CLAUSULAS SUELO: la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo es compatible con el Derecho de la Unión

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El Abogado General del TJUE ha propuesto al Tribunal de Justicia que declare que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Así lo ha declarado en sus conclusiones sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante, sobre si la limitación de los efectos de la declaración de nulidad a partir de la fecha en que se dictó lasentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 es compatible con dicha Directiva.

El Abogado General Mengozzi señala que la Directiva 93/13/CE no tiene por objeto la armonización de las sanciones aplicables en caso de que se aprecie el carácter abusivo de una cláusula contractual y, por lo tanto, no exige a los Estados miembros que establezcan la nulidad retroactiva de tal cláusula.

Asimismo, según el Abogado General, la Directiva no determina las condiciones en las que un órgano jurisdiccional nacional puede limitar los efectos de las resoluciones por las que se califica como abusiva una cláusula contractual. Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico interno precisar esas condiciones, siempre desde el respeto de los principios de equivalencia y de efectividad del Derecho de la Unión.

Principio de equivalencia y principio de efectividad

Por lo que se refiere al principio de equivalencia (que exige que una norma procesal nacional se aplique indistintamente a los recursos basados en la vulneración del Derecho de la Unión y a los que se fundamentan en el incumplimiento del Derecho interno y que tengan un objeto y una causa semejantes), el Abogado General subraya que el Tribunal Supremo, en susentencia de 9 de mayo de 2013, no limita los efectos en el tiempo de sus resoluciones únicamente a los litigios relativos al Derecho de la Unión. Al contrario, consta que este órgano jurisdiccional ya ha recurrido a tal posibilidad en controversias puramente internas.

Por lo que respecta al principio de efectividad (que exige que una norma procesal nacional no haga imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión), el Abogado General opina que, dado que constituyen una sanción con efecto disuasorio para los profesionales, la prohibición de utilizar las cláusulas «suelo» a partir del 9 de mayo de 2013 y la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas a partir de esa fecha contribuyen a la realización de los objetivos perseguidos por la Directiva.

Además, el Abogado General reconoce que, en el momento en que se pronuncia acerca de los efectos en el tiempo de su resolución, un órgano jurisdiccional supremo puede ponderar la protección de los consumidores con las repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron las cláusulas «suelo».

En este contexto, el Abogado General considera que, a título de excepción, las mencionadas repercusiones pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional.

En estas circunstancias, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas «suelo», incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La situación en España

En España, muchos particulares han iniciado procesos judiciales contra entidades financieras solicitando que se declarara que las cláusulas «suelo» incluidas en los contratos de préstamo hipotecario celebrados con los consumidores eran abusivas y que, en consecuencia, no vinculaban a los consumidores. Las cláusulas en cuestión prevén que, aunque el tipo de interés se sitúe por debajo de un determinado umbral (o «suelo») fijado en el contrato, el consumidor seguirá pagando unos intereses mínimos que equivalen a ese umbral y sin que le resulte aplicable un tipo inferior al mismo.

Mediante su sentencia de 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo consideró abusivas las cláusulas «suelo», ya que los consumidores no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que les imponían esas cláusulas. No obstante, el Tribunal Supremo decidió limitar los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de esas cláusulas, de modo que sólo produjera efectos de cara al futuro, a partir de la fecha en que se dictó la citada sentencia.

Consumidores afectados por la aplicación de esas cláusulas reclaman las cantidades que sostienen haber pagado indebidamente a las entidades financieras a partir de la fecha de celebración de sus contratos de crédito.

Texto completo

El texto completo de las conclusiones del Abogado General puede consultarse en el sitio web del Tribunal.

Recordemos que estas conclusiones no vinculan al Tribunal de Justicia, pues su función consiste en proponer al mismo, de forma independiente, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Sobre este caso concreto, se espera que el Tribunal dicte sentencia hacia finales de este año.

¿Cómo afecta a los consumidores?

Sobre el alcance que puede tener una eventual declaración del TJUE sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de esta limitación temporal de la declaración de nulidad de una cláusula suelo, remitimos a nuestros lectores a este artículo sobre el tema.


FUENTE: Abogado General TJUE: la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo es compatible con el Derecho de la Unión

Directiva europea sobre ciberseguridad

CyberSecurity

Guerra informática, guerra digital o ciberguerra: malware, gusanos, troyanos, spam o correo basura, phising o suplantación de identidad, son distintas formas de amenazas con las que convivimos en el mundo digital. Según la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, el 88% de las web maliciosas están en Europa y Norteamérica; el 80% de las empresas europeas han sufrido al menos un incidente cibernético en el último año, y los antivirus no son capaces de detectar el 50% de estos ataques.

Europa se ha dotado de una normativa que establece estándares comunes de seguridad cibernética e incrementa la cooperación entre los países de la UE, para hacer más fácil la protección de las empresas, y también para prevenir ataques en infraestructuras interconectadas, señalan los eurodiputados.

“Los fallos de seguridad en las redes a menudo tienen una faceta transfronteriza y, por tanto, afectan a más de un Estado miembro. Una estrategia de protección fragmentada nos hace vulnerables y representa un riesgo grave para Europa en su conjunto. Esta directiva fijará niveles comunes de seguridad e impulsará la cooperación entre países, lo que ayudará a evitar acciones contra infraestructuras interconectadas”, explicó el ponente parlamentario del texto, Andreas Schwab (PPE, Alemania).

