolución de los conflictos y  la suficiencia de las indemnizaciones ofrecidas por el asegurador, se le impone a éste la obligación de observar una conducta diligente en la cuantificación del daño en la oferta motivada que debe presentar a los perjudicados y en la liquidación de la indemnización.

En caso de disconformidad con la oferta motivada, las partes podrán intentar resolver de común acuerdo la controversia mediante el procedimiento de mediación.

Asimismo, se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial (Ver más abajo, en este documento, el apartado Modificaciones normativas).

Por último, la ley establece la creación de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de la que formarán parte también las asociaciones de víctimas y las entidades aseguradoras con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización, pudiendo hacer sugerencias y promover modificaciones al mismo para la mejora del sistema.

Régimen transitorio

Según la disposición transitoria única de la Ley:

1. El sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación que establece esta Ley se aplicará únicamente a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor.

2. Para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley subsistirá y será de aplicación el sistema recogido en el Anexo y en el Anejo del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

Modificaciones normativas

Normas que modifica

1. Modificación del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro de la circulación de vehículos a motor

Se mofidica el artículo 1 (1. El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. …”)

Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 4 (“3. La cuantía de la indemnización cubierta por el seguro obligatorio en los daños causados a las personas se determinará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 1 de esta Ley.”)

Se modifica el artículo 7. Obligaciones del asegurador y del perjudicado

Se modifica la letra b) del artículo 9 (“b) Cuando los daños causados a las personas hubiesen de sufrirse por éstas durante más de tres meses o su exacta valoración no pudiera ser determinada …”).

Se modifica el artículo 13. Diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecución

Se introduce un nuevo artículo 14. Procedimiento de mediación en los casos de controversia

Se introduce un nuevo Título IV con el siguiente enunciado:Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Se introduce un segundo apartado en la disposición final segunda (“2. Se habilita al Gobierno para modificar las cuantías de las tablas del Anexo mediante real decreto.”)

Se sustituye el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor por el Anexo que figura en esta Ley.

2. LEC

Se modifica el número 8.º del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil(Acción Ejecutiva. Títulos ejecutivos), que queda redactado del siguiente modo:

“8.º El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.”

3. Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo

Se mofidica su disposición adicional segunda para incorporar al ordenamiento español laDirectiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.

Normas que deroga

Queda derogado el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación contenido en el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, su Anejo, y cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.


FUENTE: Contenido y novedades de la Ley 35/2015, por la que se aprueba el nuevo baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico

En vigor el nuevo modelo de escritura pública de las sociedades de responsabilidad limitada para su constitución telemática

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El pasado 12 de septiembre de 2015 se publicó la Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social.

Esta norma entró en vigor el 13 de septiembre de 2015, coincidiendo con la entrada en vigor del RD 421/2015,por el que aprueba la constitución telemática de sociedades limitadas y los modelos de estatutos aplicables a las mismas, al que desarrolla.

El Real Decreto 421/2015 desarrolla las estipulaciones de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que prevé la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, con escritura pública y estatutos tipo, mediante el llamado Documento Único Electrónico (DUE) y a través de un sistema de tramitación telemática del centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), a fin de conseguir plazos brevísimos de otorgamiento de escritura pública (12 horas hábiles) y de calificación e inscripción en el Registro Mercantil (6 horas hábiles).

A continuación se exponen los aspectos más relevantes de la Orden JUS/1840/2015.

Objeto de la norma

Constituye el objeto de esta Orden la aprobación del modelo de escritura pública en formato estandarizado y con campos codificados para la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada, mediante el documento único electrónico (DUE) y el sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE),  previstos en los artículos 15 y 16 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, desarrollados por el artículo 6 del Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada.

También objeto de esta Orden la aprobación de la relación de actividades que pueden integrarse en el objeto social de los estatutos, de conformidad con la previsión del apartado segundo de la disposición final décima de la misma ley.