Los países deberán designar “empresas esenciales”

La nueva normativa establece obligaciones para los “operadores de servicios esenciales” en sectores como el energético, del transporte, servicios sanitarios, banca y suministro de agua. Las autoridades nacionales deberán identificar a las compañías clave, usando criterios específicos, por ejemplo, si el servicio es clave para la sociedad y la economía y si un incidente podría generar perturbaciones en la distribución de ese servicio.

Algunos proveedores de servicios digitales –comercio en línea, motores de búsqueda y servicios en la nube- también tendrán que adoptar medidas para garantizar la seguridad de su infraestructura y deberán informar en caso de incidentes destacados a las autoridades. Las exigencias de seguridad y notificación son, no obstante, menos estrictas para estos operadores. Las micro empresas y las compañías pequeñas estarán exentas.

Mecanismos de cooperación paneuropea

La directiva prevé el establecimiento de un “grupo de cooperación” para intercambiar información y asistir a los países miembros en el desarrollo de sus herramientas de ciberseguridad. Cada Estado miembro tendrá que adoptar una estrategia en la materia.

Los países también tendrán que crear una red de equipos de respuesta ante incidentes de seguridad informática para gestionar riesgos y fallos, discutir cuestiones de seguridad transfronteriza y desarrollar respuestas coordinadas. La Agencia europea de seguridad en las redes (ENISA) desempeñará un papel clave en la aplicación de las nuevas normas, particularmente en el tema de la cooperación. El respeto a la protección de datos es fundamental, según se reitera en el texto.

Próximos pasos

Tras recibir el visto bueno del pleno, la directiva se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor veinte días después. Los Estados miembros tendrán 21 meses para trasladarla a la legislación nacional y seis meses más para identificar a los operadores de servicios esenciales.


FUENTE: Aprobada la primera directiva europea sobre ciberseguridad

Repercusión al comprador la cuota del IBI

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La Sala Civil del Tribunal Supremo ha fijado este martes como doctrina jurisdiprudencial que, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en caso de ausencia de pacto en contrario, y en proporción al tiempo que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad del domicilio.

El TS ha establecido como doctrina jurisprudencial que “el art. 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea”.

Así lo ha establecido la Sala de lo Civil del TS en su sentencia 409/2016, de 15 de junio (ponente señor Arroyo Fiestas) resolviendo un litigio en el que se plantea por el recurrente  la posibilidad de repercutir la carga tributaria por el IBI, sin necesidad de acuerdo expreso entre las partes, de forma que el impuesto lo soporte quien sea dueño del bien en cada momento y por el tiempo que lo sea, salvo pacto en contrario.

Diferencias de criterio entre las Audiencias Provinciales

La sentencia da la razón a dos sociedades que en marzo de 2009 vendieron a otra compañía 155 plazas de garaje en Madrid, y posteriormente, tras haber pagado el IBI correspondiente a esa anualidad, reclamaron a la compradora que les reintegrase la parte de la cuota tributaria comprendida entre el día de la venta y el 31 de diciembre de ese año.

Los vendedores, a quien en primera instancia un Juzgado de Madrid les había dado la razón, acudieron al Supremo después de que la Audiencia de Madrid se pronunciara a favor de los compradores y rechazara que debieran pagar cantidad alguna a los vendedores por el IBI del año 2009.

Los recurrentes destacaron en su recurso ante el Supremo la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la materia, presentando sentencias que daban la razón al vendedor y otras, al comprador: así, en el mismo sentido que la recurrida, las sentencias de las AAPP Asturias (sección 5.ª) de 12 de septiembre de 2001 y Valladolid (sección 1.ª) de 10 de y noviembre de 2006 y, en sentido contrario, las sentencias de las AAPP Jaén (sección 1.ª) de 22 de septiembre de 2000 y 9 de junio de 2000, Las Palmas de 23 de diciembre de 2003 y Madrid (sección 14.ª), de 6 de noviembre de 2007.

Reparto del importe del impuesto conforme las normas del Derecho común

La Sala comienza recordando que de los arts. 61, 63 y 75 del TR LHL, se deduce que el hecho imponible del IBI, en este caso, es la propiedad (art. 61 LHL), el sujeto pasivo es el propietario que lo sea al momento del devengo (art. 63) y el devengo coincide con el primer día del año natural (art. 75).

Y continúa señalando que “El tenor del art. 63.2 LHL advierte de la posibilidad de repercusión, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del C. Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del C. Civil).”

Sin perjuicio de ello, “las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión.”

Por ello, concluye la Sala, la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea.


FUENTES:

El vendedor de un inmueble puede repercutir al comprador la cuota del IBI, proporcionalmente a la parte del año en que este sea propietario del mismo

El TS fija como doctrina que parte del IBI repercuta sobre el comprador de la vivienda

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA: Roj: STS 2886/2016

El Supremo se pronuncia sobre los efectos de la incomparecencia del procurador en el acto de la vista

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La inasistencia del procurador al acto del juicio, cuando le consta el señalamiento y no alega causa justificada para ello, podrá comportar incumplimiento de deberes profesionales de carácter estatutario y de las obligaciones propias de la relación de apoderamiento, pero no puede privar al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando el mismo está presente y asistido técnicamente por abogado.

Así lo ha establecido el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en una sentencia de fecha 15 de junio de 2016 (sentencia número 402/2016, ponente señor Salas Carceller),resolviendo un caso en el que la inasistencia injustificada del procurador de los demandantes al acto del juicio, al que sí compareció su abogado, determinó la celebración del juicio sin tener por comparecidos a dicho actores.

Incomparecencia injustificada del procurador de los actores

En el caso enjuiciado, ante la incomparecencia de la procuradora de la parte actora (no así de esta y de su abogado, que sí se encontraban presentes), la juez de primera instancia tuvo por incomparecida a la actora, practicándose únicamente la prueba documental propuesta por la parte demandada y no la que había sido admitida a los demandantes, a los cuales no dejó intervenir.  A continuación se dictó sentencia por el Juzgado por la que desestimó la demanda sin imposición de costas.

Interpuesto por los demandantes recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, fue desestimado por la Audiencia Provincial de Alicante que consideró, en primer lugar, que no se había tenido  “por incomparecida a la parte actora de manera automática sino que se concedió un tiempo a la parte para intentar la comunicación con la Procuradora para conocer y justificar la razón de la incomparecencia. Transcurrido el tiempo concedido, al no dar justificación alguna sobre la incomparecencia de la Procuradora, se procedió a la celebración del juicio sin tener por comparecida a la parte actora”.

Además, no aprecia la concurrencia de fuerza  fuerza mayor (artículo 183.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) prevista como causa de suspensión y de nuevo señalamiento del juicio la supuesta enfermedad alegada por la Procuradora mediante escrito presentado al día siguiente pues el parte médico que acompaña está expedido a las 22,19 horas del día 26 de julio cuando el juicio estaba previsto ese mismo día a las 9,00 horas en el que se indica que padece “desde hace 24 hs inicia dolor abdominal intenso tipo cólico”. No se acredita suficientemente la existencia de causa de fuerza mayor pues no estaba impedida la Procuradora para comunicar al Juzgado al momento de la celebración del juicio su imposibilidad para asistir al mismo o, al menos, haber informado con anterioridad al Letrado de las razones de su incomparecencia.”

Por ello, la AP concluye que “si se tuvo por incomparecida a la parte actora en el acto del juicio no procedía la práctica de las pruebas personales propuestas por aquélla (interrogatorio del legal  representante de la demandada y de una testigo) porque no podía formular preguntas el Letrado de la parte actora y porque la parte demandada no tenía interés en su práctica al haberlas considerado inútiles ya en el acto de la audiencia previa donde recurrió en reposición su admisión.”

Necesidad de valorar la proporción de la medida

El TS estima el recurso de casación por infracción procesal, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes.

En concreto, el FD segundo comienza destacando que la “norma del artículo 432 LEC –que se considera infringida- es clara al requerir la presencia de procurador y letrado para que la comparecencia de la parte en el juicio pueda entenderse correctamente efectuada.”

No obstante, añade que ante una situación como la que se dio en el caso en que, sin conocimiento de la causa motivadora por la parte ni por su abogado, no comparece la procuradora y no es posible su localización, “es preciso determinar si resulta proporcionada, y acorde con los derechos constitucionales de tutela judicial y defensa en juicio, la consecuencia de tener por no presente a la parte y privarle de cualquier intervención, incluida la práctica de la prueba que se le había admitido y que podía llevarse a cabo en ese momento sin detrimento alguno de derechos para la contraria.”

Deberes profesionales del procurador y posibilidad de defensa en juicio

Y es que, razona la Sala, dicha inasistencia del procurador al acto del juicio, “cuando le consta el señalamiento y no alega causa justificada para ello, podrá comportar incumplimiento de deberes profesionales de carácter estatutario y de las obligaciones propias de la relación de apoderamiento, con las consecuencias a que haya lugar –incluso el artículo 553-3º LOPJ prevé la incomparecencia como generadora de posible responsabilidad disciplinaria exigible por el tribunal- pero no ha de suponer la privación al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando el mismo está presente y asistido técnicamente por abogado.”

A la misma conclusión la lectura del art. 188 LEC, regulador de la suspensión de vistas, cuyas previsiones respecto de la «muerte, enfermedad, imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte», no está previsto que provoquen la suspensión de la vista cuando afectan al procurador y no al abogado.

“Si el tribunal considera imprescindible en el caso dicha presencia siempre puede instar a la parte a que se lleve a cabo la sustitución por otro procurador en los amplios términos que permite el artículo 29 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, incluso sin necesidad de apoderamiento previo, como también prevé el artículo 543.4 LOPJ”

Reposición de actuaciones al momento de celebración del juicio

Por tanto, concluye la Sala, ante la incomparecencia de la procuradora de los actores, “cabía a la juzgadora de primera instancia adoptar distintas soluciones [sin embargo] optó finalmente por la más perjudicial para los derechos de la parte demandante, que quedó indefensa al no poder practicar la prueba que le había sido admitida, ya que se le tuvo por no comparecida.”