Contenido de la norma

Desarrollando al Real Decreto 421/2015, la Orden establece:

  • Modelo estandarizado de escritura pública con campos codificados para la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada (Anexo I)
  • Relación de datos codificados correspondientes a la numeración situada en cada uno de los campos que figuran en el modelo estandarizado (Anexo II)
  • Descripción del formato de Escritura Estandarizado mediante un esquema XSD, XML Schema Definition a rellenar por el notario (Anexo III)
  • Relación de actividades que pueden integrar el objeto social por relación a las actividades y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (Anexo IV)

El código o códigos a seleccionar deberá tener al menos dos dígitos. En caso de que el objeto social recoja más de una actividad se señalará la que ha de tener carácter principal, en cuyo caso se identificará con cuatro dígitos.

Derogación normativa

La Orden deroga la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los estatutos tipo de las sociedades de responsabilidad limitada.

Entrada en vigor

La presente Orden entró en vigor el día 13 de septiembre de 2015.


FUENTE: Hoy entra en vigor el nuevo modelo de escritura pública de las sociedades de responsabilidad limitada para su constitución telemática

El Registro Público Concursal incluirá información sobre empresas en situación de venta o liquidación

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El Registro Público Concursal incluirá en su página web información sobre empresas tanto en venta como en liquidación, con la intención de mejorar la publicidad sobre compañías en estas circunstancias para que mejore el número de pujas y las posibilidades de salvar unidades productivas.

Así lo prevé el proyecto de real decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal, actualmente pendiente de aprobación, en el que se incluye una disposición para incluir en dicho Registro un portal de liquidaciones concursales.

Portal de liquidaciones

Con la reforma de la Ley Concursal introducida el pasado mes de mayo por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, el Gobierno ya introdujo la posibilidad de constituir, en el seno del Registro Público Concursal, un portal de liquidaciones donde se concentre la información de empresas que, dentro de un concurso, se encuentren en fase de liquidación.

Gracias a él, los usuarios tendrán acceso a datos de las sociedades en venta, aunque no estén en liquidación concursal, que voluntariamente quieran adherirse al sistema con el objetivo de que “puedan cruzarse las propuestas de venta y de adquisición de empresas constituidas bajo la forma sociedad anónima no cotizada o de sociedad de responsabilidad limitada o de paquetes de acciones o de participaciones de las mismas”.

El Registro Público Concursal fue incorporado a la Ley Concursal por el RD-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, y está regulado por el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que regula el nuevo régimen del Registro Público Concursal, en vigor desde el 3 de marzo de 2014.

Información para facilitar la enajenación de empresas en liquidación

Con respecto al portal de liquidaciones en sí, el proyecto de real decreto establece que será accesible desde la web del Registro Público Concursal y en él se incluirá la relación de empresas en fase de liquidación, aportando la información necesaria para “facilitar su enajenación”.

Ésta consistirá al menos en la identidad del deudor, el sector y ámbito de actuación de la empresa, el tiempo que lleva en funcionamiento, su volumen de negocio, el tamaño de su balance, el número de empleados, el inventario de sus activos más relevantes, los contratos vigentes con terceros, las licencias o autorizaciones administrativas con las que cuente, su pasivo y los procesos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación que los que esté inmerso.

El encargado de transmitir los datos al Registro, una vez el juez haya dictado la apertura del concurso, será el administrador concursal, quien también se encargará de comunicar al portal la enajenación de unidades productivas o elementos de la empresa que se vayan produciendo, así como la finalización de la liquidación. Todos estos datos se mantendrán al menos hasta dos meses después de la liquidación de la masa activa del concurso.


FUENTE: El Registro Público Concursal incluirá información sobre empresas en situación de venta o liquidación

Intervención de Abogado y Procurador en desahucio y otros verbales por materia

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Hay problemas jurídicos, dudas e incertidumbres en la aplicación de la normativa procesal que surgieron de forma inmediata con la aprobación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero.

Problemas que la doctrina e interpretación jurisprudencial tardaron días en poner de manifiesto y que sin embargo nuestro Legislador no ha abordado en quince años, propiciando interpretaciones contradictorias de nuestros Tribunales.

Uno de estos problemas  es si es precisa o no la intervención de Abogado y Procurador en los juicios verbales por razón de la materia que recoge el art. 250.1 LEC en sus trece apartados.

Hasta ahora, la regulación que sobre la intervención de Abogado y Procurador que hacen los arts. 23 y 31 LEC es la siguiente.