En consecuencia, el TS ordena la anulación de la resolución recurrida así como de la sentencia de primera instancia, reponiendo las actuaciones al momento previo a la celebración del juicio en primera instancia a efectos de que se haga un nuevo señalamiento para su celebración con respeto a los derechos constitucionales y procesales de las partes.


FUENTE: La inasistencia del procurador al acto del juicio no determina necesariamente que se dé por no comparecido a su representado

SENTENCIA COMPLETA: STS 402/2016 de 15 de junio de 2016

Eliminada la necesidad de compulsa de los documentos oficiales de uso común por los ciudadanos entre los Estados de la UE

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El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el Reglamento, propuesto por la Comisión, dirigido a reducir los costes y los trámites para los ciudadanos que necesiten presentar un documento público en otro país de la UE.

En la actualidad, los ciudadanos que se trasladen o residan en otro país de la UE deben conseguir una estampilla para demostrar que sus documentos públicos (por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio o defunción) son auténticos. Con arreglo al nuevo Reglamento, esa estampilla y los procedimientos burocráticos relacionados con ella ya no serán necesarios al presentar documentos públicos expedidos en un país de la UE a las autoridades de otro país de la Unión.

Trámites que se eliminan

En concreto, este nuevo Reglamento pondrá fin a una serie de procedimientos burocráticos:

1. Los documentos públicos (por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio o antecedentes penales) emitidos en un país de la Unión han de ser aceptados como auténticos en otro Estado miembro sin necesidad de llevar una estampilla de autenticación (la conocida apostilla).

2. El Reglamento suprime también la obligación de los ciudadanos de facilitar siempre una copia compulsada o una traducción jurada de los documentos públicos. Los ciudadanos también podrán usar un formulario multilingüe, disponible en todas las lenguas de la UE, para su presentación como ayuda a la traducción adjunta a los documentos públicos, a fin de evitar los requisitos de traducción.

3. El Reglamento establece salvaguardias contra el fraude: si la autoridad receptora tiene dudas fundadas sobre la autenticidad de un documento público, podrá comprobar esa autenticidad ante la autoridad de expedición en el otro país a través de la actual plataforma informática, el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI).

El Reglamento solo trata de la autenticidad de los documentos públicos, de manera que los Estados miembros seguirán aplicando sus normas nacionales relativas al reconocimiento del contenido y los efectos de un documento público expedido en otro país de la Unión.

Ámbito de aplicación

El Reglamento afecta a los siguientes tipos de documentos públicos:

1. Nacimiento

2. El hecho de que una persona está viva

3. Defunción

4. Nombre

5. Matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil)

6. Divorcio, separación legal o anulación del matrimonio

7. Unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho registrada y la condición de miembro de una unión de hecho registrada)

8. Cancelación del registro de una unión de hecho, separación judicial o anulación de una unión de hecho registrada

9. Filiación

10. Adopción

11. Domicilio o residencia

12. Nacionalidad

13. Ausencia de antecedentes penales

14. El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo.

Nuevos modelos estándar multilingües europeos

Además, el Reglamento establece impresos estándar multilingües como ayuda a la traducción de los documentos públicos relativos a lo siguiente:

– nacimiento

– el hecho de que una persona está viva

– defunción

– matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil)

– unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho registrada y la condición de miembro de una unión de hecho registrada)

– domicilio o residencia

– ausencia de antecedentes penales

Publicación y entrada en vigor

El Reglamento sobre documentos públicos estará disponible en los próximos días, tras su firma por los colegisladores.

A continuación los Estados miembros disponen de dos años y medio a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento para adoptar todas las medidas necesarias al efecto de permitir la correcta aplicación del Reglamento al final de ese período.


FUENTE: La UE elimina la necesidad de autenticación o compulsa de los documentos oficiales de uso común por los ciudadanos entre los Estados miembros

Nueva STS que define las “cláusulas lesivas” inválidas en un contrato de seguro

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 22 de abril de 2016 (sentencia número 273/2016, ponente señor Vela Torres), en la que define el concepto de “cláusula lesiva” para los intereses del asegurado, contenida en el artículo 3 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro.

Según la Sala, se considera como tal cláusula lesiva aquella que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. En definitiva, aquellas cláusulas que impiden la eficacia de la póliza.

Cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas en el contrato de seguro

En su sentencia, la Sala comienza recordando la diferencia teórica entre las cláusulas de delimitación de cobertura y las cláusulas limitativas: las cláusulas de delimitación concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro; las cláusulas limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido.

Sin embargo, en la práctica las fronteras entre ambas no son claras, e incluso hay supuestos en que las cláusulas que delimitan el riesgo se asimilan a las limitativas de los derechos del asegurado.

Por ello, la jurisprudencia ha establecido que son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan: (i) qué riesgos constituyen dicho objeto; (ii) en qué cuantía; (iii) durante qué plazo; y (iv) en que ámbito temporal (SSTS 853/2006, de 11 de septiembre, 1051/2007, de 17 de octubre  y 598/2011, de 20 de julio).  Su objetivo es individualizar el riesgo y establecer su base objetiva, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no delimiten el riesgo en forma contradictoria con las condiciones particulares del contrato o de manera infrecuente o inusual (cláusulas sorprendentes).

Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Deben cumplir los requisitos formales previstos en el art. 3 LCS , de manera que deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto (SSTS 268/2011, de 20 de abril y 516/2009, de 15 de julio).

En cuanto a su eficacia, la jurisprudencia ha resaltado la diferenciación que hace el art. 3 LCS entre cláusulas lesivas y limitativas, en tanto que éstas últimas son válidas, aun cuando no sean favorables para el asegurado, cuando éste presta su consentimiento, y de modo especial, al hacer una declaración de su conocimiento; mientras que, las cláusulas lesivas son inválidas siempre.

Es decir, el concepto de condición lesiva es más estricto que el de cláusula limitativa, ya que hay cláusulas limitativas válidas, pero las lesivas son siempre inválidas (STS 303/2003, de 20 de marzo ).

Contenido natural del contrato y expectativas razonables del asegurado

La jurisprudencia ha determinado, de forma práctica, el concepto de cláusula limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, derivado, entre otros elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter definidor, de las cláusulas particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora.

En consecuencia, estas cláusulas pueden ser válidas, pero para ello se requiere que el asegurado haya conocido las restricciones que introducen -es decir, que no le sorprendan- y que sean razonables, que no vacíen el contrato de contenido y que no frustren su fin económico y, por tanto, que no le priven de su causa.

Como dicen las sentencias 516/2009, de 15 de julio, y 601/2010, de 1 de octubre, el carácter limitativo de una cláusula puede resultar del hecho de que se establezca una reglamentación del contrato que se oponga, con carácter negativo para el asegurado, a la que puede considerarse usual o derivada de las cláusulas introductorias o particulares. El principio de transparencia, que constituye el fundamento del régimen especial de las cláusulas limitativas, opera, en efecto, con especial intensidad respecto de las cláusulas que afectan a la reglamentación del contrato.

Las cláusulas limitativas en el seguro de transporte

En el caso concreto del seguro de transporte, es precisamente cuando hay contradicción entre las cláusulas que definen el riesgo y las que lo acotan, cuando puede producirse una exclusión sorprendente, en cuanto que ajena al aseguramiento de una mercancía con ocasión de su transporte, entendido como un todo, es decir, no solo como un traslado, sino como una operación compleja que incluye la carga de la mercancía en el medio de transporte (en este caso, el camión), el traslado de un lugar a otro y la descarga para la entrega al destinatario.

Por ello el TS estima correcto el punto de vista adoptado por la Audiencia en este caso, que considera que la exclusión de cobertura relativa a los daños producidos en las labores de carga y descarga, en tanto que operaciones imprescindibles para la ejecución del contrato de transporte, resulta sorprendente para el asegurado, que había contratado un seguro de transporte sobre las mercancías transportadas.

La Sala recuerda que el art. 58 LCS dispone:

«Salvo pacto expreso en contrario, se entenderá que la cobertura del seguro comienza desde que se entregan las mercancías al porteador para su transporte en el punto de partida del viaje asegurado, y terminará cuando se entreguen al destinatario en el punto de destino, siempre que la entrega se realice dentro del plazo previsto en la póliza».

A la luz de dicho precepto, resulta claro que la previsión natural del precepto respecto al momento en que comienza y termina la cobertura puede recortarse convencionalmente (“salvo pacto expreso en contrario), pero dicho recorte se configura como una cláusula limitativa de los derechos del asegurado; sometida, por tanto, a su peculiar régimen de validez, previsto en el art. 3 LCS .

En consecuencia, el TS considera que la Audiencia Provincial interpretara que la exclusión de la cobertura del seguro de transporte de los daños producidos a la mercancía transportada en la descarga no era algo que pudiera esperarse o considerarse usual o normalmente derivado de aquellas cláusulas particulares o especiales, verdaderamente conocidas por la asegurada, no contraviene ninguno de los preceptos invocados en el motivo casacional. Y menos, cuando en ellas quedaba suficientemente claro el objeto del seguro, las garantías, y el compromiso asumido por la compañía en el plano indemnizatorio para caso de ocurrir el evento cuyo riesgo era objeto de cobertura.

Es más, señala el TS, la cláusula litigiosa, no se refiere propiamente a la caída de la mercancía, sino a parte de ella (bultos) e introduce una previsión «de cierre», al decir que se excluyen «cualesquiera otros [riesgos] análogos o similares», de tal indeterminación, que en la práctica vacía de contenido el aseguramiento. Por lo que casi nos encontraríamos más ante una cláusula lesiva que ante una meramente limitativa, si entendemos por lesiva aquella que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. En definitiva, impide la eficacia de la póliza.


FUENTE: TS: se considera “cláusula lesiva” para el asegurado aquella que reduce considerable y desproporcionadamente su derecho, vaciándolo de contenido

Ganar las costas procesales tributa por IRPF

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Ganar una sentencia en los juzgados sale caro a la hora de hacer la declaración de la Renta de 2015. Según advierten los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el nuevo criterio adoptado hace poco más de un mes por la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) respecto a las sentencias judiciales conlleva mayores cargas fiscales para los contribuyentes a los que la Justicia haya dado la razón.