Dispone el primero de ellos en cuanto a la intervención del Procurador:

“1. La comparecencia en juicio será por medio de Procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio.2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos:1.º En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley”.

Igualmente en cuanto a la defensa por medio de Letrado determina el art. 31:

“1. Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.2. Exceptúanse solamente:1.º Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley”.

Dichos preceptos llevaban a confusión: ¿que se entiende para poder aplicar la excepción como “verbales cuya cuantía no supere los 2000 euros”? ¿todos los verbales? ¿sólo los verbales por cuantía del art. 250.2? ¿se excluían los verbales por materia de los trece apartados del art. 250.1?

En la jurisprudencia a favor de la obligatoriedad encontramos la AP Barcelona, Sec. 4.ª, 362/2014, de 17 de septiembre (SP/SENT/796544) o AP Vizcaya, Sec. 3.ª, 191/2008, de 10 de abril (SP/AUTRJ/166123) AP Valencia, Sec. 7.ª, 577/2007, de 24 de octubre (SP/SENT/147063), AP Lleida, Sec. 2.ª, 337/2006, de 31 de octubre (SP/SENT/108055), AP Córdoba, Sec. 1.ª, 208/2006, de 16 de mayo (SP/SENT/101517). Pero también las hay en contra, por ejemplo la AP Madrid, Sec. 11.ª, 21/2013, de 10 de enero (SP/SENT/707342).

El Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (121/000133) que actualmente ha sido aprobado por el Senado y que en segunda vuelta vuelve al Congreso para ratificación de las enmiendas introducidas por la Cámara Alta nos proporciona la solución.

La nueva redacción de ambos preceptos excepciona la representación y defensa técnica tan sólo en los verbales por cuantía del art. 250.2 pero no en los verbales por materia del art. 250.1 determinando que no será preciso la intervención en los “juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no supere los 2.000 euros”.

Nuevo servicio de videoconferencias con los centros penitenciarios

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El próximo lunes 21 de septiembre, a las 10 horas, en el Patio de Columnas, se celebrará el acto de inauguración del nuevo servicio de videoconferencias con los centros penitenciarios que el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona pone en marcha conjuntamente con la Dirección General de Servicios Penitenciarios.

Las peticiones del servicio de videoconferencia serán enviadas al centro penitenciario, con la finalidad de que hayan acompañado al interno a un locutorio debidamente habilitado con los medios tecnológicos adecuados y la entrevista se pueda practicar en el día y hora preestablecidos.

Este sistema de comunicaciones nace con la voluntad de facilitar la comunicación entre los abogados/as y sus clientes internos en centros penitenciarios y se estrenará en fase inicial con el Centro de Quatre Camins. Previsiblemente se irá extendiendo a todas las prisiones catalanas.

Los colegiados/as ejercientes del ICAB podrán solicitar una videoconferencia con los centros penitenciarios que dispongan de esta posibilidad de videocomunicacions desde la página web (SOLUCIONES PROFESIONALES> SOLUCIONES ANTE JUZGADOS Y TRIBUNALES Y AAPP) o mediante solicitud directa al Servicio de Atención Colegial.

En ambos casos, la petición deberá formularse con una antelación mínima de cinco días naturales a la fecha en que quieran comunicarse con su cliente.

A través de la web colegial, los abogados/as, una vez introduzcan el login y password, deberán elegir día y hora a la parrilla, en función de los tramos horarios que queden libres. Los espacios de la agenda serán de media hora para cada visita.

Es necesario tener en cuenta que para solicitar una videoconferencia con los centros penitenciarios será necesario que previamente los letrados/as interesados/as obtengan el volante para visitar al interno (+ info: Expedición de volantes para visitar a interno en centro penitenciario).

En caso de que no se disponga del correspondiente volante no se procederá a la tramitación de la solicitud de entrevista.

Las peticiones del servicio de videoconferencia serán enviadas al centro penitenciario, con la finalidad de que hayan acompañado al interno a un locutorio debidamente habilitado con los medios tecnológicos adecuados y la entrevista se pueda practicar en el día y hora preestablecidos.