En concreto, la determinación tomada por la AEAT no solo afecta a los preferentistas, como ya informó Gestha, sino que cualquier ciudadano al que una sentencia judicial reconozca el abono de las costas, tanto por ganar el pleito como por temeridad procesal de la parte contraria, tendrá que incluir el importe de las costas en la base liquidable general del IRPF, aumentando la progresividad de los sueldos, pensiones, resultados de los autónomos o alquileres declarados.

Qué dice la DGT

Las numerosas consultas sobre sobre las implicaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la declaración de nulidad de la compra de participaciones preferentes, han dado lugar a diversas resoluciones vinculantes de la DGT que establecen el criterio a seguir.

En primer lugar, la declaración de nulidad de la obligación del pago de los intereses afecta a la declaración de los mismos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que puede motivar una solicitud de rectificación de autoliquidación a efectos de obtener, en su caso, la devolución de ingresos indebidos por el impuesto satisfecho correspondiente a los intereses anulados.

Para ello, debe tenerse en cuenta que el Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo (BOE de 15 de mayo), ha añadido en su artículo 15, con efectos desde 1 de enero de 2013, una nueva disposición adicional cuadragésima cuarta a la Ley 35/2006 y en el apartado 4 establece:

“4. Los titulares de deuda subordinada o participaciones preferentes cuyos contratos hubiesen sido declarados nulos mediante sentencia judicial, que hubiesen consignado los rendimientos de las mismas en su autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán solicitar la rectificación de dichas autoliquidaciones y solicitar y, en su caso, obtener la devolución de ingresos indebidos, aunque hubiese prescrito el derecho a solicitar la devolución.

Cuando hubiese prescrito el derecho a solicitar la devolución, la rectificación de la autoliquidación a que se refiere el párrafo anterior solo afectará a los rendimientos de la deuda subordinada y de las participaciones preferentes, y a las retenciones que se hubieran podido practicar por tales rendimientos“.

Con respecto a los intereses indemnizatorios y el abono de las costas procesales reconocidas por sentencia judicial, los ciudadanos deben saber que: los intereses indemnizatorios tributan como ganancia patrimonial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006. Además, una vez restituido lo invertido en preferentes, la ganancia patrimonial incluirá la devolución de las costas procesales.

Así, por ejemplo, en la reciente resolución del órgano administrativo en la consulta vinculante V0675-16, de 18 de febrero, la consulta planteada por un preferentista al que se le reconoció por sentencia judicial la nulidad de la compraventa de dichas acciones, se aclara:

los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario.

En consecuencia, los intereses legales objeto de consulta han de tributar como ganancia patrimonial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006:

Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.

En cuanto a en cuanto al  pago de las costas procesales, señala:

la incidencia tributaria para este último viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto“.

Se imputarán al período impositivo en que la sentencia adquiera firmeza

La DGT (consulta vinculante V0675-16, de 18 de febrero) ha establecido al respecto que, la alteración patrimonial correspondiente a los intereses legales se entenderá producida con la propia sentencia que establezca su pago, pues su cuantificación ya queda limitada a la fecha de la sentencia. Lo que a su vez conlleva su imputación temporal al período impositivo de adquisición de firmeza de la sentencia, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de la Ley 35/2006.  Por tanto, satisfechos, se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza

Los gastos de abogado no son deducibles

Además, estos contribuyentes tampoco podrán deducirse los gastos de abogado y procurador realmente asumidos durante el proceso. Para la AEAT, estos gastos jurídicos son “gastos debidos al consumo”, un argumento que olvida que las costas judiciales tienen un carácter restitutorio de los gastos objetivamente necesarios para la defensa en los tribunales.

En opinión de los Técnicos de Hacienda, una cosa es tributar porque el exceso de las costas superen a los gastos jurídicos realmente incurridos y otra muy diferente es tributar por el 100% de las costas sin posibilidad de deducir lo pagado a abogados y procuradores. Además, en muchos casos, los abogados son los que cobran directamente las costas de la parte contraria, por lo que los clientes que han ganado el pleito desconocen el importe de las costas abonadas, lo que hace muy difícil que puedan declararlas en su IRPF.

Sanciones

No declarar el importe de las costas supone que la AEAT podrá reclamar las cuotas “defraudadas”, los intereses de demora e imponer una sanción mínima del 50% sobre la cuota descubierta, que en el caso de que se esté conforme y se pague en plazo quedaría en una sanción del 26,25%. Por ello, Gestha reclama a la Dirección General de Tributos que reconsidere el criterio y permita a estas personas que puedan deducir los importes de los honorarios de sus abogados y procuradores y de aquellos gastos que hayan sido necesarios para su defensa en el juicio.

Un millón y medio de afectados

Esto supone un varapalo para muchos ciudadanos, pues los juzgados españoles dictan alrededor de un millón y medio de sentencias al año, sobre todo en procesos civiles, penales y laborales, además de 150.000 sentencias más que resuelven recursos contra las administraciones públicas, en las que desde 2011 se declaran las costas en primera instancia.

En este sentido, cabe aclarar quién debe hacer frente a las costas judiciales según el tipo de proceso. Por ejemplo, en los procesos civiles la regla general es que sufraga las costas a quien se le desestiman todas sus pretensiones, con la salvedad de que en algunos asuntos de los juzgados de familia debe añadirse que quien ha perdido el juicio ha actuado con mala fe o temeridad.

En los procesos penales, las sentencias incluyen un pronunciamiento expreso sobre las costas, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este importe incluiría los honorarios de abogados, procuradores y peritos, indemnizaciones a testigos y demás gastos asumidos durante el proceso. Por su parte, en las causas laborales no existe una condena de costas como regla general, pero si el condenado es el empresario debe abonar las costas de la parte contraria hasta un límite de 600 euros. Por último, en los procesos contencioso-administrativos la ley aplica de forma automática el criterio de vencimiento.


 Fuente: Hacienda recuerda que ganar las costas procesales tributa por IRPF

El TS limita a 25 folios la extensión de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera

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La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado unas normas que establecen la extensión máxima, el formato y la estructura, de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de dicho Tribunal, así como de los escritos de oposición a dichos recursos.

Estas normas, que serán aplicables a partir del próximo 22 de julio, limitan a “50.000 caracteres con espacio” -el equivalente a 25 folios- la extensión de estos  escritos.

Justificación de la medida

Estas normas, aprobadas por unanimidad el pasado 20 de abril, se justifican con motivo de “la notable ampliación de las resoluciones judiciales que tendrán acceso al recurso de casación, en los términos señalados en el art. 86 de la LJCA” tras la reforma introducida en la misma por la LO 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ, y en el “previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo”, que exigirán “un notable esfuerzo por su parte y la imprescindible colaboración de los profesionales que acudan a este tribunal”.

Por ello, tras dicha reforma, el art. 87 LJCA, faculta al alto tribunal determinar “la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación”.

Extensión, formato y estructura de los escritos

Extensión

Como hemos indicado, los escritos de interposición y contestación deberán tener una extensión máximo de 50.000 caracteres con espacio, equivalente a 25 folios, a una sola cara.

Esta extensión incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que pudieran incorporarse.

El abogado que firme el escrito “u otra persona que este designe”, deberá certificar al final del mismo el número de caracteres que contiene.

Formato

Se deberá utilizar como fuente “Times New Roman” con un tamaño de 12 puntos en el texto  y de 10 puntos en las notas de pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen.

El formato del folio, tanto electrónico como en papel, será A4 sin rayas, con interlineado de texto de 1,5. Los márgenes horizontales y verticales serán de 2,5 cm. Todos los folios deberán ir numerados en su esquina superior derecha, en formato creciente y comenzando en el número 1.

Igualmente, todos los documentos que se aporten con el escrito deberán estar suficientemente identificados y numerados como Documento o Anexo (Documento 1, Documento 2… )

Estructura

1. Carátula

Deberá contener al menos los siguientes datos:

  • Identificación de la Sala y sección destinataria del escrito
  • Nombre del recurrente o recurrentes, ordenados alfabéticamente, con su número de DNI, pasaporte, NIE o NIF. En el caso de tratarse de una administración pública, bastará con la identificación de la misma
  • Nombre y número de colegiado del procurador
  • Nombre y número de colegiado del Letrado o Letrados
  • Identificación de la sentencia o resolución recurrida
  • Identificación del tipo de escrito que se presenta (de interposición, de oposición …)

2. Contenido

Los escritos de interposición se estructurarán en apartados separados y debidamente numerados, que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que traten, conforme al art. 92.3 de la LJCA.

Criterios orientadores sobre escritos de preparación y oposición a la admisión

Aunque la Ley únicamente menciona los escritos de interposición y oposición al recurso de casación, el acuerdo incluye también, “a modo de recomendación”, otras  pautas referidas a otros escritos que pueden presentarse, como es el de preparación que los abogados deben anunciar ante el tribunal que impuso la sentencia que quieren impugnar. Estos no deberán sobrepasar los 15 folios.

Novedad en el ordenamiento

El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo señala que el establecimiento de estas instrucciones constituye una novedad en nuestro ordenamiento, si bien no es desconocida en otros tribunales de nuestro entorno como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Todos estos tribunales disponen de normas que regulan de forma muy detallada la extensión máxima, el formativo y estructura de los escritos que se presentan ante los mismos, con la finalidad, por una parte, de facilitar la lectura, análisis y decisión sobre los asuntos planteados y, por otra, de establecer una estructura y formato uniformes con vistas a su presentación telemática y posterior tratamiento digital.

Según Europa Press, fuentes del alto tribunal han explicado este jueves que el contenido del acuerdo se adoptó tras celebrarse diversas reuniones con representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuya presidenta, Victoria Ortega, mostró su conformidad con el contenido.

Discrepancias en la adopción del acuerdo

Señala también Europa Press que, al parecer, durante el debate de este asunto, algunos magistrados como Margarita Robles presentaron algunos “peros” al acuerdo, tras recordar que la reforma legal señala al Supremo la posibilidad de imponer estas normas, pero en ningún caso la impone como obligación. Robles las considera prematuras sin antes comprobar el desarrollo del nuevo marco de la casación.

Tampoco considera esta magistrada que la nueva regulación de la casación vaya a exigir un notable esfuerzo por parte del Supremo, y que en todo caso la reforma no debe comportar una posible restricción de las alegaciones de los abogados. Se pregunta también cuál serán las consecuencias del incumplimiento de estas normas.

Para la magistrada, que puso sus discrepancias por escrito, si a consecuencia de la nueva norma  el legislador ha querido que se incremente el trabajo de los magistrados del supremo “deberemos estar a la altura de las circunstancias, sin imponer limitaciones que ni aun desde una apariencia meramente objetiva, puedan considerarse limitaciones al derecho de defensa”.


FUENTES: El TS limita a 25 folios la extensión de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera

Hacienda embargará telemáticamente depósitos a plazo fijo

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El 22 de marzo se publicaba en el BOE la Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar a través de internet el embargo de dinero en cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo en entidades de crédito.

A partir del día 1 de octubre de 2016, mediante el procedimiento que se establece en dicha Resolución, se llevarán a cabo los embargos de dinero que haya sido objeto de una imposición a plazo fijo en las Entidades de crédito adheridas.

Actualmente, para retener dinero ubicado en una cuenta a plazo fijo, un agente tributario debe personarse en la entidad financiera y dar en mano la diligencia de embargo para que la entidad financiera bloquee la cuenta.

Con la nueva resolución, este trámite se agilizará y se realizará de forma telemática. Es decir, la entidad financiera recibirá a través de internet las órdenes de embargo que afecten a sus clientes. Para Hacienda, el nuevo proceso ahorrará tiempo porque ya no será necesario la personación de agentes tributarios en las sucursales y también se evitará perturbar el funcionamiento habitual de las oficinas bancarias.

En el caso de fondos de inversión o acciones, las diligencias de embargo seguirán entregándose por un agente tributario en las oficinas bancarias. Estos productos ofrecen una mayor complejidad para digitalizar el proceso.

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Reglamento General de Recaudación

El  art. 79.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, al regular el procedimiento de embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de crédito, dispone que la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo en la Entidad depositaria, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrán ser convenidos, con carácter general, entre la Administración actuante y la Entidad de crédito afectada.

Medios telemáticos de recaudación AEAT

Al amparo de este precepto reglamentario, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha venido incorporando, desde hace más de una década, medios telemáticos en el procedimiento de embargo de cuentas en Entidades de crédito, lo que ha permitido evitar, por una parte, la ralentización que origina el sistema de personación de los Agentes tributarios en las sucursales de las Entidades de crédito donde se encuentran abiertas las cuentas objeto del embargo y, por otro lado, no perturbar el normal funcionamiento de sus oficinas por estas actuaciones de embargo.

Qué se consideran Cuentas e imposiciones a plazo fijo

Se consideran como cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo a estos efectos aquellos depósitos de dinero realizados por personas físicas o jurídicas en una Entidad de crédito, quedando los mismos indisponibles hasta una fecha de vencimiento previamente pactada, salvo que se hiciere uso de la facultad de cancelación anticipada (si se hubiera otorgado al depositario en el contrato) y percibiendo por ello el cliente intereses a su favor.

Quedan fuera las cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo cuya moneda no sea el euro.

Procedimiento: diligencias de embargo

Mediante intercambio telemático de datos, y a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es ) se pondrán a disposición de las Entidades de crédito las diligencias de embargo.

Para todos aquellos aspectos procedimentales no recogidos expresamente la Resolución, será de aplicación lo previsto en la Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en Entidades de crédito.

Todo esto se aplicará a las diligencias de embargo de cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo que genere la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir del día 1 de octubre de 2016.


FUENTE:

Hacienda embargará depósitos a plazo fijo por Internet a partir del 1 de octubre

Hacienda agilizará el embargo online de depósitos bancarios

El TS declara gananciales las deudas inventariadas en concurso de acreedores de uno de los cónyuges sin necesidad de que se hayan contraído con el consentimiento o conformidad del otro cónyuge

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El Tribunal Supremo declara gananciales las deudas inventariadas en concurso de acreedores de uno de los cónyuges.

El juzgado de lo mercantil no hallaba prueba directa de que tales deudas hubieran sido generadas para el sostenimiento de las cargas del matrimonio, como sostenía el cónyuge concursado.

Sin embargo, la AP Alicante, aunque reconoce que no existe prueba directa, concluye que los créditos se contraían para el sostenimiento de la familiar en base a tres indicios; una cuenta común para los ingresos, la mala situación económica familiar coincidente con cada uno de los créditos al tiempo de contraerse y las pequeñas cuantías de los mismos, propias del consumo familiar.

A juicio de la Sala, probado que el dinero adeudado fue destinado a una cuenta de disposición común de ambos esposos para la satisfacción de los gastos familiares, resulta irrelevante si el endeudamiento se hizo con el consentimiento o la autorización del cónyuge ahora recurrente, lo relevante es el destino de las cantidades percibidas con aquellas operaciones de crédito, que el tribunal de apelación entiende acreditado fueron a parar a satisfacer gastos familiares. Sin que, en contra de lo pretendido por el recurrente, quepa en el recurso de casación revisar esta valoración probatoria.

Texto íntegro de la Sentencia: TRIBUNAL SUPREMO, Sala 1ª, Sentencia 01/02/2016, rec. 25/2014, Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio (Roj: STS 318/2016 – ECLI:ES:TS:2016:318)


FUENTE: Ganancialidad de las deudas del cónyuge en concurso de acreedores tras probar indiciariamente el destino familiar del importe de los créditos