En caso de que el centro comunique la modificación del horario, el letrado será avisado por el Servicio de Atención al Colegiado, con la finalidad de que confirme su disponibilidad en el nuevo horario ofrecido. En caso de no recibir ninguna comunicación en contra, la conexión se podrá llevar a cabo en el día y hora establecidos.

El día de la fecha prevista para la comunicación, los abogados/as solamente tendrán que desplazarse al ICAB -Servicio de Atención al Colegiado-, donde se procederá a la conexión telemática segura con el centro penitenciario para que puedan mantener la entrevista reservada con su cliente.


FUENTES:

El ICAB pone en marcha el 21 de septiembre un nuevo servicio de videoconferencias con los centros penitenciarios

ICAB pone en marcha un nuevo servicio de videoconferencias con los centros penitenciarios

Entra en vigor el Reglamento sobre las sucesiones internacionales

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El pasado 17 de agosto de 2015 entró en vigor el Reglamento (UE) 650/2012 sobre las sucesiones internacionales y los notarios de Europa acogen con entusiasmo la puesta en práctica de este nuevo instrumento, que simplificará considerablemente las sucesiones dentro de la Unión Europea.

Más de dos millones de españoles viven en el extranjero, el 36% en la UE y de ellos un 22% son mayores de 65 años

“El nuevo reglamento europeo en materia de sucesiones busca garantizar la seguridad jurídica de las 450.000 herencias transfronterizas por valor patrimonial de 125.000 millones de euros que se producen al año”, según manifestó Francisco Fonseca, jefe de la representación en España de la Comisión Europea, en la inauguración del seminario sobre sucesiones internacionales que se celebra hoy en Madrid.

En lo sucesivo, la ley de la residencia habitual del difunto se aplicará atoda la sucesión. No obstante, se dejará al ciudadano la opción de elegir la ley de su nacionalidad para la liquidación de su sucesión. Los notarios de Europa se muestran asimismo satisfechos por la creación de un certificado sucesorio europeo (CSE), que constituirá la prueba de la calidad de heredero en todos los Estados miembros y facilitará considerablemente los trámites que deben realizar los derechohabientes (por ejemplo hijos menores de edad y mayores incapacitados).

En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, los notarios son los principales interlocutores en las cuestiones relacionadas con el Derecho de sucesiones. Por este motivo, a partir de este momento, se movilizan en aras de una aplicación rápida y eficaz del nuevo Reglamento europeo:

  • En la web http://www.successions-europe.eu, ponen a disposición de los ciudadanos las fichas informativas sobre el derecho de sucesiones de los 22 Estados miembros que cuentan con notarios, en 3 lenguas: francés, inglés y la lengua del país en cuestión.
  • Además, los notarios de Europa respaldan activamente la interconexión de los registros nacionales de testamentos emprendida por la ARERT (Asociación de la Red Europea de Registros de Testamentos), que permite que un notario consulte un registro extranjero a través de su registro nacional. Actualmente, están interconectados 15 registros nacionales, facilitando de este modo la búsqueda de las últimas voluntades de los difuntos en Europa.
  • En colaboración con la ARERT, los notarios de Europa trabajan asimismo en la creación de registros nacionales de Certificados Sucesorios Europeos y en su interconexión. Así, los registros belga, francés y luxemburgués estarán interconectados de aquí a finales de año.

Jean Tarrade, presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) ha declarado:

«La entrada en vigor del Reglamento europeo sobre las sucesiones internacionales es una fecha que constituye un hito. El texto va a facilitar la vida de los ciudadanos y de los profesionales encargados de las sucesiones, como los notarios. Hacemos un llamamiento para que las instituciones europeas sigan trabajando en esta vía y lideren la unificación de las reglas de conflictos de leyes a escala europea en otros ámbitos, como los regímenes matrimoniales, las consecuencias patrimoniales de las parejas registradas o la capacidad jurídica de las personas vulnerables».


FUENTE:

Entra en vigor el Reglamento sobre las sucesiones internacionales

Los Notarios de Europa movilizados para aplicar el reglamento sobre sucesiones internacionales

TEXTO DEL REGLAMENTO: REGLAMENTO (UE) No 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo